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29 de Octubre, 2011    General

Derecho Penal I‎

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Derecho Penal I‎ - ‎ Nociones Preliminares

El control social.

Control social: a través de un control explícito y otro implícito el estado controla la conducta de sus integrantes, hace que no haya conductas que afecten los bienes jurídicos esenciales.

Formas de control social implícitas: sin estar escritas nos hacen comportar de determinada manera ejemplo: manera de vestir, música, etc.

Formas de control social explícitas: Algunas están institucionalizadas como ser: policía, poder judicial, servicio penitenciario, poder legislativo.

Características del sistema penal argentino.

Sistema penal: Llamamos sistema penal al control social punitivo institucionalizado que en la practica abarca desde que se detecta o supone que se detecta una sospecha de delito hasta que se impone y ejecuta una pena, presuponiendo una actividad normativizadora que genera la ley que institucionaliza el procedimiento, la actuación de los funcionarios y señala los pasos y condiciones para actuar.

Partes que lo integran:

Existen tres segmentos básicos en los actuales sistemas penales, uno es el Policial, el Judicial y el Ejecutivo (Penitenciario). Son grupos humanos que convergen en la actividad institucionalizada del sistema, que no actúa estrictamente por etapas sino que tienen un predominio determinado en cada una de las etapas cronológicas del sistema, pero que pueden seguir actuando o interfiriendo en las restantes.

Sin perjuicio de que obviamente no podemos excluir a los legisladores ni al publico. Los primeros son los que dan las pautas de configuración y el público ejerce un poder importantísimo, pues con la denuncia tiene en sus manos la facultad de impulsar el sistema. Con relación a estos últimos no debemos dejar de tener en cuenta a los medios de comunicación, que juegan un papel importante en la difusión que realizan de los delitos.

Derecho penal objetivo:

Conjunto de normas legales que asocian, vinculan al delito como hecho, y la pena como la lógica consecuencia. El derecho penal objetivo es el régimen jurídico mediante el cual el estado sistematiza, limita y precisa su facultad punitiva, cumple de ese modo la función de garantía que junto con la tutela de bienes jurídicos constituyen el bien del derecho penal.

Derecho penal subjetivo:

Es la facultad que el estado tiene de definir los delitos y fijar y ejecutar las penas o medidas de seguridad, es el llamado “Ius puniendi”. Facultad porque solo el estado por medios de sus órganos legislativos tiene autoridad para dictar leyes penales. Es deber porque es garantía indispensable en los estados de derecho la determinación de la figura delictiva y su amenaza de pena con anterioridad a toda intervención estatal de tipo represivo.

Ramas del derecho penal objetivo – sustantivo, procesal y ejecutivo

Sustantivo o material: conjunto de normas que definen los delitos y sus consecuencias jurídicas. Es decir, el delito es penal solo si se encuentra tipificado en el Código Penal, si no hay tipo penal que lo prevea no hay delito.

Procesal: regula el modo de enjuiciamiento penal modos de proceder, etapas del proceso penal, facultades y deberes de las partes, etc. Es de carácter local en cada provincia.

La responsabilidad penal es personal y subjetiva: conexión anímica (el querer) o la negligencia no se presume debe probarlo la parte acreedora (dolo o culpa –presupuesto de la pena).

Responsabilidad objetiva: probar que el sujeto como el daño, ni dolo, ni culpa.

Ejecutivo: ley penitenciaria y reglamentos carcelarios.

Caracteres del derecho penal

El derecho penal es una rama del derecho público, es decir, de un derecho en que interviene directamente el estado como persona de derecho publico.

Pero esta intervención no significa que exista un derecho subjetivo del estado ha incriminar o penar.

Ius puniendi: es ejercido por el estado, es el ejercicio o la facultad que tienen de castigar las conductas delictivas, se puede aplicar:

A través del estado

A través de la sanción de leyes por el congreso.

Sanciones:

Las sanciones pueden ser penales y contravencionales:

Las sanciones penales, son aquellas cuya sanción va ha ser la privación de la libertad del individuo, reclusión o prisión.

La reclusión es más severa porque, además, el estado como pena accesoria puede obligar al individuo a realizar trabajos públicos.

En la contravencionales, podemos citar, la multa o la inhabilitación. La multa es pecuniaria pero de no cumplirse pude llegar a convertirse en prisión.

Limites constitucionales, del derecho penal:

Condicionado por: principio de legalidad de las penas y los delitos, “No hay delito ni pena sin ley penal previa Art. 18 CN.: Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso...”.

Art. 19 CN.:”Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.”

1) principio de legalidad sustancial: consagra irretroactividad de la ley “...ley anterior al hecho del proceso...”, solo se aplica a hechos cometidos con posterioridad a la ley.

2) principio de legalidad procesal: nadie puede ser condenado sen juicio previo.

3) principio de reserva: Art. 19 CN. Consagra la no punibilidad de las acciones privadas; no puede haber delito si la conducta base del delito no se exterioriza y produce un daño social Art. 19 CN. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan el orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados.

4) garantías complementarias: Consagradas por el Art. 33 CN, garantías de los tratados.

La violación de cualquiera de estos cuatro puntos o principios produce la nulidad de ese acto procesal y lo actuado en consecuencia.

Sujeto de responsabilidad penal:

El hombre, porque es el único que pude realizar una conducta como acto voluntario, la responsabilidad penal es subjetiva: Conexión anímica (el querer) o la negligencia no se presume, debe probarlo la parte acusadora.

Las personas jurídicas (de existencia ideal), solo si el delito es económico, además de los directivos se responsabiliza si el delito se vincula con el objeto societario si se usa la razón social u beneficio económico para la empresa, además, que para los directivos, (una estafa o una quiebra fraudulenta). Pude recibir multa sobre el patrimonio de la sociedad, suscribir acciones, suspensiones para ejercer actividad, cancelar registro de empresa, etc.

El derecho penal: Concepto.

Con la expresión “derecho penal” se designan dos entidades diferentes:

·   El conjunto de leyes penales,

·   El sistema de interpretación de esa legislación.

Podemos decir que el derecho penal (legislación penal) es el conjunto de leyes que traducen normas que pretenden tutelar bienes jurídicos y que precisan el alcance de su tutela, cuya violación se llama “delito”, y que aspire a que tenga como consecuencia una coerción jurídica particularmente grave, que procura evitar la comisión de nuevos delitos por parte del autor.

En el segundo sentido, el derecho penal (saber del derecho penal) es el sistema de comprensión (o de interpretación de la legislación penal.

La legislación penal se distingue de la restante legislación por la especial consecuencia que asocia a la infracción penal (delito): la coerción penal, que consiste casi exclusivamente en la pena. La pena se distingue de las restantes sanciones jurídicas en que procura lograr, en forma directa e inmediata, que el autor no cometa nuevos delitos, en tanto que las restantes sanciones jurídicas tienen una finalidad primordialmente resarcitoria o reparadora.

Carácter publico y limite de injerencia del estado.

Dado que el derecho penal procura tutelar bienes jurídicos contra ataques que los afectan y lesionan con ello la seguridad jurídica, el derecho penal no puede menos que ser una rama del derecho público.

Pero esta intervención no significa que exista un derecho subjetivo del estado a incriminar o penar.

·   El estado no puede pretender imponer una “moral”.

·   El estado puede reconocer un ámbito de libertad moral.

·   Como consecuencia del principio de reserva establecido en el artículo 19 constitucional, las penas no pueden caer sobre las conductas que son justamente el ejercicio de la autonomía moral que la CN garantiza, sino sobre aquellas que afectan el ejercicio de esa autonomía ética.

·   Dada esa elección por un estado moral, no puede haber delito que no afecte bienes jurídicos ajenos, es decir, que no afecte alguno de los elementos de que necesita disponer otro hombre para realizarse, para elegir lo que quiere ser conforme a su conciencia (la vida, el honor, el patrimonio, la salud, la administración publica, el estado mismo). En términos más simples puede decirse que según la doctrina argentina, el papel de la potestad social se reduce a proteger los derechos.

Función del derecho penal.

Para unos, el derecho penal tiene por meta la seguridad jurídica; para otros, su objetivo es la protección de la sociedad, expresión esta que suele reemplazarse por la de “defensa social”.

Para los partidarios de la seguridad jurídica, la pena tiene efecto principalmente sobre la comunidad jurídica, como prevención especial, es decir, para que los que no han delinquido no lo hagan. En otras palabras: para los partidarios de la seguridad jurídica la pena se dirige a los que no han delinquido.

La pena, entendida como prevención general, es retribución, en tanto que, entendida como prevención especial, es reeducación y resocialización. La retribución devuelve al delincuente el mal que este ha causado socialmente, en tanto que la reeducación y la resocialización le preparan para que no vuelva a reincidir en el delito.

Podemos trazar el siguiente cuadro:

 

Posición “A”

Posición “B”

El derecho penal tiene como objeto

Para unos la seguridad jurídica (entendida por uso común la tutela de bienes jurídicos y por otros como tutela de valore ético-sociales)

Y para otros la defensa social

La pena se dirige

Para unos a los que no han delinquido (prevención general).

Y para otros a los que han delinquido (prevención especial).

La pena tiene

Para unos contenido retributivo

Y para otros contenido resocializador.

Protección de bienes jurídicos y protección de los valores éticos y sociales de la acción.

En la actualidad la mayoría de la doctrina comparte la opinión de que el derecho penal tutela bienes y valores conjuntamente, la discusión continua como una cuestión acerca del rango prioritario de una u otra tutela. Para los que acentúan la importancia de la tutela del bien jurídico, resulta prioritaria la consideración de los aspectos objetivos del delito, fundamentalmente el resultado. Para los que acentúan el desvalore ético de la acción, lo prioritario es el aspecto subjetivo, que puede llegar a dar una trascendencia decisiva a la disposición del animo del agente (derecho penal anónimo).

Antes que nada, debemos distinguir lo “ético” de lo “moral”. “Ético” lo usamos aquí en el sentido vulgar, conforme al cual “lo ético” esta referido al compromiso social, es decir, a las pautas de conducta señaladas por la sociedad. Lo moral, en lugar, viene señalada por la conciencia individual. Lo moral se refiere a las pautas de conducta que a cada quien señala su conciencia, lo ético a las pautas de conducta que le señala el grupo social.

El derecho penal tiene una aspiración ética: aspira a evitar la comisión y repetición de acciones que afectan en forma intolerable los bienes jurídicos penalmente tutelados.

La coerción penal (básicamente la pena) debe procurar materializar esta aspiración ética, pero la aspiración ética no es un fin en si misma, sino que su razón (su porque y su para que) siempre deberá ser la prevención de futuras afectaciones de bienes jurídicos.

Cometido asegurador.

El aseguramiento de las existencias simultáneas (co-existencia) se cumple introduciendo un orden coactivo que impida la guerra de todos contra todos (guerra civil), haciendo más o menos previsible la conducta ajena, en el sentido de que cada quien sepa que su prójimo se abstendrá de conductas que afecten entes que se consideran necesarios para que el hombre se realice en co-existencia.

La función de seguridad jurídica no puede entenderse pues, en otro sentido que en el de protección de bienes jurídicos como forma de asegurar la co-existencia.

La función de aseguramiento de la co-existencia se cumplirá en la medida que se garantice a cada quien la posibilidad de disponer –de usar- lo que se considere necesario para su autorrealización.

El carácter diferenciador.

Esta característica no puede hallarse en otro lado que en el medio con el que el derecho penal provee a la seguridad jurídica: la coerción penal.

En síntesis: sostenemos que el derecho penal tiene, como carácter diferenciador, el de cumplir la función de proveer a la seguridad jurídica mediante la coerción penal, y esta, por su parte, se distingue de las restantes coerciones jurídicas, porque tiene carácter específicamente preventivo o particularmente reparador.

El carácter sancionador del derecho penal y su autonomía.

Un sector de la doctrina afirma que el derecho penal tiene carácter sancionador, secundario y accesorio, en tanto que otro sostiene que tiene un carácter constitutivo, primario y autónomo.

Concepto de coerción penal.

Hemos visto que no todas las conductas antijurídicas son delitos, pero todos los delitos son conductas antijurídicas. Por ser tales, los delitos tienen múltiples consecuencias jurídicas, pero la única consecuencia penal es la pena.

La coerción penal se distingue del resto de la coerción jurídica porque, como dijimos, procura la prevención especial o la reparación extraordinaria.

La pena, su objeto.

La ley penal en sentido estricto es la que asocia a una conducta una pena; la ley penal en sentido amplio es la que abarca todos los preceptos jurídicos que precisan las condiciones y límites del funcionamiento de esa relación.

La pena debe proveer a la seguridad jurídica, pues su objetivo debe ser la prevención de futuras conductas delictivas.

Prevención general y prevención especial.

La prevención general se funda en mecanismos inconscientes: el hombre respetuoso del derecho siente que ha reprimido tendencias que otro no redimió, que se ha privado de lo que otro no se privo, y experimenta inconscientemente como inútil el sacrificio de una privación que el otro no hizo.

Para refrenar este contenido vindicativo se sostiene que la pena “justa” es la retributiva” y por tal, dentro de esta línea debe concluirse en el Talien: la pena debe importar la misma cantidad de mal que el delito (“ojo por ojo y diente por diente”).

La prevención especial apunta al sujeto que ha cometido el delito, reeducándolo o resocializándolo.

Resocialización.

El criminalizado es una persona con plena capacidad jurídica, a la cual no se le puede mirar desde arriba, sino en un plano de igualdad frente a la dignidad de la persona.

Derecho penal de culpabilidad y de peligrosidad.

Una teoría de la pena es siempre una teoría del derecho penal.

Los partidarios de la seguridad jurídica y de la teoría retributiva de la pena dicen defender un “derecho penal de culpabilidad”, en tanto que los partidarios de la defensa social y de la teoría reeducadora o resocializadora de la pena dicen defender un derecho penal de peligrosidad.

La reprochabilidad que de una conducta se le hace a su autor es, precisamente, la culpabilidad.

El reproche de culpabilidad se funda, pues, en que al autor pudo exigírsele otra conducta conforme al derecho.

Para los partidarios de la teoría retributiva de la pena, la pena tiene la medida de la culpabilidad.

Esta concepción del derecho penal (que sostiene que la pena es una retribución por la reprochabilidad) es el llamado derecho penal de culpabilidad.

En síntesis: el derecho penal de culpabilidad es el que concibe al hombre como persona.

Por otro lado, cuando se pretende que el hombre es un ser que solo se mueve por causas, es decir, determinado, que no goza de posibilidad de elección, que la elección es una ilusión pero que, en realidad siempre actuamos movidos por causas si que nuestra conducta se distinga de los restantes hechos de la naturaleza, no habrá lugar para la culpabilidad en esa concepción. Dentro de este pensamiento la culpabilidad será una entelequia, el reflejo de una ilusión. Por ende, no podrá tomarse en cuenta para nada en la cuantificación de la pena. Lo único que contara será el grado de determinación que tenga el hombre para el delito, es decir, la peligrosidad. Este será, pues, el derecho penal de peligrosidad, para el cual la penal tendrá como objeto (y también como único limite) la peligrosidad.

 

Derecho penal de culpabilidad:

 

Derecho penal de peligrosidad:

El hombre puede elegir.

El hombre esta determinado.

Si puede elegir se le puede reprochar (culpabilidad).

 

Si esta determinado se puede constatar en que medida lo esta (peligrosidad).

La pena retribuye la culpabilidad.

 

La pena resocializa neutralizando a peligrosidad.

El límite de la pena es la cuantía de la culpabilidad.

 

El límite de la pena es la cuantía de la peligrosidad.

Derecho penal de autor y de acto.

El derecho penal que parte de una concepción antropología que considera al hombre incapaz de autodeterminación (si autonomía moral, es decir, sin capacidad para elegir entre el bien y el mal), no pude menos que ser un derecho penal de autor: el acto es el síntoma de una personalidad peligrosa, que es menester corregir del mismo modo que se compone una maquina que funciona mal.

Por ende: todo el derecho penal de peligrosidad es derecho penal de autor, en tanto que el derecho penal de culpabilidad puede ser de autor o de acto (que es su opuesto).

Teorías de la pena.

Cada teoría del derecho penal tiene sus propias raíces filosóficas y políticas.

Las teorías de la pena suelen clasificarse en absolutas, relativas y mixtas.

Teorías absolutas: Las que sostienen que la pena se halla en sí misma, sin que pueda considerarse un medio para fines ulteriores. Tales son las sostenidas por Kant y Hegel. En la actualidad tales teorías no tienen adeptos.

Teorías relativas: La pena se concibe como un medio para la obtención de ulteriores objetivos. Estas teorías son las que se subdividen en teorías relativas de prevención general y de la prevención especial.

Teorías mixtas: Casi siempre parten de las tercias absolutas y tratan de cubrir sus fallas acudiendo a teorías relativas. Son las más usualmente difundidas en la actualidad que, por un lado, piensan que la retribución es impracticable en todas sus consecuencias y, por otro, no se animan a adherirse a la prevención especial. Una de sus manifestaciones es el lema seguido por la jurisprudencia alemana: “prevención general mediante la retribución justa”.

Sistemas unitarios y pluralistas.

Sistemas unitarios de sanciones: Esta posición es sostenida por quienes pretenden colocarse en la línea de lo que llaman el “derecho penal de culpabilidad” en sentido puro, y también por sus contrarios, es decir, por los autores del derecho pena de peligrosidad.

Para los primeros la única consecuencia de la pena es retributiva; para los segundos solo es la “medida” neutralizadora de la peligrosidad.

Sistemas pluralistas de las sanciones penales: Sostiene la aplicación de penas y también de medidas.

Estas pretendidas posiciones intermedias son el resultado de una grave incoherencia. Se trata de un desdoblamiento esquizofrénico del derecho penal, en el que una trata al hombre como una persona a la que hay que castiga y la otra como una cosa peligrosa a la que hay que neutralizar.

Una de ellas consiste en agregar a las penas retributivas las “medidas” preventivas. Pretende dejar a salvo con la pena el concepto del hombre como persona, para darle de inmediato con la “medida” el tratamiento de ente peligroso. Este es el llamado sistema de la doble vía.

La otra forma de combinar penas y medidas consiste en que puedan reemplazarse, pasando la “medida” en ciertos casos a ocupar el lugar de la pena, es decir, que la “medida” pede vicariar (reemplazar) a la pena. De esta forma, el hombre a veces es tratado como persona y a veces como ente peligroso. Este es el llamado sistema vicariante.

Resumiendo lo expuesto, tenemos pues, el siguiente cuadro:

Sistemas de sanciones penales

 

Unitarios (una sola clase de sanciones) sostenidos por

El derecho penal de culpabilidad que aplica

Solo las penas retributivas (a los inimputables les aplica medidas que no tienen naturaleza penal)

El derecho penal de peligrosidad que aplica

Solo medidas preventivas (a imputables e inimputables)

 

Pluralistas (dos clases de sanciones) sostenidos por

 

Una concepción incoherentemente desdoblada del derecho penal que aplica

Penas y medias conjuntamente (sistemas de la doble vía)

Ambos aplican solo medidas a los inimputables

 

Penas y medidas alternativamente (sistema vicariante)

Las medidas.

Las medidas se distinguen en medidas que se aplican antes de cometido el delito para prevenirlo (medidas pre-delictuales), medidas que se aplican después de cometido el delito para resocializar al autor (medidas post-delictuales) y medidas que se destinan a incapaces (medias para inimputables).

Medidas pre-delictuales: Corresponden a lo que se suele llamar “estado peligroso sin delito”. Estas medidas se aplican a ciertos “estados” o conductas que se consideran reveladores de peligrosidad aun cuando no se haya cometido ningún delito: vagancia, mendicidad, prostitución, drogadicción, juego, etc.

Medidas post-delictuales: Se aplican en razón de un delito, junto o en lugar de la pena, como las que se destinan a reincidentes “habituales”, “incorregibles”, etc.

Medidas destinadas a inimputables: Se aplican a sujetos a los que se considera sin capacidad psíquica suficiente como para ser acreedores de una pena, puede afirmarse que no tienen carácter “materialmente” penal, sino solo “formalmente” penal por estar previstas en la ley penal.

Su fundamento no es la peligrosidad en sentido jurídico penal, sino la peligrosidad entendida en sentido corriente de la palabra, que incluye el peligro de auto-lesión, que no puede ser delito.

 

Derecho Penal I‎ - ‎Resumen Zaffaroni‎ - 2. La Ley Penal

Fuentes de producción de la legislación penal

De las que emerge la legislación penal (congreso nacional, legislaturas provinciales).

Fuentes de cognición de la legislación penal

Son la legislación misma (leyes nacionales, provinciales, etc.).

Fuentes de conocimiento del saber jurídico-penal

Son las que emplea este saber para elaborar sus conceptos (legislación, datos históricos, jurisprudencia, información fáctica, etc.).

Fuentes de información del saber jurídico-penal

De las que surge el estado pasado o presente en este saber (tratados, monografías, etc.).

Fuentes de producción y de cognición del derecho penal.

Las fuentes de producción y de conocimiento de la legislación penal argentina, se hallan limitadas por el Art. 18 CN, en la parte en que dice: “ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso”. Esta disposición consagra el llamado principio de legalidad penal, que había sido establecido en al Constitución de Estados Unidos y en la Declaración Francesa de 1789.

El principio de legalidad implica la prohibición de la ley ex post facto, es decir, que una ley posterior pene una conducta anterior.

No se puede inculpar racionalmente al que no tenia medio de saber que su conducta estaba prohibida, porque de hecho no lo estaba.

El principio de legalidad se complementa con el llamado principio de reserva, que establece el Art. 19 CN: “ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.

El principio de legalidad penal, a los efectos que aquí no se ocupan, constituye la expresión de que la única fuente de la legislación penal argentina es la ley.

La única fuente de producción del derecho penal argentino son los órganos legislativos del estado.

La ley es, pues, por imperio de los artículos 18 y 19 CN, la única fuente de conocimiento de la legislación penal. Ahora bien: por ley puede entenderse un concepto estricto o formal (ley en este sentido es la que emana de u parlamento, sea el congreso de la nación o las legislaturas provinciales), o bien, un concepto amplio o material (en este sentido, la ley es toda disposición normativa de carácter general, sea que emane de un parlamento –ley en sentido estricto-, o del poder ejecutivo –decretos- o de las municipalidades –ordenanzas municipales-. Entendemos que debe interpretarse en el sentido material.

En el sistema jurídico positivo argentino nos encontramos con las siguientes fuentes del conocimiento del derecho penal:

·   Las leyes en sentido formal, que emanan del congreso de la nación: el código penal de la nación, las leyes penales especiales. El código de justicia militar.

·   Las leyes en sentido formal que emanan de las legislaturas provinciales: las leyes que tipifican los delitos de imprenta y las leyes que se ocupan de materias penales reservadas a las provincias.

·   Las ordenanzas municipales.

·   Los bandos militares.

Como síntesis, pues, podemos decir que la legislación penal argentina reconoce como fuentes:

De conocimiento:

De producción:

Las leyes del congreso nacional

El congreso nacional.

Las leyes de las legislaturas provinciales

Las legislaturas provinciales.

Las ordenanzas municipales

Las municipalidades.

Los bandos militares en tiempos de guerra y zonas de operaciones

Los comandantes militares.

Los principios constitucionales de legalidad y reserva.

El derecho penal es una rama del derecho público privado. En el derecho público el Estado tiene importancia; en el privado se regulan las relaciones entre los particulares y el Estado es un mediador, en cambio, en el derecho penal, derecho público, el Estado forma parte activa a través del juez imponiendo sanciones. Como tal debe compararse con el derecho madre (el derecho constitucional), que es el que organiza los poderes del estado y la relación del estado con los particulares.

Los principios de legalidad y de reserva se deben a que el derecho penal es una rama del derecho público y sus normas deben encuadrarse a los principios de la Constitución.

Estos dos principios los ubicamos en los Art. 18 y 19 CN. uno de los cuales prohíbe que haya penados sin juicio previo, esto se debe a la irretroactividad de la ley.

Principio de reserva: Art. 19 CN. la segunda parte es quizás más importante que la reserva. “Nadie puede estar obligado a hacer lo que la ley no mande...” es un principio que va a gobernar todo el derecho, y tiene relación con el tema de que en el derecho penal no hay lagunas, ya que lo que no está prohibido está permitido y esto se emparenta con la proscripción de la analogía. La analogía está proscripta porque el Art. 19 la prohíbe.

Principio de legalidad: establece la irretroactividad, tiene una excepción en el Art. 2 CP.:”si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna.

Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por esa ley.

En todos los casos del presente Art., los efectos de la nueva ley se operarán de nuevo derecho. Esto tiene relación con el ámbito de validez de la ley penal”.

Principio de interpretación restrictiva o el principio “in dubio pro reo”.

Entendemos que el principio in dubio pro reo tiene vigencia penal, sólo que a condición de que se le aplique correctamente.

·   Rechazamos la interpretación extensiva, si por ella se entiende la inclusión de hipótesis punitivas que no son toleradas por el limite máximo de la resistencia semántica de la letra de la ley, porque eso seria analogía.

·   No aceptamos ninguna regla apodíctica dentro de los límites semánticas del texto. Cuando se dice “donde la ley no distingue no se debe distinguir”, ello es correcto, pero a condición de que se agregue “salvo que haya imperativos racionales que nos obliguen a distinguir” y, claro esta, siempre que la distinción no aumente la punibilidad saliéndose de los limites del texto.

·   Hay supuestos en que el análisis de la letra de la ley da lugar a dos posibles interpretaciones: una más amplia de punibilidad y otra más restringida. En estos casos es en los que entra a jugar el in dubio pro reo: siempre tendremos que inclinarnos a entenderlas en sentido restrictivo y conforme a este sentido ensayar nuestras construcciones.

Entendemos que el principio in dubio pro reo nos señala la actitud que necesariamente debemos adoptar para entender una expresión legal que tiene sentido doble o múltiple, pero puede desplazarse ante la contradicción de la ley así entendida con el resto del sistema.

Principio de intrascendencia o de personalidad de la pena.

Nunca puede interpretarse una ley penal en el sentido de que la pena trasciende de la persona que es autora o participe del delito.

No sucedió lo mismo en otros tiempos, en que la infamia del reo pasaba a sus parientes, lo que era común en los delitos contra el soberano. Nuestra constitución, al definir la traición contra la nación, establece que la pena “no pasara de la persona del delincuente, ni la infamia del reo se transmitirá a sus parientes de cualquier grado”.

Principio de humanidad.

Se deduce de la proscripción de la pena de azotes y de toda forma de tormento, es decir, de las penas crueles.

La republica puede tener hombres sometidos a pena, pagando sus culpas, pero no puede tener ciudadanos de segunda, sujetos considerados afectados por una capitis diminutio por vida.

Concepto de dogmática jurídica.

En la antigüedad, los llamados “códigos” eran recopilaciones de leyes, en tanto que a partir de fines del siglo XVIII, un código es una ley que trata de reunir todas las disposiciones correspondientes a una materia jurídica, ordenándolas en forma sistemática.

Expresado en la forma mas sintética, el método dogmático consiste en una analizas de la letra del texto, en su descomposición analítica en elementos (unidades o dogmas), en la reconstrucción en forma coherente de esos elementos, lo que arroja por resultado una construcción o teoría. La denominación de “dogmática”, con que la bautizara Jhering, tiene un sentido metafórico, porque el intérprete no puede alterar esos elementos, debiendo respetarlos como “dogmas”, tal como le son revelados por el legislador, lo que es un principio básico que debe regir la tara de la ciencia jurídica: el intérprete no puede alterar el contenido de la ley.

El método dogmático.

No pretendemos partir de la afirmación de la “ciencia” del derecho penal en tal o cual sentido, aunque creemos que debe reconocerse que el saber penal es susceptible de proceder por un método similar al de las ciencias no discutidas como tales. Una ciencia se traduce siempre en un conjunto de proposiciones que reciben el calificativo de “verdaderas” (es decir que también pudieron ser falsas). La verdad o falsedad de una proposición se establece por la verificación.

La ciencia del derecho no se ocupa de establecer juicios subjetivos de valor, sino de determinar el alcance de los juicios de valor formulados legislativamente, por lo que es precisamente una ciencia.

El interpretar la ley de esta forma, la ciencia jurídica busca determinar el alcance de lo prohibido y desvalorado en forma lógica (no contradictoria), brindando al juez un sistema de proposiciones que, aplicado por este, hace previsibles sus resoluciones y, por consiguiente, reduce el margen de arbitrariedad, proporcionando seguridad jurídica.

El “modus opernadi” como método dogmático.

El jurista, como cualquier científico, debe elaborar un sistema no contradictorio de proposiciones cuyo valor de verdad debe ser verdadero y que expliquen los hechos de su horizonte de proyección científico.

Vemos, en forma grafica y casi simplista, como opera el método dogmático. En la ley encontramos una serie de disposiciones que rigen simultáneamente: 1) El Art. 41 del CP dispone que para graduar la pena se tomara en cuenta “especialmente la miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos”. 2) El Art. 34 CP declara “no punible” al “que causare un mal por evitar oro mayor inminente a que ha sido extraño”. 3) El Art. 162 CP dice: “será reprimido con prisión de un mes a tres años, a que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena”.

Procedemos a su análisis y separación: hurtar esta prohibido; la miseria funciona como atenuante; el estado de necesidad opera como eximente.

La construcción dogmática debe ser conforme a la lógica (no contradictoria, lo que no sucedería si dijésemos, por ejemplo, “la miseria es eximente, la miseria es atenuante”. Tal construcción no se sostiene por falta de estructura interna.

La construcción no debe ser contraria al texto de la ley, como si dijéramos: la miseria siempre exime la pena. Esta proposición cae porque no resiste a verificación,

Por ultimo, es conveniente que la construcción sea simétrica, natural, no artificiosa, no amanerada.

Dogmática ideológica.

No cabe duda de que toda ley responde en cierta medida a una ideología.

La dogmatiza no se concilia con las ideologías que conducen a la seguridad en la aplicación del derecho.

La dogmática es una condición necesaria de la seguridad jurídica, pero seria terriblemente ingenuo creer que es suficiente.

El método comparativo.

Si bien el empleo del método comparativo en la ciencia jurídica se pierde en la antigüedad, su uso se ha generalizado en el último siglo, dando lugar en nuestro campo al llamado “derecho penal comparado”.

El derecho penal no es una rama jurídica, ni tampoco, en sentido estricto, es un método.

En la elaboración de la ley nos muestra el grado de tecnificación de los textos y la forma de encarar legislativamente los problemas, tal como hasta el presente de ha dado en todas las legislaciones del mundo. En la actualidad científica (en la dogmática), nos enriquece el trabajo constructivo, permitiéndonos comparar las elaboraciones que tienen por base nuestra ley con las que reconocen distinta base legal.

La ley penal en el tiempo, principio general excepción.

La ley penal debe entenderse como aplicable a hechos que tengan lugar solo después de su puesta en vigencia.

La garantía de legalidad (Art. 18 CN) tiene el claro sentido de impedir que alguien sea penado por un hecho que, al tiempo de comisión, no era delito, o de impedir que a quien comete un delito se le aplique una pena más gravosa que la legalmente prevista al tiempo de la comisión.

La ley penal reconoce una importante excepción, consistente en la admisión del efecto retroactivo de la ley penal más benigna.

Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiara de ello.

Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicara siempre la más benigna.

Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por dicha ley.

La ley penal mas benigna no es solo la que desincrimina o la que establece una pena menor. Puede tratarse de la creación de una nueva causa de justificación, de una nueva causa de inculpabilidad, de una causa que impida la operatividad de la penalidad, etc. Por otra parte, la mayor benignidad puede provenir también de otras circunstancias, como puede ser un menor tiempo de prescripción, una distinta clase de pena, una nueva modalidad ejecutiva de la pena, el cumplimiento parcial de la misma, las previsiones sobre condena condicional, liberta condicional, etc.

Hay un solo supuesto en que pueden tomarse preceptos en forma separada del resto del contexto legal, lo que constituye una excepción prevista en el Art. 3 CP:”en el computo de la prisión preventiva se observara separadamente la ley mas favorable al procesado”.

El principio exige que se aplique la ley más benigna entre todas las que han tenido vigencia desde el momento de comisión del delito hasta el momento en que se agotan los efectos de la condena, es decir, abarcando las llamadas leyes intermedias.

Si el derecho penal legisla solo situaciones excepcionales, en que el estado debe intervenir para la reeducación social del autor, la sucesión de leyes que alteran la incidencia del estado en el círculo de bienes jurídicos del autor denota una modificación en la desvaloración de su conducta.

Tratándose de una cuestión de orden publico, los efectos retroactivos de la ley penal más benigna se operan de pleno derecho, es decir, sin que sea necesario el pedido de parte.

El tiempo de comisión del delito.

Los límites temporales máximos que se toman en cuenta en el Art. 2 CP para determinar cual es la ley más benigna y, en consecuencia, aplicarla, son el de la comisión del hecho y el de la extinción de la condena.

Por duración de la condena entendemos que debe abarcarse cualquier tiempo en que persista algún efecto jurídico de la sentencia condenatoria que abarca, por ejemplo, el registro de la misma en el correspondiente organismo estatal o el cómputo de sus efectos para obtener cualquier beneficio (condena condicional, libertad condicional, etc.).

La doctrina argentina parece inclinarse por entender que el momento de la comisión es el del comienzo de la actividad voluntaria. Por nuestra parte creemos que es aquel en que la actividad voluntaria cesa.

Si el argumento antes dado no fuese suficiente, debemos pensar que la interpretación contraria viola también el principio de igualdad ante la ley (Art. 16 CN): si dos individuos cometen el mismo hecho en el mismo tiempo y en el mismo lugar, es contrario a este principio tratar más benignamente a uno porque comenzó a cometerlo antes que el otro.

Leyes de amnistía.

No es una ley desincriminatoria común, sino anómala, puesto que se trata de una desincriminación temporaria.

Las amnistías deben ser generales, lo que significa que deben tener carácter impersonal, no pudiendo destinarse a personas individualizadas.

Tratándose de una ley desincriminatoria, pueden dictarse antes o durante el proceso, o bien, después de la condena.

De su naturaleza de ley desincriminatoria se deducen sus efectos:

·   Extingue la acción penal.

·   Cuando media condena, la amnistía hará cesar la condena y todos sus efectos, con excepción de las indemnizaciones debidas a particulares.

·   La indemnización a los particulares, queda en pie, porque la desincriminación para nada afecta la responsabilidad civil.

·   La amnistía no puede ser rechazada por el beneficiario.

·   La condena por delito amnistiado no puede tomarse en cuenta a los fines de la reincidencia.

·   La condena por delito amnistiado no impide la concesión de la condenación condicional.

·   La amnistía del delito cometido por el autor elimina también la tipicidad de la conducta de los cómplices e instigadores.

·   La parte de pena cumplida hasta la desincriminación lo ha sido conforme a derecho, de modo que no puede pedirse la restitución de la multa pagada.

·   El autor puede beneficiarse de la amnistía siempre que persista algún efecto de la condena, e incluso pueden hacerlo sus herederos, a condición de acreditar legítimo interés en ello.

Indemnidades e inmunidades.

La ley argentina en materia penal es aplicable por iguala todos los habitantes de la nación.

Se trata de condiciones extraordinarias para el procesamiento, de un antejuicio, cuyo estudio corresponde al derecho procesal. Al sometimiento a este juicio previo al penal configura lo que se denomina inmunidad. No debe confundirse la inmunidad con la indemnidad, que se da cuenta ciertos actos de una persona quedan eximidos de responsabilidad penal.

Las inmunidades

La ley penal en el espacio.

Ley penal en el espacio. Sistema. ¿Cuál es el método utilizado en nuestro Código?

Ámbito espacial de la ley penal: El tema es saber en que espacio de territorio se aplica nuestra ley penal, o la ley penal de un estado determinado.

Existen 4 sistemas de atribución de éstas fórmulas:

Principio de territorialidad: se enuncia diciendo que la ley del estado se aplica a todos los delitos cometidos dentro del territorio.

Principio real o de defensa: se enuncia diciendo que no solo se aplica a los delitos cometidos en el territorio, sino también a aquellos que cometidos en el extranjero produzcan un efecto en el territorio.

Principio de nacionalidad: establece que la ley penal aplicable a la persona que cometió el delito es el de la nacionalidad. Los países que adoptan este sistema juzgan no solo los delitos cometidos en el territorio del estado, sino aquellos cometidos fuera por nacionales.

Principio universal: sostiene que se aplica la ley del estado que apresó al delincuente, sea cual fuere el lugar de comisión.

Sistemas.

Sistema. Método: El código adopta los dos primeros sistemas, el principio de territorialidad y el real o de defensa.

Art. 1 CP.: este código se aplicará:

Por delitos cometidos o cuyos efectos deban producirse en el territorio de la Nación Argentina, o en los lugares sometidos a su jurisdicción.

Por delitos cometidos en el extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas en el desempeño de su cargo.

Derecho Penal I‎ - ‎Resumen Zaffaroni‎ - 3. Evolución Histórica

Los orígenes del derecho penal.

Zaffaroni dice que no podemos hablar de una historia lineal del derecho penal.

Con el fruto de los permanentes movimientos sociales, los distintos filósofos, etc., se va haciendo una concepción que respete la dignidad del hombre. No se ha llegado aún al completo desarrollo de la historia del derecho penal.

El derecho penal es una construcción social; va cambiando con los pensamientos y las ideologías.

Este desarrollo va planteando una construcción del derecho penal.

En el derecho penal (que lo podemos definir como control social punitivo), encontramos:

·   La prohibición Tabú: se daba en las sociedades poco desarrolladas y organizadas. En tribus o clanes, por ejemplo.

Tabú es una palabra de origen polinesio, que significa “lo prohibido”.

Era la idea de lo prohibido (tabú): es todo lo que entraña un peligro mágico e indefectible. No existen en esas culturas los conceptos de “sagrado” y de “impuro” o “corrompido”. Todo lo que implique el peligro mágico de la consecuencia negativa sobre la persona o la comunidad es una sola cosa, es tabú.

Su finalidad era aislar a los miembros de la comunidad de personas, cosas o conductas para que el peligro espiritual no les alcance y/o no se extienda a los demás.

En otras palabras, el respeto al tabú es la forma de evitar que las fuerzas espirituales infrinjan daños a los miembros de la comunidad. Como ejemplo de tabú podemos mencionar la prohibición de consumir carne de cerdo establecidas en la Biblia y en el Corán.

Son las fuerzas espirituales las que van a actuar inevitablemente.

Cuando se violaba un tabú se producía luego un resultado disvalioso. Por ejemplo: en una tribu, se suponía que la mujer había cometido adulterio si el hombre volvía de cazar sin una presa o había sido atacado por una fiera. Si esto pasaba, implicaba que la mujer había cometido adulterio.

La relación entre el tabú transgredido y el mal que se producía está íntimamente relacionado por un vínculo infalible:

Si se viola el tabú A, ocurre el mal B.

Si ocurrió el mal B, es que se violó el tabú A.

La finalidad del castigo era purificar a trasgresor y evitar que el mal se extienda o bien evitar el mal que van a producir las fuerzas divinas.

Se es responsable por el mero efecto dañoso y no importa que el sujeto haya quebrantado las prohibiciones consciente o inconscientemente, el tabú violado exige la expiación. Y como debe purificarse el ambiente del maleficio también los objetos inanimados y las bestias deben responder del mal que produjeron.

Esto es un antecedente del derecho penal, pero no es derecho en sí.

·   Venganza de sangre y la privación o expulsión de la paz: se da en una etapa en que la civilización convive en distintos clanes o tribus. Es una especie de responsabilidad colectiva, no es el hombre el que responde por el hecho, sino su grupo, clan o tribu. Por ejemplo, si un integrante de una tribu ataca a uno de otra tribu, cualquier integrante de la tribu ofendida puede atacar a cualquier individuo de la tribu ofensora.

Si el ofensor era de la misma tribu, a éste se lo priva de la protección del clan, al expulsarlo pierde todos sus bienes y nadie ya lo puede defender, cualquiera puede apropiarse de sus pertenencias y darle muerte o esclavizarle. De esta forma quedaba a merced de cualquier ataque o peligro de muerte. Esto se llama “expulsión de la paz”.

Se da también cuando el clan del sujeto ofensor de otra tribu quiere evitar que se desate la venganza de sangre.

·   Composición: quien perturbaba la paz, podía comprar la paz. Compensaba a la tribu ofendida o compraba el derecho de ser readmitido en el grupo al que pertenecía.

El ofendido podía o no aceptar la compensación. Si no la aceptaba derivaba en la “venganza de sangre”.

Con el tiempo la aceptación de la composición se hace obligatoria; de esta manera se evita la venganza de sangre.

·   El Talión: surge en un Estado más fuerte y organizado. Es un límite a la venganza. Es el Estado el que impone un límite (por lo tanto debe ser un Estado fuerte).

Se da un límite fijo: se le produce al ofensor el mismo daño que le causó a la víctima.

Esto no significa la “personalidad de la pena”, ya que ésta puede ser aplicada sobre un sujeto distinto. Por ejemplo: si un hombre le causaba el aborto a una mujer, se le debía causar la muerte al hijo del ofensor.

Eran Estados teocráticos y las normas tenían fundamento teocrático.

·   La pena pública: la pena pública se ve en el código de Hamurabi, luego con los romanos, lo cual será tratado más adelante.

El aporte de los derechos penales romano, canónico y germano.

·   Escuela romana: en la Roma de los primeros tiempos, el derecho tuvo origen sagrado. Con la República el derecho se empieza a desprender de su vinculación con lo religioso.

A partir de la ley de las XII tablas se distinguen los delitos públicos de los delitos privados. Los primeros eran perseguidos por los representantes del Estado en interés de éste, en tanto que los segundos eran perseguidos por los particulares en su propio interés. Es de destacar que la ley de las XII tablas no establecía distinciones de clases sociales ante el derecho.

Con el correr del tiempo los delitos privados pasan a ser perseguidos por el Estado y sometidos a pena pública.

Durante la época de la República, el pueblo romano era legislador y juez, y fueron quedando como delitos privados sólo los más leves. El derecho penal romano se fundaba en el interés del Estado. Así el derecho penal se afirmaba en su carácter público.

El carácter público se ve claramente y al extremo durante la época del Imperio, que fue corrompiendo las instituciones republicanas. Los tribunales actuaban por delegación del emperador; el procedimiento extraordinario se convirtió en jurisdicción ordinaria en razón de que el ámbito de los crímenes contra la majestad del imperio se fue ampliando cada vez más. Con el desarrollo del período imperial no se tratará ya de tutelar públicamente intereses particulares, sino de que todos serán intereses públicos. La pena en esta etapa recrudece su severidad.

·   Derecho penal germánico: los pueblos germanos consideraban al Derecho como el orden de la paz. El delito entonces era la privación de la paz.

Si la ofensa era pública cualquiera podía dar muerte al ofensor.

Si se trataba de un delito privado era el grupo, familia o gens del ofendido la que tenía el derecho y el deber de vengar la muerte dando muerte al ofensor o a miembros de su grupo. Esto es la venganza de sangre.

Asimismo los pueblos germanos conocieron la expulsión de la paz y la composición que poco a poco fue haciéndose obligatoria y desplazó al menos en una gran cantidad de casos a la venganza de sangre.

Eran comunes en las comunidades germanas las ordalías y los duelos judiciales.

·   El derecho canónico: durante el medioevo se produce la disgregación del imperio, y las normas jurídicas en Europa continental pierden la homogeneidad que tenían bajo el imperio romano.

La invasión bárbara trajo a los pueblos civilizados de entonces, costumbres jurídico- penales que chocaron contra los principios del derecho del Imperio Romano.

Conforme se va fortaleciendo el poder de los distintos señores, va conformándose nuevamente un derecho más organizado, fruto de la confluencia del antiguo derecho romano y de las costumbres bárbaras.

En esta coyuntura va cobrando fuerza el derecho canónico, proveniente de la religión católica que se imponía en Europa por ser la religión que se había extendido junto con el Imperio Romano y por ser la Iglesia Católica un poder cuyas bases eran, además de la cohesión ideológica a través de la fe, las grandes extensiones de tierras que les pertenecían, su riqueza, y el alto grado de control cultural que les brindaba la situación de ser los “dueños” de las letras.

El derecho canónico que comenzó siendo un simple ordenamiento disciplinario va creciendo, su jurisdicción se extiende por razón de las personas y por razón de la materia. Llegó este ordenamiento a ser un completo y complejo sistema de derecho positivo.

El derecho canónico abreva de varias fuentes, y trata de sintetizar el concepto público de pena de los romanos y el privado de los germanos.

El delito y el pecado eran la esclavitud y la pena la liberación; es fruto de esa concepción el criterio tutelar de este derecho que va a desembocar en el procedimiento inquisitorial.

Se puede destacar que el derecho canónico institucionalizó el derecho de asilo, se opuso a las ordalías y afirmó el elemento subjetivo del delito.

Existían tres clases de delitos, los que ofendían al derecho divino “delicta eclesiástica”, los que lesionaban tan sólo el orden humano “delicta mere secularia” y los que violaban ambas esferas, “delicta mixta”. Los primeros eran competencia exclusiva de la iglesia, los segundos se penaban por el poder laico y por la Iglesia, en el foro concienciae, los terceros podían ser castigados tanto por el poder laico como por la Iglesia.

Es muy debatido si se distinguía el delito del pecado, pero la mayoría de los autores coinciden en que aunque haya existido una distinción teórica, en la práctica la misma se desvanecía. Basta con mencionar algunos de los actos que se consideraban delitos: la blasfemia, la hechicería, el comer carne en cuaresma, el suministro, tenencia y lectura de libros prohibidos, la inobservancia del feriado religioso, etc.

Derecho Penal I‎ - ‎Resumen Zaffaroni‎ - 5. El Delito

Necesidad y utilidad de la teoría del delito.

Se llama teoría del delito a la parte de la ciencia del derecho penal que se ocupa de explicar que es el delito en general, es decir, cuales con las características que debe tener cualquier delito.

Esta explicación atiende al cumplimiento de un cometido esencialmente práctico, consistente en la facilitación de la averiguación de la presencia o ausencia del delito en cada caso concreto.

La teoría del delito es una construcción dogmática que nos proporciona el camino lógico para averiguar si hay delito en cada caso concreto.

Teoría estratificada y teoría unitaria del delito.

Para los partidarios del concepto unitario del delito, delito es una infracción punible.

Ante la inutilidad práctica de la teoría unitaria, se han impuso las concepciones estratificadas del delito, que son las que se hallan generalizadas en la doctrina penal contemporánea.

Cuando afirmamos que el concepto o la explicación que damos del delito es estratificado, queremos decir que se integra con varios estratos, niveles o planos de análisis, pero ello de ninguna manera significa que lo estratificado sea el delito: lo estratificado es el concepto que del delito obtenemos por via del análisis.

Lo que habremos de enunciar serán sus caracteres analíticamente obtenidos, formando diversos planos, niveles o estratos conceptuales, pero el delito es una unidad y no una suma de componentes.

Los niveles analíticos de la teoría del delito.

Sabemos que los delitos no pueden ser otra cosa que conductas humanas.

Afirmando que el delito es la conducta de un hombre, sabemos que entre una infinita cantidad de conductas posibles, solo algunas son delitos.

No habrá delito cuando la conducta de un hombre no se adecue a alguno de os dispositivos legales.

Técnicamente llamamos tipos a estos elementos de la ley penal que sirven para individualizar la conducta que se prohíbe con relevancia penal.

Cuando una conducta se adecua a alguno de los tipos legales, decimos que se trata de una conducta típica o lo que es lo mismo, que la conducta presenta la característica de tipicidad.

De este modo, hemos obtenido ya dos caracteres del delito: genérico uno (conducta) y especifico otro (tipicidad), es decir que la conducta típica es una especie del genero conducta.

Si reparamos en el enlistado del Art. 34 CP vemos que hay supuestos en que operan permisos para realizar acciones típicas. Tales como los casos de estado de necesidad, de legítima defensa y, en general, de supuestos de legítimo ejercicio de derecho. Técnicamente, decimos en todos estos casos, que opera una causa de justificación que excluye el carácter delictivo de la conducta típica.

De esto resulta que a veces hay permiso para cometer conductas típicas. Cuando la conducta típica no esta permitida, diremos que, además de típica, será también contraria al orden jurídico funcionando como unidad armónica, porque de ninguno de sus preceptos surge un permiso para realizarla. A esta característica de contrariedad al orden jurídico funcionando como conjunto armónico que se compraba por la ausencia de permisos) la llamaremos antijuridicidad y decimos que la conduzca es, además de típica, antijurídica.

Consecuentemente, para que haya delito, no será suficiente con que la conducta presente la característica de tipicidad, sino que se requerirá que presente también un segundo carácter específico: la antijuridicidad.

En doctrina, llamamos a la conducta típica y antijurídica, un injusto penal, reconociendo que el injusto penal no es aun delito sino que, para serlo, ha menester serle reprochable al autor en razón de que tuvo la posibilidad exigible de actuar de otra manera. A esta característica de reprochabilidad del injusto al autor es a lo que denominamos culpabilidad y constituye el tercer carácter específico del delito.

De esta forma esquemática habremos construido el concepto de delito como conducta típica, antijurídica y culpable.

 

Delito

Carácter genérico: conducta

Caracteres del injusto penal

Caracteres específicos

Tipicidad

Antijuridicidad

 

Culpabilidad

Graficación del proceder analítico

Si de entre los muchos edificios de una ciudad debemos seleccionar solo aquellos que tienen tres plantas que se integran con recibidor y garaje, habitaciones para vivienda y terraza y solarium, seleccionaremos primero aquellos edificios que son casas y descartaremos los restantes (hospitales, iglesias, oficinas públicas, etc.). Eso es lo que frente al caso concreto hacemos cuando descartamos aquellos hechos que no son conducta.

En segundó lugar, buscaremos casas que tengan la planta baja compuesta por recibidor y garaje. Frente a la conducta cuya delictividad queremos averiguar comenzaremos por la comprobación de la tipicidad.

Recién cuando hayamos individualizado las casas con la planta abaja así compuesta, veremos cuales tienen habitaciones para vivienda en el primer piso. Al igual procederemos cuando comprobemos la presencia de la antijuridicidad.

Como ultima etapa, veremos cuales de las casas con planta baja y primer piso Ali compuesto, tienen terraza con solarium. Equivale a la indagación de la culpabilidad.

El criterio sistemático que fluye de esta estructura analítica.

Todo análisis debe responder a un cierto criterio analítico.

El concepto de delito como conducta típica, antijurídica y culpable se elabora conforme a un criterio sistemático que corresponde a un criterio analítico que trata de reparar primero en la conducta y luego en el autor: delito es una conducta humana individualizada mediante un dispositivo legal (tipo) que revela su prohibición (típica), que por no estar permitida por ningún precepto jurídico (causa de justificación) es contraria al orden jurídico (antijurídica) y que, por serle exigible al autor que actuase de otra manera en esa circunstancia, les es reprochable (culpable).

Derecho Penal I‎ - ‎Resumen Zaffaroni‎ - 6. La Conducta

Acto de voluntad y acto de conocimiento.

El acto de voluntad es el que se dirige al objeto alterándolo. Ej.: escribir una carta, dar un regalo, pintar un cuadro, demoler un edificio, construir una catedral gótica. En todos ellos se altera el objeto.

Acto de conocimiento es el que se limita a proveer de datos al observador, si alterar el objeto en cuanto material del mundo. Ej.: el estudiante va conociendo el CP, pero con ello no altera el CP.

El derecho de la conducta humana.

Cuando el derecho desvalora una conducta, la conoce, realiza a su respecto un acto de conocimiento, y el legislador se limita a considerarla desvalorada (mala). Cuando el legislador ha decidido que la conducta de matar es mala no pretende cambiar su ser ni menos crearla, sino solo desvalorarla.

El desvalor no puede alterar el objeto, porque si lo altera escara desvalorando algo distinto del objeto.

El derecho no pretende otra cosa que ser un orden regulador de conducta. Para ello tiene que respetar el ser de la conducta. El ser de la conducta es lo que llamamos estructura óntica y el concepto que se tiene de este ser y que se adecua a el es el ontológico.

El derecho en general (y el derecho penal en particular) se limita a agregar un desvalor jurídico a ciertas conductas, pero no cambia para nada lo óntico de la conducta.

No hay delito sin conducta.

El derecho pretende regular las conductas humanas, no pudiendo ser el delito otra cosa que una conducta.

El principio nullum crimen sine conducta es una elemental garantía jurídica. De rechazarse el mismo, el delito podría ser cualquier cosa, abarcando la posibilidad de penalizar el pensamiento, la forma de ser, las características personales, etc.

Quien quiera defender la vigencia de un derecho penal que reconozca a la dignidad humana, no puede menos que reafirmar que la base del delito es la conducta, reconocida en su estructura óntico-ontológica.

Tentativas de desconocer el “nullum crimen sine conducta”.

·   Uno de los caminos por el que actualmente con mas frecuencia se niega o pretende negar el principio de que no hay delito sin conducta, es la pretensión de punir a las personas jurídicas, particularmente las sociedades mercantiles, con el argumento político-penal del auge de la delincuencia económica.

·   Afirmar que la persona jurídica no puede ser autora del delito no implica negar la posibilidad de punir a sus directivos y administradores.

·   Una seria tentativa de burlar el nullum crimen sine conducta es el llamado derecho penal de autor, que considera que la conducta no pasa de ser un simple síntoma de la peligrosidad del autor, o bien, un simple síntoma de una personalidad enemiga u hostil al derecho.

·   Otra de las posiciones, es la que sostiene que la única conducta con relevancia penal es la conducta típica, por lo cual, considera a la conducta en el centro de la teoría del tipo, negándose a considerarla en el plano anterior al de la tipicidad.

·   El estupro requiere consentimiento; el matrimonio ilegal calificado requiere que el otro que ignora el impedimento contraiga matrimonio tonel autor, etc. Estos supuestos dejan bien a las claras que en el derecho penal tienen relevancia conductas que no son típicas.

·   Hay quienes pretendieron que en los delitos de olvido no hay conducta o quienes afirman que la conducta no requiere voluntad, abarcando dentro del concepto los actos reflejos. Semejantes posiciones son extrañas y generalmente aisladas. Por estas vías puede llegarse a sostener que el delito no requiere conducta, conclusión que dejaría abierto el camino al penalismo autoritario.

Conducta, acción, acto, hecho.

Hay autores que hablan de acto como un concepto que abarca la acción (entendida como un hacer activo) y la omisión (entendida como no hacer lo debido). De allí que en la terminología que empleamos, acto y acción según sinónimos.

Hay también autores que prefieren hablar de acto o de acción y se niegan a denominar a este carácter genérico como conducta, argumentando que con conducta se denota un comportamiento más permanente o continuado que con acto acción.

Otros autores utilizan en un particular sentido penal la voz hecho, considerando que hecho es la conducta más el nexo causal y el resultado. Para nosotros hecho es una expresión en el mismo sentido en que la emplea el CC: son todos los acontecimientos susceptibles de producir alguna adquisición, modificación, transferencia o extinción de los derechos u obligaciones.

No todo hecho en que participa el hombre es una conducta. Los hechos humanos se subdividen en voluntarios e involuntarios, y los hechos humanos voluntarios son, precisamente, las conductas.

 

Hechos

De la naturaleza

Del hombre

Involuntarios

Voluntarios (conductas)

Voluntad y deseo.

Casi unánimemente se admite que toda conducta debe ser voluntaria, es decir, que sin voluntad no hay conducta.

Voluntario es el quiere activo, el quiere que cambia algo, en tanto que desear es algo pasivo, que no se pone en movimiento para cambiar nada. Querer es vivir y desear, dejarse vivir (Heidegger). El que quiere (tiene voluntad) se mueve hasta el resultado; el que desea, solo espera el resultado, del que se alegrara si sobreviene.

Voluntad y finalidad.

La voluntad implica siempre una finalidad porque no se concibe que haya voluntad de nada o voluntad para nada; siempre la voluntad es de algo, es decir, siempre la voluntad tiene un contenido, que es una finalidad.

En razón de que es inconcebible la conducta sin voluntad, y la voluntad sin finalidad, resulta por consecuencia que la conducta requiere siempre una finalidad.

Voluntad y voluntad libre.

Es necesario precisar que la circunstancia de que una acción sea voluntaria no implica en modo alguno que sea libre: lo querido no siempre es libremente querido. El loco puede querer matar a alguien; su acción será voluntaria, pero no puede decirse que sea libre, precisamente por su incapacidad psíquica.

Para que haya conducta vasta con que haya voluntad.

La anticipación bio-cibernética.

Podemos considerar en el análisis aspectos de la conducta y, básicamente, distinguir el aspecto interno del aspecto externo.

Al aspecto interno de la conducta pertenece la proposición de un fin y la selección de los medios para su obtención.

Terminada esta etapa, pasamos a la exteriorización de la conducta (aspecto externo), consistente en la puesta en marcha de la causalidad en dirección a la producción del resultado.

En el campo de la causalidad solo hay causas y efectos, en un proceso ciego que va al infinito. El nexo de causalidad (a nivel científico) no tiene una dirección. En lugar, la finalidad siempre es vidente (Welsel), es decir, tiene un sentido y se asienta sobre la previsión de la causalidad. El nexo de finalidad toma las riendas de la causalidad y la dirige.

La bio-cibernética ha puesto de manifiesto que en toda conducta hay una programación a partir de una anticipación del resultado, indicando etapas análogas a las que hemos señalado.

La estructura de la conducta según el concepto óntico-ontológico.

Aristóteles no concebía ninguna conducta voluntaria que no fuese final. Para el eran voluntarios finales los actos que nosotros llamamos inculpables, con lo que distinguía nítidamente la voluntad de la culpabilidad, sin escindir la finalidad de la voluntad. Para Santo tomas la idea central no era la causalidad, sino la finalidad, lo que funda la distinción tomista entre la naturaleza como hecho y la naturaleza como razón: en tanto que lo no humano tiende a su fin en forma causal, el hombre debe buscar su fin y procurar alcanzarlo, planteo que opone causalidad a finalidad.

Ubicación del resultado y del nexo causal.

Sabemos que cuando un sujeto dispara un balazo contra otro para matarlo (conducta homicida) y este muere como resultado de los balazos tres días después, hay una relación de causa a efecto entre la conducta homicida y el resultado de muerte. Esta es la relación o nexo de causalidad. Algunos autores sostienen que el resultado (muerte) y el nexo de causalidad (explosión de la pólvora que tiene por efecto que el proyectil salga disparado, que es la causa que tiene por efecto la hemorragia, que es la causa que tiene por efecto la muerte de la victima), deben ser considerados junto con la conducta a nivel pre-típico (Welzel), en tanto que otros entienden que el resultado y el nexo de causalidad deben ser considerados en la teoría del tipo (Maurach).

A toda acción corresponde un resultado y ambos están unidos por un nexo de causalidad. Nexo de causalidad y resultado, si bien no forman parte de la conducta, la acompañan como una sombra.

Creemos que la palabra mas adecuada es “pragma”, expresión de origen griego, con la que varios filósofos designan precisamente a la acción que incluye lo por ella alcanzado, lo “procurado en el procurar”.

De toda forma, quedando claro que el resultado y el nexo causal no forman parte de la acción pero la acompañan en forma irrescindible, y que los tres conceptos se pueden abarcar en el de “pragma”, lo cierto es que la causalidad y el resultado en forma pre-típica no son un problema del derecho penal.

Así, en el caso del homicidio, lo que interesa investigar a nuestra ciencia es que el tipo (Art. 79), para considerar prohibida una conducta como típica de homicidio, requiere que como termino de una relación causal iniciada por la exteriorización de la conducta homicida del autor, se haya producido el resultado de muerte de la víctima. La causalidad y el resultado en u ser (como integrantes del pragma) no son un problema jurídico sino físico.

Carácter común para las formas típicas dolosas y culposas.

Una de las principales clasificaciones estructurales de los tipos penales distingue entre tipos dolosos y culposos. Los tipos dolosos prohíben conductas atendiendo a la prohibición de procurar por el fin de la conducta, es decir que lo prohibido es la puesta en marcha de la causalidad en dirección al fin típico (muerte de un hombre, daño en la propiedad ajena, etc.). Ninguna duda cabe de que aquí los tipos captan este concepto de conducta, que no ofrece en ellos inconveniente alguno.

Los tipos culposos son los que prohíben conducta atendiendo a la forma de seleccionar los medios para obtener el fin, y no en razón del fin mismo. Queda claro que también aquí el tipo prohíbe una conducta final, solo que en lugar de prohibirla por el fin, lo hace por la forma defectuosa en que ese fin se procura.

Carácter común para las formas típicas activa y omisiva.

La otra gran clasificación estructural de los tipos penales es en activos y omisivos. Los tipos activos son aquellos que describen la conducta prohibida, en tanto que los tipos omisivos son los que describen la conducta debida, quedando, por ende, prohibida toda conducta que no coincida con la conducta debida.

Tan final es la conducta que prohíbe el tipo activo como la que prohíbe el tipo omisivo. La circunstancia de que uno selecciones lo prohibido describiéndolo y el otro lo haga por comparación con la descripción de lo debido, no altera para nada la estructura óntico-ontológica de las conductas que prohíben.

Concepto general de conducta para el causalismo.

En un principio, el concepto causalista de conducta fue apoyado sobre la base filosófica del positivismo mecanicista, heredado de las concepciones de la ilustración y, por ende, tributario de las concepciones físicas de Newton. Todo son causa y efectos, dentro de un gran mecanismo que es el universo y, la conducta humana, como parte del mismo, también es una sucesión de causas y efectos.

El segundo momento filosófico tiene lugar cuando se desecha la filosofía positivista. A la primera se la llamo estructura clásica del delito, a la segunda suele llamársela estructura neo-clásica, que fue la que desarrollo en su máxima expresión Mezger.

Para el concepto positivista de la teoría causal de la acción, esta es una innervación muscular, es decir un movimiento voluntario (no reflejo), pero en el que carece de importancia o se prescinde del fin a que esa voluntad se dirige. Dicho en otros términos: acción era un movimiento hecho con voluntad de moverse, que causaba un resultado.

Resulta hoy claro que una conducta es algo distinto de un movimiento con voluntad de hacer el movimiento, porque la voluntad de hacer el movimiento no existe por si, sino que se integra con la finalidad del movimiento.

Critica del concepto.

Se pretende defender el concepto causal de la conducta, aduciendo que se sabe que la conducta siempre tiene una finalidad, solo que la finalidad no se toma en consideración hasta llegar al nivel de la culpabilidad.

En efecto, si la conducta siempre tienen una finalidad, al no tomar en consideración la finalidad no se esta tomando en consideración la conducta, sino un proceso causal. Por ende, dentro de este sistema el núcleo del injusto no será una conducta, sino un proceso causal. Esta afirmación es sumamente grave, porque contradice la esencia del derecho: lo típico y antijurídico no serán conductas, sino procesos causales. El derecho no será (para esta concepción) un orden regulador de conductas, sino de procesos causales, lo que es absurdo: el derecho no regula “hechos” sino solo hechos humanos voluntarios, es decir, conductas. El derecho no prohíbe ni permite otra cosa que conductas humanas, pues de lo contrario deja de ser derecho, al menos en el sentido que lo concebimos dentro del actual horizonte de proyección de nuestra ciencia.

Diversos sentidos de las mismas.

La llamada teoría social de la hacino pretendió ser un puente o posición intermedia entre las teorías causal y final. Se basa en la afirmación de que no cualquier acción puede ser materia prohibida por el derecho penal, sino solo aquellas que tienen sentido social.

Solo pueden ser acciones con relevancia penal las que perturban el orden social.

No es acción lo que no trasciende del individuo y no es socialmente perturbador. El suicidio, la destrucción de una cosa propia y los actos que no trasciendan del sujeto, pero no porque no sean acciones, sino porque no se admite la tipicidad de ninguna conducta que no afecte bienes jurídicos. Es un problema de tipicidad y no de conducta.

Concepto social y teoría finalista.

El concepto social de acción, aparte de introducir en la conducta problemas que son propios de la tipicidad, nada agrega al concepto finalista.

Para que una acción tenga relevancia social requiere, necesariamente, ser entendida finalisticamente. Si lo social se caracteriza por el interaccionar psíquico, creemos que es claro que cuando dos individuos que se conocen, pasan uno al lado del otro sin dirigirse la palabra, no sabemos si hubo o no interaccionar psíquico.

De cualquier manera, repetimos que el requisito de la relevancia social, como la necesidad de que la conducta trascienda de la esfera meramente individual del autor a la de otro, es u requisito de la tipicidad penal de la conducta, que es tal aunque no trascienda a nadie. Las acciones privadas de los hombres del Art. 19 CN, son acciones.

Infecundidad del concepto.

No es posible extraer ninguna otra consecuencia de esta teoría que se ha pretendido que sirve de base a todas las estructuras del delito. Una conducta es tal que aunque no sea socialmente lesiva. Por otra parte, la lesividad social de la acción en el plano pretípico no puede ser otra cosa que un juicio ético.

Derecho Penal I‎ - ‎Resumen Zaffaroni‎ - 7. Ausencia de Conducta

Fuerza física irresistible.

No constituyen conducta los hechos de la naturaleza en que no participa el hombre. Más problemática se hace la capacidad de conducta de las personas jurídicas, que también hemos rechazado.

Reducida, pues, nuestra consideración a los acontecimientos en que toma parte un hombre (que hemos denominado hechos humanos), dijimos que no todos ellos son conductas, sino únicamente los hechos humanos voluntarios.

Los supuestos en que no hay voluntad pese a participar un hombre son los siguientes:

·   Fuerza física irresistible.

·   Involuntabilidad.

Delimitación.

La fuerza física irresistible esta legislada en nuestro CP en el inc. 2 del Art. 34: “el que obrare violentado por fuerza física irresistible”. Tradicionalmente se suele denominar en doctrina como vis absoluta.

Por fuerza física irresistible deben entenderse aquellos supuestos en que opera sobre el hombre una fuerza de tal entidad que le hace intervenir como una mera masa mecánica.

En ningún momento debe confundidse la fuerza física irresistible con los casos de la segunda parte del mismo inc. 2 del Art. 34 CP: “el que obrare violentado por… amenazas de sufrir un mal grave e inminente

Supuestos de fuerza física irresistible.

La fuerza física irresistible puede provenir de la naturaleza o de la acción de un tercero. Hay fuerza física proveniente de la naturaleza cuando un sujeto es arrastrado por el viento, por una corriente de agua, empujado por un árbol que cae, etc. Proviene de la acción de un tercero en los ejemplos que hemos dado al delimitarla.

Por otra parte, se hace necesario distinguir lo siguiente: la ausencia de conducta se limita a la causación del resultado, pero colocarse bajo los efectos de una fuerza física irresistible es una conducta, y debe investigarse también su tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad para determinar si hay delito.

Fuerza física irresistible interna.

La fuerza física irresistible que elimina la conducta debe provenir de fuera del sujeto, es decir, ser externa.

Dentro de la fuerza física irresistible proveniente de la naturaleza caben acontecimientos que se originan en el propio cuerpo del sujeto y que dan lugar a movimientos que no son controlables por la voluntad. Es el caso de los movimientos reflejos, respiratorios, etc.

Involuntabilidad. Concepto y delimitación.

La involuntabilidad es la incapacidad psíquica de conducta, es decir, el estadio en que se encuentra el que no es psíquicamente capaz de voluntad.

En el curso de la exposición veremos que (en el aspecto positivo del delito) se requiere una capacidad psíquica de voluntad para que haya conducta (de la que nos ocuparemos aquí), una cierta capacidad psíquica para que haya tipicidad y otra para que haya culpabilidad (llamada imputabilidad). A la suma de las tres la llamamos capacidad psíquica del delito.

Estado de inconsciencia.

La conciencia es el resultado de la actividad de las funciones mentales. No es una facultad (como la memoria, la atención, la senso-percepción, el juicio crítico, etc.), sino el resultado del funcionamiento de estas facultades.

En estas ocasiones en que la conciencia esta perturbada no hay ausencia de conducta, porque no desaparece la voluntad del sujeto. En lugar, cuando la conciencia no existe, porque esta transitoria o permanentemente suprimida, no puede hablarse de voluntad y desaparece la conducta.

Cuando hay inconciencia no hay voluntad y, por ende, no hay conducta. La inconciencia esta expresamente prevista en el inc. 1 del Art. 34 del CP.

Para mantener la formula del inc. 1 del Art. 34 CP a la inimputabilidad suele sostenerse que la inconsciencia de que se habla esa disposición no es una inconsciencia absoluta.

Involuntabilidad por incapacidad para dirigir los movimientos.

Entendemos que cuando la insuficiencia de las facultades o la alteración morbosa de las mismas, da lugar a una incapacidad para dirigir los movimientos, habrá un caso de Involuntabilidad, es decir de ausencia de conducta (al tiempo que, cuando de lugar a una incapacidad para dirigir sus acciones en forma adecuada a la comprensión de la antijuridicidad, habrá inculpabilidad).

Ejemplos de estos supuestos de Involuntabilidad son aquellos en que el sujeto tiene conciencia pero se encuentra incapacitado psíquicamente para actuar. Tal sucede con el que sufre un accidente del que sale ileso y ve a su compañero desangrarse, sin poder acudir en su auxilio como resultado de una parálisis histérica.

La involuntabilidad procurada.

El sujeto que se procura un estado de incapacidad psíquica de conducta realiza una conducta (la de procurarse ese estado), que puede ser típica, según las circunstancias. Así, el señalero que toma un fuerte narcótico para dormirse y no hacer las señales, para provocar de este modo en desastre, se vale de si mismo en estado de ausencia de conducta. En estos casos la conducta de procurarse la incapacidad causa directamente el resultado lesivo, pues el individuo se vale de su cuerpo como si fuese una maquinaria, ya que una vez en ese estado solo hay causalidad. Las soluciones sen las mismas que para los casos de sujetos que se colocan bajo los efectos de una fuerza física irresistible.

Efecto de la ausencia de conducta.

Es sumamente importante distinguir los casos en que media ausencia de conducta, de aquellos en que tampoco hay delito, debido a que falta alguno de los restantes caracteres. La ausencia de conducta tiene unos efectos prácticos inmediatos, entre los que cabe mencionar específicamente los siguientes: a) el que se vale de un sujeto que no realiza conducta para cometer un delito es, por lo general, autor directo del delito; el que no realiza conducta nunca es autor. B) contra los movimientos de quien no se conduce se puede actuar en estado de necesidad, pero no cabe oponer la legítima defensa. C) no se puede ser participe de los movimientos de un sujeto que no realiza conducta.

Derecho Penal I‎ - ‎Resumen Zaffaroni‎ - 8. Tipo y Tipicidad

Definición de tipo penal.

El tipo peal es un instrumento legal, lógicamente necesario y de naturaleza predominantemente descriptiva; que tiene por función la individualización de conductas humanas penalmente relevantes (por estar penalmente prohibidas).

·   El tipo pertenece a la ley. Tipos son las formulas legales mismas, es decir, las formulas legares que nos sirven para individualizar las conductas que la ley no prohíbe.

·   El tipo es lógicamente necesario, porque sin el tipo nos pondríamos a averiguar la antijuridicidad y la culpabilidad de una conducta que en la mayoría de los casos resultaría sin relevancia penal alguna.

·   El tipo es predominantemente descriptivo, porque los elementos descriptivos son los más importantes para individualizar una conducta y, entre ellos de especial significación es el verbo, que es precisamente la palabra que sirve gramaticalmente para connotar una acción.

No obstante, los tipos son a veces absolutamente descriptivos, porque en ocasiones acuden a conceptos que remiten o se sustentan en un juicio valorativo jurídico o ético. Cuando el Art. 85 inc. 1 del CP se refiere a la mujer, precisar lo que es una mujer no requiere valoración alguna, porque el concepto de mujer es descriptivo. Pero cuando el Art. 237 CP pena al que empleare intimidación o fuerza contra un funcionario público, el concepto de funcionario publico con es descriptivo, sino que depende de una valoración jurídica, es decir, que es el derecho el que nos dice quienes son funcionarios públicos.

En tanto que los elementos descriptivos son los que predominan en los tipos, a estos elementos que aparecen eventualmente en los mismos se los denomina elementos normativos de los tipos penales.

·   La función de los tipos es la individualización de las conductas humanas que son penalmente prohibidas. De esta función depende la necesidad lógica del tipo.

Tipo y tipicidad.

El tipo es la formula que pertenece a la ley, en tanto que la tipicidad pertenece a la conducta. La tipicidad es la característica que tiene una conducta en razón de estar adecuada a un tipo penal, es decir, individualizada como prohibida por un tipo penal.

Tipo es la formula legal que dice “el que matare a otro”; tipicidad es la característica de adecuada al tipo que tiene la conducta de un sujeto que dispara cinco balazos contra otro, dándole muerte. La conducta del primero. Por presentar la característica de tipicidad, decimos que es una conducta típica.

·   Típica es la conducta que presenta la característica específica de tipicidad (atípica la que no la presenta);

·   Tipicidad es la adecuación de la conducta a un tipo;

·   Tipo es la formula legal que permite averiguar la tipicidad de la conducta.

Otros usos de la voz “tipo”.

Se habla de tipo-garantía, con la que prácticamente se designa el principio de legalidad en materia penal. Se habla de tipo de injusto para connotar la tipicidad de una conducta antijurídica. Se suele llamar tipo de delito a las concepciones del delito que se quiere abarcar con el tipo casi todos los caracteres. Tipo de culpabilidad debe responder a la tipicidad de la conducta. Tipo permisivo (único que adoptamos) es el que urge del precepto permisivo (causa de justificación).

Tipos legales y tipos judiciales.

En cualquier sistema jurídico civilizado del mundo contemporáneo los tipos son legales, es decir, que es el legislador el único que puede crear, suprimir y modificar los tipos penales. Este es el sistema de tipos legales, del que, naturalmente, participa nuestro orden jurídico.

En otros sistemas, en que se reconoce la analogía, es el juez el que esta facultado para crear los tipos penales. Así, por ejemplo, en la reforma nacional-socialista alemana y en los códigos soviéticos anteriores. Estos son los llamados sistemas de tipos judiciales, que ya prácticamente no existen en el mundo.

Tipos abiertos y tipos cerrados.

Hay casos en que el tipo no individualiza totalmente la conducta prohibida, sino que exige que el juez lo haga, para lo cual deberá acudir a pautas o reglas generales, que están fuera del tipo penal. Esta exigiéndole al juez que frente al caso concreto determine cual era el deber de cuidado que tenia a su cargo el autor y, en base al mismo, cierre el tipo, pasando después a averiguar si la conducta concreta es típica de ese tipo cerrado por el juez mediante una norma general de cuidado que tuvo que traer al tipo de otro lado.

Estos tipos se llaman tipos abiertos, por oposición a los tipos cerrados, en que sin salirse de los elementos de la propia ley penal en el tipo, puede individualizarse la conducta prohibida.

Tipos de autor y tipos de acto.

Hemos visto que este derecho penal de autor pretende alcanzar una forma de ser y no un hacer.

El tipo de autor pretendía definir normativamente no ya conductas, sino personalidades: no se prohibía matar, sino ser homicida; no se prohibía hurtar, sino ser ladrón; no se prohibía estafar, sino ser estafador. En definitiva, no se quería prohibir el acto sino prohibir la personalidad.

La ley penal en blanco.

Llamase leyes penales en blanco a las que establecen una pena para una conducta que resulta individualizada en otra ley (formal o material).

La norma no puede deducirse del tipo de la ley penal sino que habrá que acudir a otras disposiciones de leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas municipales, etc.

El poder que completa la ley en blanco debe cuidar de respetar la naturaleza de las cosas porque, de lo contrario, con tal recurso puede enmascararse una delegación de facultades legislativas penales.

La ley formal o material que completa a la ley penal en blanco integra el tipo penal, de modo que si la ley penal en blanco remite a una ley que aun no existe, no tendrá vigencia hasta que se sancione la que la completa.

La concepción objetiva del tipo penal.

Hasta 1906 no puede hablarse propiamente de una teoría del tipo penal, la que en ese año fue enunciada por Ernst von Beling, quien respetando la sistemática del delito escindida en un injusto objetivo y una culpabilidad subjetiva, introdujo una distinción en el injusto entre tipicidad y antijuridicidad, categorías que continuaban conservando su carácter objetivo.

El concepto de tipo penal nace, pues, en 1906, concebido en forma objetiva, es decir, como abarcando solo la exterioridad de la conducta y prescindiendo de todo lo interno.

La concepción compleja del tipo penal.

El descubrimiento de los elementos subjetivos del tipo y de la culpabilidad, como las dificultades con las que chocaba la teoría objetiva del tipo determinaros que se pensase en que el dolo debía estar ubicado en el tipo.

Weber no distinguía entre la atipicidad y justificación, de modo que participaba de una concepción bipartita del delito: tipo de injusto y culpabilidad.

Donna mantenía la división tripartita del delito, pero creía que la antijuridicidad recaía sobre el aspecto objetivo del tipo y la culpabilidad sobre el subjetivo.

Con Welzel, en la década del 30, se redondea el concepto de tipo complejo, es decir, con un aspecto objetivo y otro subjetivo, dentro del marco de una teoría del delito con tres caracteres específicos (tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, que es la idea del tipo penal que sostenemos.

Panorama de las distintas posiciones de la relación entre tipicidad y antijuridicidad.

Las relaciones entre la tipicidad y la antijuridicidad no están consideradas en forma pacifica por la doctrina. Hay tres posiciones fundamentales el respecto, una de las cuales reconoce dos sub-variantes.

Para una posición (que actualmente casi no se sostiene) la tipicidad no indica nada acerca de la antijuridicidad. Esta teoria se conoce como del tipo avalorado.

Otra posición entiende que la tipicidad es un indicio o presunción iuris tantum (que admite prueba en contrario) de la antijuridicidad (teoría de la ratio cognoscendi, sostenida por Max Ernst Mayer, según la cual la tipicidad se comporta respecto de la antijuridicidad como el humo respecto del fuego).

Las otras posiciones, que son la antípoda de la del tipo avalorado, sostienen que la tipicidad es la ratio essendi (la razón de ser) de la antijuridicidad. Esta posición reconoce dos variantes: para unos, la tipicidad cierra el juicio de antijuridicidad, es decir que, afirmada la tipicidad, quedara también afirmada la antijuridicidad y las causa de justificación eliminaran la tipicidad, comportándose como elementos negativos del tipo; ara otros la tipicidad también implica la antijuridicidad, pero esta ultima puede excluirse por una causa de justificación en una etapa de análisis posterior.

 

Teoría del tipo avalorado

Tipicidad

antijuridicidad

 

Teoría del tipo indiciario (ratio cognoscendi)

Tipicidad

antijuridicidad

 

Teoría del tipo como ratio essendi de la antijuridicidad

Tipicidad implica antijuridicidad

Teoría de los elementos negativos del tipo: la justificación elimina la tipicidad.

Teoría del tipo de injusto: la justificación elimina solo la antijuridicidad.

De estas posiciones, nos inclinamos por la del tipo indiciario.

La antinormatividad.

El tipo se gesta por el interés del legislador en el ente que valora elevándolo a bien jurídico, enunciando una norma para tutelarlo, la que se manifiesta en un tipo que le agrega la tutela penal. La conducta que se adecue a un tipo penal será necesariamente contraria a la norma que esta antepuesta al tipo legal y afectara el bien jurídico tutelado.

La conducta, por el hecho de ser penalmente típica necesariamente debe ser también antinormativa.

La antinormatividad no se compraba con la sola adecuación de la conducta al tipo legal, sino que requiere una investigación del alcance de la norma que esta antepuesta y que ha dado origen al tipo legal, y una investigación sobre la afectación del bien jurídico.

Tipicidad legal y tipicidad penal no son la misma cosa: la tipicidad penal presupone la legal, pero no la agota; la tipicidad penal requiere, ademas de la tipicidad legal, la antinormatividad.

La tipicidad penal requiere que la conducta, ademas de encuadrarse en el tipo legal, viole la norma y afecte el bien jurídico.

La tipicidad penal, tipicidad legal y tipicidad conglobante.

El juicio de tipicidad no es un mero jurídico de tipicidad legal, sino que exige otro paso, que es la comprobación de la tipicidad conglobante, consistente en la averiguación de la provisión mediante la indagación del alcance prohibitivo de la norma, no considerada aisladamente, sino conglobada en el orden normativo. La tipicidad conglobante es un correctivo de la tipicidad legal, puesto que puede excluir del ámbito de lo típico aquellas conductas que solo aparentemente están prohibidas, como sucede en el caso expuesto del oficial de justicia, que se adecua al apoderamiento de una cosa mueble ajena (Art. 162), pero que no esta alcanzada en la prohibición de “no hurtaras”.

 

Tipicidad legal (adecuación a la formulación legal del tipo)

Es la individualización que de la conducta hace la ley mediante el conjunto de los elementos descriptivos y valorativos (normativos) de que se vale el tipo legal.

 

Tipicidad conglobante (antinormatividad)

Es la comprobación de que la conducta típica legalmente esta también prohibida por la norma, que se obtiene desentrañando el alcance de la norma prohibitiva conglobada con las restantes normas de orden normativo.

Tipicidad penal (adecuación legal y antinormatividad)

Es el resultado de la afirmación de las dos anteriores.

 

Tipicidad legal + tipicidad conglobada = tipicidad penal.

El bien jurídico. Concepto.

Bien jurídico penalmente tutelado es la relación de disponibilidad de un individuo con un objeto, protegida por el estado, que revela su interés mediante la tipificación penal de conductas que le afectan.

El “ente” que el orden jurídico tutela contra ciertas conductas que le afectan no es la cosa en si misma, sino la relación de disponibilidad del titular con la cosa. Dicho en otras palabras más simples: los bienes jurídicos son los derechos que tenemos a disponer de ciertos objetos. Cuando una conducta nos impide o perturba la disposición de esos objetos, esa conducta afecta el bien jurídico, y algunas de esas conductas están prohibidas por la norma que genera el tipo penal.

La moral como bien jurídico.

Desde ningún punto de vista la moral en estricto sentido puede ser considerada un bien jurídico. La moral publica de que habla la CN es un sentimiento de pudor, que se supone que tiene derecho a tener la población, pero si alguien carece de tal sentimiento, no puede obligárselo a que lo tenga ni a que se comporte como si lo tuviese, en la medida en que no lesiones el sentimiento de aquellos que lo tienen.

Clasificación de los tipos peales en función del bien jurídico afectado.

Finalmente, en una sistemática que corresponde a un derecho penal personalista pasaron a ocupar el primer plano los delitos contra las personas, a partir del código de Baviera de 1813 del que toma esta sistemática nuestro CP.

En cuanto a la afectación de los bienes jurídicos afectados, los tipos se dividen en tipos calificados o cualificados, que pueden ser agravados o calificados atenuados, siempre en relación a un tipo básico o fundamental.

Uno de los caminos que sigue la ley para agravar o atenuar delitos es el que hemos expuesto, es decir, atendiendo al mayor o menor grado de intensidad de afectación al bien jurídico.

Otro de los caminos, que no debe confundirse con este, es agravar o atenuar el delito en rabón de una mayor o menor culpabilidad.

En cuanto al número de bienes jurídicos que tutela penalmente el tipo, se habla de tipos con bien jurídico simple o complejo. Es tipo con bien jurídico simple el homicidio; es tipo con bien jurídico complejo la extorsión, en que se afecta tanto la libertad de determinación como el patrimonio.

 

Por los bienes jurídicos en particular

Contra las personas, el honor, la honestidad, el estado civil, la libertad, la propiedad, la seguridad publica, el orden publico, la seguridad de la nación, los poderes públicos y el orden constitucional, la administración publica, la fe publica.

Por la intensidad de afectación al bien jurídico

Básicos o fundamentales.

Calificados agravados.

Calificados atenuados (o privilegiados).

Por el numero de bienes jurídicos

Simples

complejos

 

Derecho Penal I‎ - ‎Resumen Zaffaroni‎ - 9. Tipos Activos Dolosos: Aspecto Objetivo

Aspecto objetivo y subjetivo del tipo doloso.

Conforme al concepto complejo del tipo que venimos sosteniendo, el tipo doloso activo tiene dos aspectos: uno objetivo y otro subjetivo, es decir que la ley, mediante el tipo, individualiza conductas atendiendo a circunstancias que se dan en el mundo exterior y a circunstancias que están dadas en lo interno, en el psiquismo del autor.

El tipo doloso implica la acusación de un resultado (aspecto externo), pero se caracteriza porque requiere también la voluntad de causarlo (aspecto interno). Esa voluntad del resultado, el querer del resultado, es el dolo. El aspecto externo del tipo doloso lo llamamos aspecto objetivo del tipo legal. Al aspecto interno lo llamamos aspecto subjetivo del tipo legal.

La mutación física. El resultado material.

El legislador sabe que cada conducta causa una mutación en el mundo externo: el resultado.

El resultado es un ineludible fenómeno físico que acompaña a toda conducta: no hay conducta sin resultado.

Lo que en definitiva sucede es que todos los tipos requieren un resultado, solo que los individualizan de distinta manera: algunos los precisan expresamente, otros lo atan inescindiblemente a la conducta, otros se inclinan por limitarse al puro resultado de la conducta, desentendiéndose de cualquier otro que pudiera causar.

La relación de causalidad.

La causalidad como categoría del ser es un proceso ciego, una cadena de causas y efectos. Toda condición que no puede ser mentalmente suprimida sin que con ello desaparezca el efecto, es causa (Welzel). Esta es la teoría que se conoce como la conditio sine qua non y es la única que responde a la realidad, al ser de la causalidad como proceso físico.

La relevancia penal de la causalidad se halla limitada, dentro de la misma teoría del tipo, por el tipo subjetivo, es decir, por el querer del resultado.

Dado que no toda causalidad implica responsabilidad, los límites de la causalidad típicamente relevante en el delito doloso serán fijados por el tipo subjetivo: solo es relevante la causalidad material dirigida por la voluntad de acuerdo a un fin (Bacigalupo).

Naturaleza de la relación de causalidad.

Lo más elemental para comenzar a comprobar si una conducta es típica, es preguntarse si ha causado un resultado.

Si mentalmente nos imaginamos que la conducta no existió y en tal caso tampoco hubiese existido el resultado, es que la conducta es causal del resultado; inversamente, si en la hipótesis en que imaginamos que la conducta no haya existido, el resultado también se hubiese producido, resultaría que la conducta no es causal del resultado. Confundir la causalidad con su conocimiento es como confundir al enfermo con la medicina.

Los sujetos.

Los sujetos pueden ser activo y pasivo. Sujeto activo es el autor de la conducta típica. Sujeto pasivo es el titular del bien jurídico tutelado. El sujeto pasivo de la conducta, puede no ser el sujeto pasivo del delito.

Los tipos que individualizan conductas que pueden ser cometidas por cualquiera dan lugar a los llamados “delicta comunia”, en tanto que los que requieren características especiales en el sujeto activo dan lugar a los denominados “delicia propia”.

Según el numero de sujetos activos, hay tipos que solo pueden ser cometidos por una persona o que, bien pueden ser cometidos por varios autores, lo que no es necesario. Estos se llaman tipos unisubjetivos, monosubjetivos o individuales. Cuando deben ser cometidos necesariamente por varias personas se llaman plurisubjetivos, colectivos o de concurso necesario, también mal llamados de participación necesaria.

Las referencias

Hay tipos que individualizan acciones que pueden cometerse en cualquier contexto circunstancial, en tanto que hay otros que son específicamente circunstanciados. En tal sentido, puede haber requerimientos de circunstancias de tiempo, de lugar, de modo, de ocasión, de medios.

Las referencias a los medios dan lugar a los llamados tipos de formulación casuística, por oposición a los tipos de formulación libre, que son los que individualizan acciones que pueden cometerse por cualquier medio.

Los elementos normativos.

Hay tipos penales que no solo contienen elementos descriptivos, sino también elementos normativos, es decir, elementos para cuya precisión se hace necesario acudir a una valoración ética o jurídica.

Hay algunas expresiones genéricas que aparecen en las formulas legales y que son verdaderos elementos normativos de los tipos legales, como sucede en la referencia a la ilegitimidad del apoderamiento en el hurto.

Derecho Penal I‎ - ‎Resumen Zaffaroni‎ - 10. Tipos Activos Dolosos: Aspecto Subjetivo

Tipos subjetivos que se agotan en el dolo y tipos subjetivos que reconocen otros elementos.

Todos los tipos dolosos exigen que haya una cierta congruencia entre sus aspectos objetivo y subjetivo. Esta congruencia no siempre es de la misa entidad: hay tipos dolosos que requieren únicamente que su aspecto subjetivo contenga el querer la realización del tipo objetivo (que es el dolo).

·   Todos los tipos dolosos exigen una congruencia entre sus aspectos objetivo y subjetivo.

·   Hay tipos dolosos en que esta congruencia basta que sea simétrica, es decir, que el tipo subjetivo contenga solo el querer la realización del tipo objetivo (dolo).

·   Hay otros tipos dolosos en que la congruencia es asimétrico, porque exigen algo mas que la simple realización del tipo objetivo (algo mas que el dolo). Son los llamados elementos subjetivos del tipo distintos del dolo.

Concepto de dolo. Sus aspectos.

El dolo es el elemento nuclear y principalísimo del tipo subjetivo, y frecuentemente, el único componente del tipo subjetivo (en los casos en que el tipo no requiere otros).

El dolo es el querer del resultado típico, la voluntad realizadora del tipo objetivo. Todo querer presupone un conocer.

Con el dolo sucede lo mismo, pues es un querer. El conocimiento que presupone este “querer” es el de los elementos del tipo objetivo en el caso concreto.

Si queremos perfeccionar un tanto la definición del dolo que hemos dado sea conveniente conceptuarlo como la voluntad realizadora del tipo objetivo, guiada por el conocimiento de los elementos de este en el caso concreto.

El dolo es una voluntad determinada que, como cualquier voluntad, presupone un conocimiento determinado. El dolo es representación y voluntad.

El reconocimiento de que el dolo es una voluntad individualizada en un tipo, nos obliga a reconocer en su estructura los dos aspectos en que consiste: el del conocimiento presupuesto al querer mismo (que no puede existir sin el conocimiento).

Esto da lugar a los dos aspectos que comprende el dolo:

·   El aspecto de conocimiento o aspecto cognoscitivo del dolo.

·   El aspecto del querer o aspecto conativo del dolo.

Aspecto cognoscitivo del dolo.

El dolo requiere siempre conocimiento efectivo; la sola posibilidad de conocimiento (llamada “conocimiento potencial”) no pertenece al dolo. El querer matar a un hombre no se integra con la posibilidad de conocer que se causa la muerte de un hombre, sino con el conocimento efectivo de que se causa la muerte de un hombre. Sin ese conociendo efectivo, la voluntad del autor no puede tener el fin de matar a un hombre y, por ende, ser una voluntad homicida.

El dolo requiere siempre cierto grado de actualización del conocimiento.

 

Conocimiento efectivo

Actual

El dolo requiere siempre conocimiento efectivo y cierto grado de actualización

Actualizable

Posibilidad de conocimiento (conocimiento potencial).

Grado de actualización exigido.

El grado de actualización que requiere el dolo no exige siempre un pensar en ello, es decir, un conocimiento actual, sino que pueden también integrarse con algunos conocimientos actualizables.

Todos esos contenidos de conciencia (conocimientos efectivos) los esta co-pensando, surge el co-querer (Platzgummer).

Dolo y conocimiento de la antijuridicidad.

El dolo es precisamente “el fin de cometer un delito determinado”. Por delito no puede entenderse otra cosa que un tipo objetivo, porque el concepto “delito” no puede ser entendido como delito completo (“stricto sencu”).

El dolo que abarque el conocimiento de la antijuridicidad seria un concepto cuyo aspecto cognoscitivo se integraría con componentes harto heterogéneos: un conocimiento efectivo y una posibilidad de conocimiento.

El dolo no pasa de ser el querer la realización del tipo objetivo, y que para nada necesita del conocimiento de la antijuridicidad ni de su posibilidad.

Los conocimientos que se requiere.

El aspecto cognoscitivo del dolo abarca el conocimiento de los elementos requeridos en el tipo objetivo.

No se trata de que el sujeto activo tenga un conocimiento técnico de la ley, sino que basta con lo que se llama el conocimiento paralelo en la esfera del profano o la valoración paralela en la esfera del lego.

Del mismo modo que el dolo debe abarcar el conocimiento de los elementos positivos requeridos en el tipo objetivo, debe también abarcar el conocimiento de los caracteres negativos, es decir, de elementos tales como la falta de consentimiento en la violación, de la falta de padrinos en el duelo irregular, etc.

Previsión de la causalidad del resultado.

El dolo presupone que el autor haya previsto el curso causal y la producción del resultado típico. Sin esta previsión jamás se podría hablar de dolo.

Lo cierto es que con cualquiera de estas denominaciones no se resuelve nada: se dice que hay desviaciones relevantes del curso causal respecto de lo planeado y desviaciones irrelevantes.

Algunos errores sobre la causalidad.

·   Aberratio ictus: es el caso en que una conducta se dirige contra un objeto, pero afecta a otro objeto, al que no se quería ni se aceptaba la posibilidad de afectar.

·   Aberratio ictus “error en el golpe”:

·   Dolus generalis: es un error sobre la causalidad en que el autor cree haber alcanzado el resultado, pero en realidad este sobreviene dentro del curso causal con posterioridad.

El error de tipo. Naturaleza.

El error de tipo es el fenómeno que determina la ausencia de dolo cuando, habiendo una tipicidad objetiva, falta o es falso el conocimiento de los elementos requeridos por el tipo objetivo.

En todos estos casos desaparece la finalidad típica, es decir, la voluntad de realizar el tipo objetivo. No habiendo querer de la realización del tipo objetivo, no hay dolo y, por ende, la conducta es atípica. Son casos en que hay tipicidad objetiva, pero no hay tipicidad subjetiva, porque falta el dolo.

Dolo es querer la realización del tipo objetivo; cuando no se sabe que se esta realizando un tipo objetivo, no puede existir ese querer y, por ende, no hay dolo: ese es el error de tipo.

Todo error que determina la imposibilidad de la voluntad realizadora del tipo objetivo es un error de tipo.

El error de prohibición puede eliminar la posibilidad exigible de comprender la antijuridicidad y, como consecuencia, hacer que la conducta, pese a ser típica y antijurídica, no sea reprochable (culpable).

·   El error de tipo afecta al dolo, el de prohibición a la comprensión de la antijuridicidad:

·   El error de tipo se da cuando vulgarmente “el hombre no sabe lo que hace”: el de prohibición cuando “sabe lo que hace” pero cree que o es contrario al orden jurídico:

·   El error de tipo elimina la tipicidad dolosa: el de prohibición puede eliminar la culpabilidad.

 

Ejemplos de errores de tipo.

Ejemplos de errores de prohibición.

“A” acciona un arma que cree descargada, pero esta cargada y causa la muerte de “B”.

“A” cree que le va a matar un ladrón y le dispara para defenderse. En realidad era su amigo “B” que estaba bromeando.

Una mujer embarazada ingiere un tranquilizante que resulta ser un abortivo y que le provoca un aborto.

Una mujer embarazada proveniente de un país en que no esta penado el aborto, ingiere un abortivo creyendo que no esta prohibido hacerlo.

Un estudiante regala un analgésico a un compañero, que en realidad es un barbitúrico.

Una mujer gorda regala un barbitúrico a su amiga, para adelgazar, ignorando que esta prohibido.

Un cliente toca un jarrón sin saber que sirve de apoyo a una estantería que se desploma rompiendo un muñeco.

Un indígena rompe un muñeco en un comercio porque cree (conforme a las creencias del lugar de que proviene) que tiene poderes maléficos y que le causara la muerte.

Un sujeto se lleva un abrigo ajeno, creyendo que es el propio.

Un sujeto se lleva un abrigo ajeno porque piensa usarlo y devolverlo al día siguiente, creyendo que eso no es delito.

Efectos.

El error es el conocimiento falso acerca de algo: la ignorancia es la falta de conocimiento sobre algo. Desde el punto de vista del derecho penal, ambos tienen los mismos efectos.

En cualquier caso, el error de tipo elimina el dolo y, como consecuencia ineludible, la tipicidad dolosa de la conducta.

No obstante, siempre que se habla de error, se distingue entre el error evitable o vencible y el error inevitable o invencible. Es evitable el error en que no se hubiese caído en caso de haberse aplicado la diligencia debida, como sucede en el caso del cazador, que con la debida diligencia se hubiese percatado de que quien se movía era su compañero de caza y no un oso. Es inevitable el error de quien poniendo la diligencia debida no hubiese salido del error, como en el supuesto de que la mujer embarazada hubiese ingerido el tranquilizante recetado por un medico y en cuyo rotulo no hubiese ninguna advertencia.

En caso de que el error de tipo sea inevitable (o invencible) además de eliminar la tipicidad dolosa, descarta cualquier otra forma de tipicidad.

Siendo el error vencible (o evitable) también elimina la atipicidad dolosa, pero en caso de que haya tipo culposo y se den sus extremos, podrá ser la conducta típicamente culposa.

 

Error de tipo

Elimina siempre el dolo y, por ende, la tipicidad dolosa de la conducta.

Puede ser

Vencible

Puede dar lugar a la tipicidad culposa.

Invencible

Elimina también la posibilidad de la tipicidad culposa.

El error de tipo psíquicamente condicionado.

Es bien conocido que en ciertos padecimientos psíquicos se producen los fenómenos psicopatológicos conocidos como alucinaciones (cuando hay una percepción sensorial sin objeto exterior) o ilusiones (cuando hay una percepción sensorial que distorsiona un objeto exterior). Se tratara de una incapacidad de conocer los elementos requeridos por el tipo objetivo, proveniente de una causa psicopatológica, que no debe confundirse con la incapacidad de culpabilidad (inimputabilidad).

Clases de dolo según el aspecto conativo.

Se llama dolo directo a aquel en que el autor quiere directamente la producción del resultado típico, sea como el fin directamente propuesto o sea como uno de los medios para obtener ese fin. Cuando se trata del fin directamente querido se llama dolo directo de primer grado y cuando se quiere el resultado como necesaria consecuencia del medio elegido para la obtención del fin, se llama dolo directo de segundo grado o dolo de consecuencias necesarias.

En el dolo directo, el resultado se quiere directamente (como fin o como consecuencia necesaria del medio querido), y esta forma de querer es diferente del querer un resultado concomitante cuando se lo acepta como posibilidad: este es el dolo eventual.

Cuando un sujeto programa la causalidad para obtener una finalidad, se representa los posibles resultados concomitantes de su conducta. En tal caso, si confía en que evitara o no sobrevendrán esos resultados, nos hallamos con un supuesto de culpa con representación.

El dolo eventual, conceptuado en términos corrientes, es la conducta del que se dice “que se aguante”, “que se fastidie”, “si pasa, mala suerte”, “que me importa”. Obsérvese que aquí no hay una aceptación del resultado tal, sino su aceptación como posibilidad, como probabilidad.

El limite entre el dolo eventual y la culpa con representación es un terreno resbaladizo, aunque mas en el campo procesal que en el penal. En nuestra ciencia, el limite lo da la aceptación o el rechazo de la posibilidad de producción del resultado, y en el campo procesal lo que se plantea es un problema de prueba que en cada caso de duda acerca de la aceptación o rechazo de la posibilidad de producción del resultado, impondrá que el tribunal considere que hay culpa.

 

Dolo

Directo

De primer grado: cuando el resultado es querido directamente como fin.

De segundo grado: cuando el resultado es la consecuencia necesaria del medio elegido.

Eventual

Cuando el sujeto se representa la posibilidad del resultado concomitante y la incluye como tal en la voluntad realizadora.

Cabe aclarar que si bien la mayor parte de los tipos dolosos admite el dolo eventual, hay tipos dolosos que solo pueden darse con dolo directo. Expresiones tales como “a sabiendas”, “intencionalmente, maliciosamente, et.”.

Los elementos subjetivos del tipo distintos del dolo.

Estos requerimientos pueden ser de dos distintas naturalezas: unas son ultraintenciones, particulares direcciones de la voluntad que van más allá del mero querer la realización del tipo objetivo; otros son particulares disposiciones internas del sujeto activo.

A las ultraintenciones pertenece, por ejemplo, el propósito de evitar la deshonra, que debe acompaña al dolo de homicidio en el tipo subjetivo del infanticidio. A las disposiciones internas pertenece la alevosía, que requiere que la muerte sea cometida aprovechando la indefensión de la victima y no solo conociéndola.

Derecho Penal I‎ - ‎Resumen Zaffaroni‎ - 11. Tipos Culposos

Culpa y finalidad.

El tipo culposo, al igual que el doloso, no hace nada distinto que individualizar una conducta. Si la conducta no se concibe sin volunta, y la voluntad no se concibe sin finalidad, la conducta que individualiza el tipo culposo tendrá una finalidad, al igual que la que individualiza el tipo doloso.

Los tipos (dolosos y culposos) contienen prohibiciones de conductas.

El tipo culposo no individualiza la conducta por la finalidad sino porque en al forma en que se obtiene esa finalidad se viola un deber de cuidado.

Asentado que el tipo culposo prohíbe una conducta que es tan final como cualquier otra, cabe precisar que, dada su forma de deslindar la conducta prohibida, el mas importante elemento que debemos tener en cuenta en esta forma de tipicidad es la violación de un deber de cuidado.

Solo son típicas las conductas culposas que así se tipifican en la parte especial y a ellas es a las que hay que acudir para tratar de construir el concepto general de culpa.

Si bien se ha dicho que la imprudencia es un exceso en el actuar y la negligencia es una falta en el actuar, lo cierto es que uno y otro caso, hay un deber de cuidado violado, que es lo importante, como se deduce del mismo tipo cuando, en general, se refriere a los deberes a su cargo.

Los tipos culposos como tipos abiertos.

Hemos visto que son tipos abiertos los que deben ser completados (cerrados) por el juez, acudiendo a una disposición o norma de carácter general que se encuentra fuera del tipo. El tipo abierto, por si mismo, resulta insuficiente para individualizar la conducta prohibida. Esto es lo que sucede siempre con los tipos culposos: no es posible individualizar la conducta prohibida si no se acude a otra norma que nos indique cual es el cuidado a su cargo que tenia el sujeto activo.

La función del fin en el tipo culposo.

Para la determinación del elemento más importante del aspecto objetivo del tipo culposo, es necesario un dato previo que viene dado por un momento subjetivo: el fin de la conducta. Si no tenemos disponible el dato que nos informa cual era la finalidad que perseguía la conducta, no sabremos de que conducta se trata y, por ende, no podremos averiguar cual era el deber de cuidado que incumbía al agente, lo que nos impedirá saber si lo había violado y, consiguientemente, no podremos averiguar si la conducta era o no típica.

No hay un deber de cuidado general, sino que a cada conducta corresponde u deber de cuidado. De allí que sea inevitable que los tipos culposos sean abiertos, y la única manera de cerrarlos sea sabiendo de que conducta se trata. Para saber que una conducta es de conducir, de demoler, de encender o de hachar, debemos saber su finalidad, porque hay conductas que exteriormente son idénticas, que pueden causar los mismos resultados, pero cuya diferencia emerge solo de la finalidad, lo que las hace ser conductas diferentes, a las que incumben deberes de cuidado diferentes.

En el dolo lo típico es la conducta en razón de su finalidad, en tanto que en la culpa lo es la conducta pero en razón del planeamiento de la causalidad para la obtención de la finalidad propuesta.

La función del resultado en los tipos culposos.

Todos los planteamientos que se han hecho de la teoría de la culpa a partir del resultado, han sido completamente erróneos, precisamente por sobrevalorar la función del mismo, que en el tipo culposo no tiene otra que delimitar los alcances de la prohibición. El resultado es un delimitador de la tipicidad objetiva culposa, que algunos han llamado “componente de azar”.

La realidad es que el resultado es, efectivamente, un componente de azar, que responde a la propia función garantizadora que debe cumplir el tipo es un sistema de tipos legales. El resultado integra el tipo porque así lo exige la función garantizadora que cumple el tipo y la ley penal en general, por no decir que todo el derecho.

La causalidad.

La causalidad en el tipo culposo participa de las mismas penurias que el resultado pero, por lo demás, sigue siendo un concepto físico al igual que en el tipo doloso.

Tan causal es la conducta del que violo el deber de cuidado como la del que no lo violo: si el que no violo el deber de cuidado no se hubiese hallado en ese lugar, la colisión no hubiera tenido lugar.

La violación del deber de cuidado.

Habiendo fracasado todas las tentativas de valerse de la causalidad para individualizar la conducta culposa, paso a desempeñar un primerísimo papel la violación del deber de cuidado.

Resulta claro que el deber de cuidado debe ser violado por una conducta, porque es inadmisible que haya procesos causales que violen deberes de cuidado.

El deber de cuidado debe determinarse conforme a la situación jurídica y social de cada hombre. No es parejo el deber de cuidado que tiene a su cargo el conductor de un vehículo individual y el de uno de transporte colectivo.

Estos problemas se solucionan en la ciencia penal contemporánea acudiendo al “principio de confianza”, según el cual resulta conforme al deber de cuidado la conducta del que en cualquier actividad compartida mantiene la confianza en que el otro se comportara conforme al deber de cuidado mientras no tenga razón suficiente para dudar o creer lo contrario.

El nexo de determinación.

No basta con que la conducta sea violatoria del deber de cuidado y cause el resultado, sino que, además, debe mediar una relación de determinación entre la violación del deber de cuidado y la causación del resultado, es decir que la violación del deber de cuidado debe ser determinante del resultado.

Causalidad hay cuando la conducta de conducir un vehículo causa a alguien la muerte, haya o no violación del deber de cuidado. Lo que aquí se requiere es que en una conducta que haya causado el resultado y que sea violatoria de un deber de cuidado, el resultado venga determinado por la violación del deber de cuidado.

Para establecer esta relación de determinación entre la violación del deber de cuidado y la producción del resultado: debemos imaginar la conducta cuidadosa en el caso concreto, y si el resultado no hubiese sobrevenido, habrá una relación de determinación entre la violación del deber de cuidado y el resultado; por el contrario, si aun en el caso en que la conducta hubiese sido cuidadosa, el resultado se hubiese producido, no existirá relación de determinación entre la violación del cuidado debido y el resultado.

El aspecto subjetivo del tipo culposo. Naturaleza.

Hablamos de tipo objetivo y subjetivo culposo, por razones de conveniencia de ordenamiento expositivo, pero lo cierto es que para determinar la presencia de aspectos que hacen al tipo objetivo concretamente, la violación del deber de cuidado y la posibilidad de previsión del resultado (previsibilidad).

Por otra parte en el aspecto cognoscitivo del tipo subjetivo culposo hay un conocimiento potencial, es decir, una posibilidad de conocimiento, no requiriéndose un conocimiento efectivo, como sucede en el caso del dolo.

Componentes subjetivos.

El tipo subjetivo culposo se integra en un aspecto conativo y un aspecto intelectual o cognoscitivo. El aspecto conativo es la voluntad de realizar la conducta final de que se trate con os medios elegidos, cuya función dentro de la estructura típica culposa ya hemos visto.

El aspecto cognoscitivo o intelectual de la culpa es la posibilidad de conocer el peligro que la conducta crea para los bienes jurídicos ajenjos y de prever la posibilidad del resultado conforme a este conocimiento. Este aspecto se denomina previsibilidad.

Es imprevisible el resultado para el albañil, que no puede prever que el ladrillo que coloca se aflojará pasados veinte años y caerá hundiendo el cráneo de un paseante. En lugar, hay un error invencible de tipo, que también elimina la previsibilidad, cuando alguien conduce por un camino sinuoso atendiendo todas las indicaciones, pero causa un accidente porque circula en dirección prohibida, debido a que alguien había cambiado las originales indicaciones de los carteles. Se encuentra en error invencible de tipo quien descarga bultos de un camión, que cree que contienen lana porque así están rotulados, y uno de ellos resulta conteniendo un explosivo que al arrojarlo del vehículo estalla, causando lesiones.

La ignorancia invencible que elimina la previsibilidad conforme a la capacidad de previsión de cada individuo.

Culpa con representación y culpa inconsciente.

Se llama culpa con representación o culpa inconsciente a aquella en que el sujeto activo se ha representado la posibilidad de la producción del resultado, aunque la ha rechazado en la confianza de que llegado el momento, lo evitara o no acontecerá. Este es el límite de la culpa con el dolo eventual.

En la culpa inconsciente o culpa sin representación no hay un conocimiento efectivo del peligro que con la conducta se introduce para los bienes jurídicos, porque se trata del supuesto en que el sujeto ha podido y debido representarse la posibilidad de producción del resultado y, sin embargo, no lo ha hecho.

La tipicidad culposa se satisface con un conocimiento potencial del peligro de los bienes jurídicos, sin que requiera el conocimiento efectivo de dicho peligro, es decir, que la tipicidad culposa contenta con la forma inconsciente, sin que sea menester la culpa consciente o con representación.

Contenido del llamado “principio de culpabilidad”.

El principio de culpabilidad, en su formulación mas simple, reza “no hay delito sin culpabilidad”.

Lo que antes se llamaba “principio de culpabilidad”, representa dos exigencias que deben analizarse por separado, en dos distintos niveles de análisis: a) en la tipicidad, implica la necesidad de que la conducta (para ser típica) deba al menos ser culposa; b) en la culpabilidad, implica que no hay delio si el injusto no es reprochable al autor.

Violación del “nullum crimen sine culpa”: la responsabilidad objetiva.

La imputación de la producción de un resultado, fundada en la acusación del mismo, es lo que se llama responsabilidad objetiva.

No solo hay responsabilidad cuando se pena una conducta solo porque ha causado un resultado, sino también cuando se agrava la pena por la misma razón. Ambos casos implican, pues, violaciones al principio nullum crimen sine causa.

La preterintención y otros supuestos.

La preterintención es el caso en que se tipifica conjuntamente una conducta como dolosa por dirigirse a un fin típico y como culposa por la acusación de otro resultado.

 

Las figuras abarcan supuestos en que una sola conducta típica.

De un tipo doloso y de un tipo culposo (preterintencional).

De dos tipos dolosos (tipicidad plural dolosa).

De dos tipos culposos (tipicidad plural culposa).

Delitos “calificados por el resultado”.

Si por tales se entienden algunas figuras complejas a las que nos hemos referido, no hay problema alguno en admitirlos, aunque de plano rechazamos esa denominación, porque hay quienes por delitos calificados por el resultado entienden formas de agravación fundadas en la mera acusación de un resultado mas grave, sin que medie dolo o culpa.

En nuestra legislación penal no hay ningún supuesto típico en que la producción del resultado no sea alcanzada al menos por la culpa.

El principio del “nullum rimen sine culpa” y su desconocimiento.

Siempre que se pretende violar el principio del nullum crimen sine culpa, se apela al malhadado “versari in re ilicita”. Según el principio del versari in re ilicita, es conceptuado autor el que, haciendo algo no permitido, por puro accidente causa un resultado antijurídico.

Conforme a este principio, el que quiso la causa, quiso el resultado.

La teoría de la “actio libera in causa”.

La teoría de la actio libera in causa, según la cual el dolo o la culpa del injusto debe trasladarse a la voluntad del sujeto presente en el momento de colocarse en estado de incapacidad de culpabilidad.

La teoría de la actio libera in causa parece bastante convincente, porque funcionaria del siguiente modo: si un sujeto bebe para embriagarse completamente y en ese estado mata a su enemigo, de hacerlo efectivamente habría un homicidio doloso. Si el mismo sujeto bebe para embriagarse, sabiendo o debiendo saber que suele tener reacciones agresivas en ese estado, y comete un homicidio en ese estado, habrá un homicidio culposo. Por ultimo, si bebe tomando todas las precauciones imaginables para que no pase nada y no obstante, se embriaga y comete un injusto, la conducta será atípica.

Critica a la teoría.

Quien injuria a otro sin tener en cuenta que puede tener una reacción violenta, está obviamente violando un deber de cuidado. Si su conducta violatoria del deber de cuidado, en cualquiera de estos casos causa una lesión a alguien, tendremos perfectamente configurada la tipicidad culposa. En consecuencia, hablar de actio libera in causa culposa no tiene sentido, debiendo reducirse el ámbito de la actio libera in causa al dolo.

Limitados al dolo, la cuestión cambia totalmente de aspecto, porque la conducta de colocarse en estado o situación de inculpabilidad carece de tipicidad objetiva.

El argumento mecánico.

Se ha argumentado que la culpabilidad no tiene porque coincidir con el momento en que se produce el resultado, defendiendo así a la actio libera. Es verdad que si alguien coloca una bomba de tiempo, poco importa que este ebrio o loco en momento en que la bomba estalle, pero esto no tiene nada que ver con la actio libera in causa, porque la acción de colocar una bomba de tiempo es un acto ejecutivo, una tentativa acabada de homicidio o de otro delito, en tanto que beber no es un acto de tentativa de homicidio, y tampoco es un acto ejecutivo de lesiones i una conducta típica de injurias. En tanto que en el caso de la bomba hay tipicidad, en el otro no la hay, y cuando comienza a haberla, ya no hay culpabilidad.

Adelantamos algo que se podrá comprenderse mejor mas adelante: en la estructura del tipo, la objetividad típica ya surge cuando un sujeto se coloca en un estado o situación que le impide realizar la conducta debida. Aquí tampoco tiene nada que ver la teoría de la actio libera in causa, sino que hay una tentativa cuando quien requiere cierta precisión de movimientos para la conducta debida, se coloca en un estado que le impide realizarla: el medico que se embriaga en medio de una intervención quirúrgica para no suturar la herida y dejar que el paciente muera por la hemorragia, esta realizando un acto de tentativa.

Derecho Penal I‎ - ‎Resumen Zaffaroni‎ - 12. Tipos Omisivos

Naturaleza de la omisión.

En tanto que los tipos activos individualizan la conducta prohibida mediante descripciones que completan con algunos elementos normativos, los tipos omisivos lo hacen describiendo la conducta debida y estando, por ende, prohibida cualquier otra conducta que difiera de la debida.

Acción y omisión son, den definitiva, dos técnicas diferentes para prohibir conductas humanas. En tanto que en el enunciado prohibitivo se prohíbe hacer la acción que se individualiza con el verbo (matar), en el enunciado perceptivo se prohíbe realizar cualquier otra acción que no sea la que individualiza el verbo (ayudar).

 

Tipo activo

Tipo omisivo

Describe la conducta prohibida.

Describe la conducta debida (esta prohibida la que es diferente).

Se le antepone una norma enunciada prohibitivamente (no mataras).

Se le antepone una norma enunciada perceptivamente (ayudaras).

Estructura del tipo objetivo. Situación, exteriorización y posibilidad.

El tipo omisivo tiene un aspecto objetivo y otro subjetivo.

En el aspecto objetivo del tipo omisivo encontramos ante todo una situación típica, que en el Art. 108 es el encontrarse frente a la persona necesitada de auxilio.

En esa concreta situación típica debe darse también la exteriorización de una voluntad distinta de la voluntad realizadora de la conducta debida.

No hay conducta debida de auxiliar cuando no existe posibilidad de prestar auxilio.

Equivalente típico de la acusación.

En el tipo objetivo omisivo, la conducta distinta de la debida no causa el resultado típico.

En el tipo omisivo no se requiere un nexo de causación entre la conducta prohibida (distinta de la debida) y el resultado, sino un nexo de evitación, es decir, la muy alta probabilidad de que la conducta debida hubiese interrumpido el proceso causal que desemboco en el resultado.

El autor.

Se llaman omisiones propias o tipos de omisión propia a aquellos en que el autor puede ser cualquiera que se encuentre en la situación típica.

Se llaman omisiones impropias o tipos de omisión impropia a aquellos en que el autor solo puede ser quien se encuentra dentro de un limitado círculo que hace que la situación típica de la omisión equivalga a la de un tipo activo. Los tipos de omisión impropia tienen un tipo activo equivalente y la posición en que debe hallarse es autor se denomina posición de garante.

 

Tipos de omisión.

Propia

Autor que puede ser cualquiera (delicta comunia)

No tiene un tipo activo como equivalente

Impropia

Autor solo puede ser el que se encuentra en posición de garante (delicta propia)

Tiene un tipo activo como equivalente

 

 

 

 

La omisión impropia y su problemática.

Los tipos de omisión impropia son tipos que se generan a partir de una conversión del enunciado de una norma prohibitiva (no mataras) en una norma perceptiva (respetaras la vida de tu prójimo).

Hemos dicho que la conversión de este enunciado es algo que no puede hacerse libremente, porque la norma enunciada prohibitivamente tiene un alcance mucho menor del que surge de su enunciado perceptivo.

Solo pueden ser autores de conductas típicas de omisión impropia quienes se hallan en posición de garante, es decir, en una posición tal respecto del sujeto pasivo que les obligue a garantizar especialmente la conservación, reparación o restauración del bien jurídico penalmente tutelado.

Las fuentes de la posición del garante.

Como se coloca un sujeto en posición de garante? Cuales son las fuentes de las que puede surgir esa posición? A nuestro juicio, las fuentes posibles son tres: la ley, el contrato y la conducta anterior del sujeto.

Así, una posición de garante alcanzada por la vía del deber legal es la de los padres respecto de los hijos. El contrato como fuente de la posición de garante opera, por ejemplo, cuando se trata de un contrato que crea para una de las partes la obligación de garantía en forma muy particular: la enfermera que se obliga a cuidar a un enfermo; el guía que se obliga a conducir al explorador por un terreno peligroso; el medico que se obliga a atender una guardia.

Tipo omisivo subjetivo. Aspecto cognoscitivo.

En el aspecto cognoscitivo, el dolo dentro de la estructura típica omisiva requiere el defectivo conocimiento de la situación típica y la previsión de la causalidad.

Tipo omisivo subjetivo. Aspecto conativo.

Hay autores que sostienen que en la omisión no hay dolo, sino un equivalente del dolo. Esta afirmación se funda en que en la omisión no hay causación del resultado, es decir, que en la omisión la conducta prohibida no causa el resultado. Debido a ello se sostiene que la finalidad no dirige la causalidad y, por consiguiente, no puede hablarse de dolo propiamente dicho.

Por nuestra parte, creemos que se puede hablar de una verdadera finalidad en los tipos omisivos.

El dolo no se monta sobre una causación, sino que es finalidad típica en el sentido de que dirige la causalidad pero teniendo como base una previsión de la misma. Lo que es fundamental de la causalidad, que en la omisión existe de la misma manera que en la tipicidad activa.

Omisiones culposas.

El concepto general de la culpa no sufre en la omisión alteración que sea fundamental para el mismo. Invariablemente, debe estar presidido por el elemento fundamental de la violación del deber de cuidado.

La violación del deber de cuidado puede surgir en especial en los siguientes casos:

·   En la apreciación de la situación típica.

·   En la ejecución de la conducta debida.

·   En la apreciación de la posibilidad física de ejecución.

·   En el conocimiento de su condición que le pone en posición de garante.

La culpa, dentro de la estructura típica omisiva, puede tener tanto la forma de culpa consciente como inconsciente. La culpa inconsciente en la omisión da lugar a los llamados “delitos de olvido”.

Derecho Penal I‎ - ‎Resumen Zaffaroni‎ - 13. Tipicidad Conglobante

Función de la tipicidad conglobante.

El tipo legal es la manifestación de una norma que se genera para tutelar una relación de un sujeto con un ente, que se llama “bien jurídico”. La norma prohibitiva que da lugar al tipo no esta aislada, sino que permanece junto con otras normas también prohibitivas, formando un orden normativo, en el que no se concibe que una norma prohíba lo que otra ordena o lo que otra fomenta.

Puede darse el fenómeno de que la formula legal aparente abarcar supuestos que son alcanzados por la norma prohibitiva en cuanto se la considere aisladamente, pero que de ningún modo pueden quedar dentro de lo que ella prohíbe cuando se la considera conglobadamente, esto es, formando parte de un universo ordenado de normas. De allí que la tipicidad penal no se reduzca a la tipicidad legal (es decir, a la adecuación a la formulación legal), sino que debe evidenciar una verdadera prohibición con relevancia penal, para lo cual debe estar prohibida a la luz de la consideración conglobada de la norma, es decir, que la tipicidad penal implica la tipicidad legal corregida por la tipicidad conglobante, que puede reducir el ámbito de aparente prohibición que surge de la sola consideración de la tipicidad legal.

Los principales supuestos en que consideramos que pese a la tipicidad legal, media una tipicidad conglobante, se dan cuando una norma ordena lo que otra parece prohibir (cumplimiento del deber jurídico), cuando una norma parece prohibir lo que otra fomenta, cuando una norma parece prohibir lo que otra norma excluye del ámbito de prohibición por estar fuera de la ingerencia del Estado (Art. 19 CN), y cuando una norma parece prohibir conductas cuya realización garantizan potras normas, prohibiendo las conductas que la perturban.

Supuestos de atipicidad conglobante. Acuerdo.

El acuerdo es una forma de aquiescencia que configura una causa de atipicidad pero que debe ser cuidadosamente diferenciada del consentimiento, que solo puede ser un limite a alguna causa de justificación. El acuerdo es precisamente el ejercicio de la disponibilidad que el bien jurídico implica, de modo que jamás, por mucha que sea la apariencia de tipicidad que la conducta tenga, puede estar el tipo prohibiendo una conducta para la que el titular del bien jurídico haya prestado su conformidad.

El acuerdo puede ser dado por el titular del bien jurídico. Tratándose de un bien jurídico de sujeto simple, solo pueden darlo todos los titulares.

El consentimiento, en lugar, es también una forma de aquiescencia, pero que se da cuando un precepto permisivo hace surgir una causa de justificación que ampara la conducta de un tercero en la medida en que obre con el consentimiento del titular del bien jurídico. Se trata del limite de un permiso, que solo puede ejercerse en la medida en que haya consentimiento. Por su naturaleza el consentimiento es eminentemente revocable, es decir, que el titular puede revocarlo en cualquier momento.

 

Aquiescencia

Acuerdo

Es el que da el titular del bien jurídico en ejercicio de la disponibilidad y hace típica la conducta del tercero.

Es revocable solo en la forma en que la ley lo admite.

Consentimiento

Es el que da el titular del bien jurídico como limite en que un tercero puede ampararse en una causa de justificación.

Es eminentemente revocable.

 

Las intervenciones quirúrgicas.

En las intervenciones quirúrgicas el tipo legal se halla completo, tanto en su aspecto objetivo como subjetivo. No puede negarse el fin de lesionar en el cirujano. Tanto hay fin de amputar una pierna en el cirujano que lo hace para evitar que el paciente muera, como en el criminal que quiere inutilizar a su odiado enemigo. Bien puede sostenerse que el medico actúa justificadamente porque quiere salvar al paciente, en tanto que el criminal lo hace porque quiere dañarle y, por ende, no esta cubierto por ninguna causa de justificación. No obstante, decir que el cirujano actúa al amparo de una causa de justificación es tan poco coherente como afirmar que el oficial de justicia comete un hurto calificado.

La atipicidad surge de la consideración conglobada de la norma antepuesta al tipo de lesiones bastando para ello con que se persiga el fin terapéutico, sin importar si lo logra, siempre que en caso de no lograrlo haya procedido conforme a las reglas del arte medico, cuya violación puede dar lugar a tipicidad culposa de lesiones.

Por intervenciones con fin terapéutico se deben entender las que persiguen la conservación o el restablecimiento de la salud o bien, la evitación de u daño mayor o, en algunos casos, la simple paliación o desaparición del dolor.

No todas las intervenciones quirúrgicas tienen fin terapéutico, como sucede en ciertas intervenciones de cirugía plástica o en la extracción de órganos o de tejidos para ser injertados en otro. En estos casos de intervención sin fin terapéutico, las lesiones no son atípicas, sino que están justificadas dentro de ciertos limites, implicados en el legitimo ejercicio de una profesión licita, es decir, siempre que el medico ejerza su profesión conforme a las disposiciones que la reglamentan. En este género de intervenciones, el ejercicio del derecho surge que la causa de justificación esta estrictamente limitado por el consentimiento del paciente.

Intervención quirúrgica.

Con fin terapéutico.

Son atípicas por estar fomentadas por el derecho.

Cuando no media acuerdo del paciente puede haber responsabilidad administrativa y algún delito contra la libertad.

Sin fin terapéutico.

Son típicas pero justificadas en la medida del consentimiento y de la adecuación a las normas reglamentarias.

Cuando no media consentimiento hay una conducta típica de lesiones dolosas antijurídicas.

Las lesiones deportivas.

La tipicidad legal de las lesiones cuya tipicidad penal elimina el correctivo de la conglobancia normativa, es en todos los deportes tipicidad culposa, excepto en uno de ellos, que es el boxeo, en que los reglamentos dejan atípicas las lesiones dolosas que son propias de la practica usual del mismo.

 

Las lesiones en la práctica de los deportes son.

Legalmente típicas

Como lesiones dolosas en el boxeo.

Como lesiones culposas en los demás deportes.

Pero conglobalmente atípicas, siempre que la conducta haya tenido lugar dentro de la práctica reglamentaria del deporte.

Perdiendo la atipicidad conglobante y cobrando tipicidad penal en caso de violación de los reglamentos.

Como lesiones dolosas en el boxeo.

Y como lesiones culposas en los demás deportes.

Las actividades riesgosas fomentadas.

La resbaladiza ubicación del llamado “riesgo permitido” obedece a que abarca supuestos que son completamente distintos. En la actualidad, algunos lo ubican entre las causas de justificación y otros entre las causa de atipicidad. A nuestro juicio, corresponde distinguir los casos de actividades riesgosas que son fomentadas por el orden normativo y otras que solo son permitidas por el orden jurídico. Las primeras son claramente atípicas, porque quedan fuera de la norma prohibitiva, en tanto que las segundas son justificadas.

El principio de la insignificancia.

La insignificancia de la afectación excluye la tipicidad, pero la misma se sólo se puede establecer a través de la consideración conglobada de la norma: todo el orden normativo persigue una finalidad, tiene un sentido, que es el aseguramiento jurídico para posibilitar una coexistencia que evite la guerra civil (la guerra de todos contra todos). La insignificancia solo puede surgir a la luz de la finalidad general que le da sentido al orden normativo y, por ende, a la norma en particular, y que nos indica que esos supuestos están excluidos de su ámbito de prohibición, lo que no se puede establecer a la simple luz de su consideración.

Derecho Penal I‎ - ‎Resumen Zaffaroni‎ - 14. La Antijuridicidad

Antijuridicidad y antinormatividad.

Las normas jurídicas configuran un orden –orden normativo, de normas-, pero el orden jurídico no se agota en las normas prohibitivas sino que se integra también con preceptos permisivos, que puestos también en un cierto orden con las normas culminan el orden jurídico: el orden jurídico se compone del orden normativo completado con los preceptos permisivos.

La tipicidad no es mas que un indicio de la antijuridicidad, porque con la primera no tenemos afirmada nada mas que la antinormatividad de la conducta.

Concepto de antijuridicidad formal y material.

Debemos tener presente que la antijuridicidad no surge del derecho penal, sino de todo el orden jurídico, porque la antinormatividad pude ser neutralizada por un permiso que puede provenir de cualquier parte del derecho.

La antijuridicidad es, pues, el choque de la conducta con el orden jurídico, entendido no solo como un orden normativo (antinormatividad), sino como un orden normativo y de preceptos permisivos.

El método según el cual se comprueba la presencia de la antijuridicidad consiste en la constatación de que la conducta típica (antinormativa) no esta permitida por ninguna causa de justificación (precepto permisivo) en ninguna parte del orden jurídico (no solo en el derecho penal, sino tampoco en el civil, comercial, administrativo, labora, etc.).

La antijuridicidad “material” fue concebida como lo socialmente “dañoso” y el defensor de esta posición fue Von Litz. No obstante Linz sostenía que la antijuridicidad “material” no podía ser relevada sino pasando previamente por la antijuridicidad “formal” o “legal”, puesto que consideraba al derecho penal como la “Carta Magna” del delincuente.

Si la antijuridicidad puede reconocerse como algo “socialmente dañoso”, fuera e independientemente de a ley, primero se reconocerá que este concepto “material” sirve para restringir la antijuridicidad llamada “formal”, y luego se lo usara para extenderla.

Justificación supralegal e injusto supralegal.

Entendemos que, superados los ribetes dramáticos en que la cuestión se planteo, el orden jurídico nacional e internacional, ofrece hoy soluciones mucho mas simples y que no ha menester de apelar a la construcción de un injusto supralegal. La adhesión de los estados a la declaración universal de los derechos humanos y los principios fundamentales asentados en nuestra CN nos evitan este problema, pudiendo solucionarse todos los planteos sin necesidad de acudir a conceptos “supralegales”.

Politización de la antijuridicidad material.

Así como la antijuridicidad “material” fue usada primero para la justificación supralegal y luego para el injusto supralegal, también fue politizada, porque, en definitiva, es un concepto bastante irracional y evidentemente manejable.

En la actualidad es en la Unión Soviética donde se maneja el concepto de antijuridicidad politizado, afirmándose que el hecho solo es delito sui constituye un peligro para la sociedad socialista, con lo que la antijuridicidad queda reemplazada por la peligrosidad social, no del autor –al modo positivista- sino de la conducta. Esta peligrosidad social (antijuridicidad material de la acción) se define como la “particularidad que tiene la acción prohibida de causar un daño mas grave a la sociedad socialista que el producido por la violación de la ley no penal”.

Antijuridicidad e injusto.

Antijuridicidad es la característica que tiene una conducta de ser contraria al orden jurídico; injusto penal es la conducta que presenta los caracteres de ser penalmente típica y antijurídica. La antijuridicidad es una característica del injusto.

El injusto personal.

Esta teoría no tiene otro objeto que sostener la tradicional división del delito según el criterio objetivo-subjetivo y hacer recaer la antijuridicidad solo sobre el aspecto objetivo del delito, reservando todo lo subjetivo para la culpabilidad. Desde que se sostiene una teoría compleja del injusto, no queda ora alternativa que afirmar que el injusto es personal, y que la antijuridicidad de una conducta depende tato de características y datos objetivos como subjetivos, siendo arbitraria la escisión de los datos subjetivos del campo de la antijuridicidad.

Si alguna duda cabe acerca de que nuestro ordenamiento consagra la teoría del injusto personal, no tenemos mas que acudir a la regulación de la legitima defensa de terceros donde las conductas de dos personas, en la misa situación de defensa, pueden ser una antijurídica (la del tercero defendido que ha provocado la agresión) y otra justificada (la de quien le defiende sin haber intervenido en la provocación).

Tipos permisivos o causas de justificación. Estructura.

El tipo permisivo presupone para su aplicación una tipicidad prohibitiva, porque no puede pensarse en tratar de averiguar si una conducta esta justificada cuando no se ha comprobado aun su tipicidad.

Así como el tipo prohibitivo individualiza conductas prohibidas, el tipo permisivo selecciona de entre las conductas antinormativas las que permite.

Entre los negadores del injusto personal hay dos posiciones: quienes afirman que el tipo permisivo tiene un aspecto subjetivo al lado del objetivo (posición predominante en el causalismo actual y quienes pretenden que el tipo permisivo es absolutamente objetivo posición minoritaria del causalismo). Por nuestra parte, y afirmando la calidad personal del injusto, no podemos menos que sostener la estructura compleja del tipo permisivo, con elementos subjetivos que integran un aspecto subjetivo paralelo al objetivo.

El inc. 3 del Art. 34 (estado de necesidad justificante) dice: “El que causare un mal por evitar otro…” es decir, que para queda incurso en esa formula debe haber procedido “por” evitar otro mal mayor y para ello, lógicamente, se hace necesario que haya reconocido antes el mal amenazado. El inc. 6 del mismo articulo dice: “el que obrare en defensa…”, y no puede obrar “en” defensa quien no sabe que se esta defendiendo.

Cabe aclarar que la afirmación de que el tipo permisivo (o causa de justificación) tiene un aspecto subjetivo, en modo alguno implica que a ese aspecto pertenezca el conocimiento de que se esta actuando conforme a derecho, porque tal conocimiento es absolutamente innecesario para que opere la justificación o tipicidad permisiva.

La congruencia del tipo permisivo.

Así como el tipo prohibitivo requiere una congruencia entre sus aspectos objetivo y subjetivo, también la requiere el tipo permisivo, abarcando en el mismo aspectos cognoscitivos que son presupuestos necesarios de los conativos. Los elementos particulares dependen de cada tipo permisivo en especial: así, la legitima defensa requiere el reconocimiento de la situación de defensa y la finalidad de defenderse; el estado de necesidad requiere el reconocimiento de la amenaza sobre el bien mayor y la finalidad de evitarlo, etc.

Cuando falta la tipicidad subjetiva requerida conforme al tipo permisivo de que se trate, no habrá justificación, aunque se hayan dado todos los elementos requeridos por el tipo objetivo de justificación o permisivo.

Tampoco habrá tipicidad permisiva cuando falten los elementos objetivos de la justificación y solo existan los subjetivos. Se tratara de un caso de error, es decir, del supuesto que se denomina “justificación putativa”, que, en realidad, es un problema de error de prohibición.

El fundamento genérico de los tipos permisivos.

Hemos visto que la naturaleza última de las causas de justificación es la de ejercicio de un derecho. No obstante, no cualquier ejercicio de derechos es una causa de justificación o tipo permisivo. Los ejercicios de derechos que surgen de los tipos permisivos son a los que hace referencia el inc. 4 del Art. 34 CP, porque los derecho que surgen de la CN, por ejemplo, no necesitan ser mencionados en dicho articulo, puesto que basta a su respecto el principio de reserva. Los ejercicios de derechos que surgen de los tipos permisivos no son fomentados por el estado, sino solamente concedidos ante la imposibilidad de resolver la situación conflictiva de otra manera.

Es difícil señalar un fundamento común para todos los tipos permisivos, aunque la teoría del “fin” puede ser quizá un indicador: el fin de coexistencia demanda que en ciertas situaciones conflictivas se concedan derechos a realizar conductas antinormativas.

Clasificación.

Hay tipos permisivos o causas de justificación que se hayan en la parte general del CP (Art. 34, incs. 3, 6 y 7). Otros se encuentran en la parte especial del CP, constituyendo las llamadas “justificaciones específicas”. Los restantes se encuentran en cualquier parte del orden jurídico, como resultado de la remisión que “el legitimo ejercicio de su derecho” del ara 34 inc. 4 implica.

La legitima defensa. Naturaleza y fundamento.

El fundamento de la legítima defensa es único, porque se basa en el principio de que nadie puede ser obligado a soportar lo injusto. Se trata de una situación conflictiva en la cual el sujeto puede actuar legítimamente porque el derecho no tiene otra forma de garantizarle el ejercicio de sus derechos o, mejor dicho, la protección de sus bienes jurídicos.

Caracteres de la defensa propia. Requisitos.

·   Bienes defendibles. La defensa puede ser propia o de terceros.

La defensa “propia o de sus derechos” abarca la posibilidad de defender legítimamente cualquier bien jurídico. El requisito de la racionalidad de la defensa no excluye la posibilidad de defender ningún bien jurídico, sino que exige una cierta proporcionalidad entre la acción defensiva y la agresiva, cuando ella sea posible, es decir, que el defensor debe utilizar el medio menos lesivo que tiene en sus manos.

·   La agresión ilegitima. Tanto la agresión como la defensa deben ser conductas. No hay agresión cuando no hay conducta, como sucede cuando se trata del ataque de un animal o de un involuntable. Ilegitima significa antijurídica, y no puede ser antijurídico algo que no es conducta. Contra esos ataques que no son conductas solo cabe el estado de necesidad.

La agresión debe ser:

·   Una conducta,

·   Antijurídica.

·   Intencional.

El carácter antijurídico de la agresión excluye la posibilidad de una legítima defensa contra una legítima defensa. Nadie puede defenderse legítimamente contra quien, a su vez, se esta defendiendo legítimamente.

La agresión antijurídica no es necesario que se haya iniciado. La ley dice que la defensa puede ser “para impedirla o repelerla”: se la repele cuando se ya ha iniciado, pero se la impide cuando aun no ha tenido comienzo. Nuestra doctrina y jurisprudencia exige que la agresión sea inminente.

·   La provocación suficiente. La ley niega el permiso par defenderse legítimamente a quien ha provocado suficientemente la agresión.

La conducta suficientemente provocadora es una conducta desvalorada por mostrarse contraria a los principios de coexistencia que el derecho procura.

Debe ser provocadora, es decir que debe operar como un motivo decisivo para la conducta antijurídica agresiva.

De todas las posibles conductas provocadoras son desvaloradas como elemento negativo del tipo permisivo solo la que presenta el carácter de suficientemente provocadora. Lo suficiente de la provocación (de la conducta anterior motivadora) presenta un carácter positivo y un negativo. Como carácter positivo hallamos la previsibilidad, es decir, u la posibilidad de provocar la agresión sea al menos previsible, en forma que las reglas de elemental prudencia indicasen la abstención de una conducta semejante en la circunstancia dada.

No habrá provocación suficiente, por muy previsible que fuera la agresión, en las simples conductas de ir al domicilio habitual, al hogar conyugal, de pasar por una esquina donde “para” una “patota”, de entrar a una taberna, etc.

Cinéticamente, digamos que la provocación es la conducta anterior, que da motivo a la agresión, y que se desvalora como suficiente cuando hace previsible una agresión, sin que a este efecto puedan tomarse en cuenta las características personales antisociales del agresor.

 

Provocación

Es la conducta anterior del titular del bien agredido que da motivo a la agresión

Suficiente es cuando

Es previsible el desencadenamiento de la agresión

Sin que para ello deban tomarse en cuenta los caracteres personales antisociales del autor de la agresión

·   Necesidad de la defensa. La defensa, para ser legitima, debe ser, ante todo, necesaria, es decir, que el sujeto no haya estado obligado a realizar otra conducta menos lesiva o inocua en lugar de la conducta típica.

La necesidad debe siempre valorarse ex-ante, es decir, desde el punto de vista del sujeto en el momento en que se defiende: quien dispara sobre el que le apunta se defiende legítimamente, aunque después se descubra que el agresor le apuntaba con un arma descargada.

·   Racionalidad de la defensa. La defensa no puede ser en condiciones tael que afecte a la coexistencia más que la agresión misma. No puede haber una desproporción tan enorme entre la conducta defensiva y la del agresor, en forma que la primera cause un mal inmensamente superior al que hubiese producido la agresión.

·   Aspecto subjetivo del tipo permisivo. En el tipo permisivo de legítima defensa se requiere el conocimiento de la situación de defensa, es decir, el reconocimiento de la agresión, y la finalidad de defenderse. Ya vimos que es innecesario el conocimiento de la legitimidad de la acción defensiva.

Cabe aclarar que la finalidad de defenderse no tiene porque ser alcanzada, es decir que la legitimidad de la defensa no depende del éxito de la misma. Aunque se fracase y no se evite la agresión, igualmente habrá defensa legítima.

Caracteres de la defensa de terceros.

Como es dable observar, la única diferencia que media entre la defensa propia y la de terceros es respecto de la provocación: en tanto que quien provoco suficientemente no puede defenderse legítimamente, puede hacerlo un tercero a condición de que no haya participado en la provocación. La circunstancia de que el tercero conozca la provocación no le inhabilita para defender legítimamente al agredido.

El estado de necesidad justificante. Concepto y requisitos.

Esta previsto en el inc. 3 del Art. 34 CP: “El que causare un mal por evitar otro mayor inminente a que ha sido extraño”.

Aquí a diferencia de la legítima defensa, en que solo tiene valor correctivo para los extremos en que excede la racionalidad, la ponderación de los males (el que se evita y el que se causa) tiene una importancia capital.

El mal que se quiere evitar puede provenir tanto de una fuerza de la naturaleza como de una acción humana.

El fundamento general del estado de necesidad justificante es la necesidad de salvar el interés mayor, sacrificando el menor, en una situación no provocada de conflicto externo.

Requisitos.

·   Elemento subjetivo: El tipo permisivo de estado de necesidad justificante requiere el conocimiento de la situación de necesidad y la finalidad de evitar el mal mayor.

·   Mal: Por mal debe entenderse la afectación de un bien jurídico, que puede ser del que realiza la conducta típica como de un tercero o incluso del mismo que sufre el mal mayor.

·   El mal puede provenir de cualquier fuente, es decir, humana o natural, entre olas que cuentan las propias necesidades filológicas, como la sed o el hambre.

·   El mal debe ser inminente: inminente es el mal que puede producirse en cualquier momento.

·   El mal amenazado debe ser inevitable de otro modo menos lesivo.

·   El mal causado debe ser menor que el que se quiere evitar: el mal menor se individualiza mediante una cuantificación que responde fundamentalmente a la jerarquía de los bienes jurídicos en juego y a la cuantía de la lesión amenazada a cada uno de ellos.

·   La ajenidad del autor a la amenaza del mal mayor implica que el mismo no se haya introducido por una conducta del autor en forma que, al menos, hiciera previsible la posibilidad de producción del peligro.

·   El agente no debe estar obligado a soportar el riesgo: el agente no puede ampararse en el estado de necesidad justificante cuando se halla garantizando la conservación del bien jurídico que afecta.

El ejercicio de un derecho.

El ejercicio de un derecho tiene para algunos el carácter de una causa de justificación. Ejercen sus derechos todos los que realizan conductas que no están prohibidas.

No puede considerarse esa mención como una causa de justificación o precepto permisivo, sino como el enunciado genérico que remite para su solución a cualquier parte del ordenamiento jurídico, donde se halle el respectivo precepto permisivo.

La antijuridicidad disminuida.

Suele afirmarse que no hay grados de antijuridicidad, aunque hay grado de injusto, es decir, que se puede hablar de un injusto menor o mayor, pero no se puede hablar de una antijuridicidad mayor o menor.

A nuestro juicio, tanto la antijuridicidad como la culpabilidad son características graduables. Así como puede decirse de un camino que es curvo, será más o menos curvo según el grado de curvatura que presente, del mismo modo se puede decir que un injusto era mayor o menor según el grado de antijuridicidad del mismo. Si la antijuridicidad no es graduable, no sabemos de donde resulta el mayor o menor injusto.

Art. 35 del código penal.

Este articulo dice: “El que hubiere excedido los limites impuestos por la ley, por la autoridad o por la necesidad, será castigado con la pena fijada para el delito por culpa o imprudencia”.

Esta disposición ha dado lugar a las interpretaciones mas dispares. Para unos son conductas culposas. Para oros son conductas dolosas, solo que sin culpabilidad disminuida. Para nosotros son conductas dolosas, solo que con un menor contenido de antijuridicidad, es decir, un injusto menor.

 

Hay quienes firman que el articulo 35 se refiere a

Conductas culposas

Afirmando que requiere siempre el error.

Y que abarca cualquier supuesto en que no se dan todos los requisitos del tipo permisivo.

Y quienes opinan que se ocupa de conductas dolosas con menor contenido de culpabilidad.

En tanto que nosotros entendemos que se refiere a conductas dolosas con menor contenido de antijuridicidad.

Afirmando que no requiere error.

Y que abarca solo los casos de conductas que comienzan estando conforme a derecho y terminan antijurídicamente.

Hay justificación incompleta cuando falta algún requisito de la justificación, en tanto que hay exceso en la justificación cuando se pasan los límites de la misma. Para exceder los límites de algún ámbito es necesario haber estado antes dentro de ese ámbito. Quien en ningún momento estuvo dentro del tipo permisivo, en modo alguno puede exceder sus límites. No excede los límites de la legítima defensa quien contesta un cachetazo con un obús, sino que nunca estuvo dentro de los límites de la legítima defensa y jamás puede pretender que se le aplique el Art. 35 CP:

Es más antijurídica la conducta que comienza y termina siendo antijurídica, que la que comienza siendo conforme a derecho y termina siendo antijurídica.

Derecho Penal I‎ - ‎Resumen Zaffaroni‎ - 15. La Culpabilidad

Concepto de culpabilidad.

Su concepto general ya lo hemos dado: es la reprochabilidad del injusto al autor.

¿Qué se reprocha? El injusto.

¿Por qué se le reprocha? Porque no se motivo en la norma.

¿Por qué se le reprocha no haberse motivado en la horma? Porqué le era exigible que se motivase en ella.

Un injusto, es decir, una conducta típica y antijurídica, es culpable, cuando al autor le es reprochable la realización de esa conducta porque no se motivo en la horma siéndole exigible, en las circunstancias en que actuó, que se motivase en ella. Al no haberse motivado en la norma cuando podía y le era exigible que lo hiciese, el autor muestra una disposición interna contraria al derecho.

Este concepto de culpabilidad es un concepto de carácter normativo, que se funda en que el sujeto podía hacer algo distinto a lo que hizo y le era exigible en esas circunstancias que lo hiciese.

Una conducta esta justificada cuando el derecho le concede al autor un permiso para que en esa circunstancia actúe de esa manera. Hemos visto también que la conducta justificada solo esta permitida, pero no esta fomentada y menos ordenada por el derecho.

En la culpabilidad la situación es aun peor, porque ni siquiera se rata de un permiso, el derecho no puede allí permitir la conducta, sino que únicamente no le puede exigir al sujeto que no haya hecho o que hizo, que no haya cometido el injusto.

Ante la conducta incurable puede haber una legítima defensa o cualquier otra causa de justificación, caben las reparaciones civiles, las sanciones administrativas, etc. Cuando media una legitima defensa, un estado de necesidad o cualquier ejercicio legitimo de derecho, la conducta queda justificada para todo el orden jurídico y ninguna consecuencia puede haber de ella para su autor por parte de ninguna rama del ordenamiento; pero cuando media una conducta que solo es inculpable, lo único que se excluye es le reproche jurídico-penal de la conducta.

En la justificación hay una situación conflictiva que el derecho debe resolver dando un permiso, porque de no hacerlo resultaría perjudicado su objeto general. En la inculpabilidad hay una situación en la que solo se excluye el reproche porque el autor no se le puede exigir ora cosa, pero reconociendo perfectamente que su conducta afecto la finalidad general del orden jurídico.

Evolución del concepto. Teorías psicológicas, normativas y de representación.

Teoría psicológica

Es la relación psicológica entre la conducta y el resultado.

No resuelve el problema de a culpa, el de la imputabilidad y el de la necesidad inculpante.

Teoría compleja

Es reprochabilidad, pero conserva los componentes psicológicos, como el dolo, entendido.

Como contenido no desvalorado

Su contenido heterogéneo coloca al mismo plano al dolo y a la culpa que reprocha, con el reproche que hace.

Como presupuesto de la culpabilidad

Como contenido desvalorado

Teoría normativa.

Es reprochabilidad, que presupone.

Posibilidad de comprensión de la antijuridicidad de la conducta y

Que el ámbito de autodeterminación el sujeto haya tenido cierta amplitud.

El principio de culpabilidad. Su base antropológica.

Hemos visto que lo que tradicionalmente se llamaba “principio de culpabilidad”, se descompone hoy en dos diferentes niveles: en uno de ello funciona el “nullum crimen sine culpa”, es decir, que no puede haber delito si al menos no es culposo; en otro, opera la condición de reprochabilidad para que haya delito. El primero es un problema de tipicidad y el segundo es el requerimiento general de la culpabilidad normativa en el delito. Nos toca ocuparnos aquí de este segundo requerimiento.

El principio de culpabilidad entendido como “no hay pena si la conducta no le es reprochable al autor”, debe fundarse necesariamente en la aceptación de que el hombre es un ente capaz de autodeterminarse.

Si leemos nuestro CP, veremos que no resiste el más superficial análisis de sus disposiciones desde un punto de vista determinista. Si suprimimos la libertad de la voluntad veremos que nuestro CP es inexplicable.

Culpabilidad de acto y de autor.

Hay dos posiciones sobre la culpabilidad que son bien autenticas e inconciliables: la culpabilidad de acto y la culpabilidad de autor. Hemos afirmado que nuestro derecho penal es de acto.

En la culpabilidad de acto se entiende que lo que se reprocha al hombre es su acto en la medida de la posibilidad de autodeterminación que tuvo en el caso concreto. Dicho mas brevemente, la reprochabilidad de acto es la reprochabilidad de lo que el hombre hizo. En la culpabilidad de autor se le reprocha al hombre su personalidad, no lo que hizo, sino lo que es.

Se responsabiliza al hombre por su conducción en la vida, porque el delito se estima que es el resultado del modo en que el sujeto condujo su vida y la culpabilidad es en realidad el reproche a esta conducción de la vida del individuo.

La llamada co-culpabilidad.

Todo sujeto actúa en una circunstancia dada y con un ámbito de autodeterminación también dado. En su personalidad misma hay una contribución a ese ámbito de autodeterminación puesto que la sociedad nunca tiene la posibilidad de brindar a todos los hombres las mismas oportunidades. En consecuencia, hay sujetos que tienen un menor ámbito de autodeterminación condicionado de esta forma por causas sociales. No será posible poner en la cuenta del sujeto estas causas sociales y cargarle con ellas a la hora del reproche de culpabilidad. Suele decirse que aquí hay una co-culpabilidad con la que debe cargar la sociedad misma. Se pretende que este concepto de co-culpabilidad es una idea introducida por el derecho penal socialista. Creemos que en nuestro CP hay una clara aplicación del principio de co-culpabilidad en el Art. 41 CP, cuando se exige que para graduar la pena se tome en cuenta “la miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos”.

La comprensión de la antijuridicidad. Requisito legal.

“comprensión de la criminalidad” es la comprensión de todas las características externas que hacen delictiva una conducta y no solo de a antijuridicidad, pero de cualquier manera, no cabe duda que allí esta exigida la posibilidad de comprensión de la antijuridicidad.

Comprensión no es lo mismo que conocimiento, sino un concepto más amplio que presupone el conocimiento, porque sin conocimiento nunca puede haber comprensión.

La ley no exige que se haya comprendido efectivamente la criminalidad, sino que se haya podido comprender.

Teorías del dolo y de la culpabilidad.

Teorías que ubican la conciencia de la antijuridicidad en el dolo.

Para nosotros, lo que se requiere en la culpabilidad es la posibilidad exigible de conocimiento y comprensión de la antijuridicidad. Para otros autores, particularmente para los causalistas, el delito requiere una efectiva comprensión o un efectivo conocimiento de la antijuridicidad, que llaman “conciencia de a antijuridicidad” o “conciencia del injusto”.

Teorías que ubican el problema de la culpabilidad.

Las teorías que ubican el dolo en la culpabilidad (causalistas) no siempre exigieron que el dolo tuviese una efectiva conciencia de la antijuridicidad, sino que hubo algunas que dentro de la culpabilidad y al lado del dolo, pero fuera de el, ubicaron el requisito de la posibilidad de comprensión de la antijuridicidad, entendido como “conocimiento potencial” (posibilidad de conocimiento).

Esta posición, que fue siempre la más coherente, se mantiene cuando se quita al dolo de la culpabilidad para llevarlo al tipo. Esta es la llamada teoría estricta de la culpabilidad, que es la que sostenemos y conforme a la cual efectuamos nuestra exposición.

Frente a la teoría estricta de la culpabilidad surgió otra teoría que introduce una complicación en el esclarecimiento del problema y que es la lógica complementación de la teoría de los elementos negativos del tipo a nivel de la culpabilidad. Se trata de la teoría limitada de la culpabilidad.

 

Teoría del dolo

La conciencia del injusto pertenece al dolo. En versión estricta sierre es conocimiento efectivo, pero en la versión limitada el conocimiento efectivo puede ser reempleado por la ceguera para el derecho.

Teoría estricta de la culpabilidad

La posibilidad de comprensión del injusto se halla en la culpabilidad, permaneciendo ajeno al dolo, sea que este se halle en el tipo o en la culpabilidad.

Teoría limitada de la culpabilidad

La conciencia de la antijuridicidad pertenece a la culpabilidad, pero cuando depende del conocimiento de la falta de situación de justificación se ubica en la tipicidad (dolo).

Naturaleza y contenido de la comprensión de la antijuridicidad.

Conciencia de la antijuridicidad y conciencia individual.

No puede confundirse la conciencia de la antijuridicidad como conocimiento potencial exigido en la culpabilidad, con la conciencia individual que rechaza la norma jurídica. Esto da lugar a otro tipo de problemas, que en conjunto se conocen como autoría por conciencia o por conciencia disidente. El autor por conciencia o por conciencia disidente es el que siente la necesidad de cometer el injusto en virtud de un imperativo de conciencia, es decir, como un deber moral.

La conciencia disidente es la voz de la conciencia individual, que no puede servir para hacer perder validez al derecho, porque de reconocérsela con generalidad, la vigencia del derecho quedaría dependiendo de la aceptación de la conciencia individual.

Naturaleza de la comprensión de la antijuridicidad.

No se exige la efectiva comprensión de la antijuridicidad, sino que basta con su posibilidad.

Por “comprender” no puede entenderse solo conocer. El conocimiento es un grado anterior a la comprensión.

Comprender implica, pues, conocer y también internalizar, porque la internalización requiere el conocimiento previo. En este sentido de comprender como internalizar, se hace evidente que la mayoría de los autores de injustos no han comprendido la antijuridicidad.

Mal puede la ley exigir una comprensión efectiva de la antijuridicidad, porque ella casi nunca se da. En lugar, lo que la ley requiere, y esta dado en la mayoría de las veces, es la posibilidad de comprender la antijuridicidad.

No a todo el mundo se le puede exigir en la misma medida la comprensión de la antijuridicidad. Hay casos en que la exigencia es mayor que en otros. Ello depende del esfuerzo que el sujeto hubiese debido caber para comprender –internalizar- la norma. Cuanto mayor sea el esfuerzo que el sujeto deba hacer para internalizar la norma, tanto menor será la reprochabilidad de su conducta, y viceversa.

 

Comprender la antijuridicidad significa conocerla e internalizarla.

La culpabilidad se conforma con una posibilidad exigible de comprensión de la antijuridicidad, no requiriendo una efectiva comprensión del injusto, que en la mayoría de los casos no existe o es imperfecta.

El grado de esfuerzo que el sujeto debía haber realizado para internalizar los valores jurídicos y motivarse en ellos es inverso al grado de exigibilidad y, en consecuencia, al de reprochabilidad (culpabilidad).

El contenido de la posibilidad de comprensión de la antijuridicidad.

La posibilidad de comprensión presupone una posibilidad de conocimiento, que eventualmente puede llegar a ser un conocimiento efectivo en el caso concreto.

Lo que se requiere es la posibilidad del conocimiento que se caracterizo como “valoración paralela en la esfera del profano”, que es la posibilidad de conocimiento análogo al efectivamente requerido respecto de los elementos normativos de los tipos legales.

Suele decirse que basta el conocimiento de la antijuridicidad, sin que sea necesario el conocimiento de la penalización de la conducta.

Creemos que el código requiere la posibilidad de conocimiento de la antijuridicidad como penalmente relevante, por lo que en el caso del extranjero como en el del estudiante, admitiendo que fuesen errores vencibles, no habrá culpabilidad.

Derecho Penal I‎ - ‎Resumen Zaffaroni‎ - 16. Las Causas de Inculpabilidad

La inimputabilidad. Concepto.

“Imputabilidad” en sentido amplísimo es la imputación física y psíquica, siendo ese el sentido en que aparece usada la expresión en el Art. 34 del CP, pero no se la utiliza técnicamente en tal sentido amplísimo. Con ella quiere designarse generalmente a la capacidad psíquica de culpabilidad.

Dicho en otras palabras: para reprocharle una conducta a un autor que haya tenido un cierto grado de capacidad psíquica que le haya permitido disponer de un ámbito de autodeterminación.

La inimputabilidad -entendida como capacidad de culpabilidad- tiene dos niveles, uno que debe ser considerado como la capacidad de comprender la antijuridicidad, y otro que consiste para adecuar la conducta a la comprensión de la misma. Cuando falte la primera capacidad nos faltara la culpabilidad por ausencia de la posibilidad exigible de comprensión de la antijuridicidad; cuando falte la segunda capacidad, nos hallaremos con un supuesto de estrechamiento del ámbito de autodeterminación del sujeto, en este caso, por una circunstancia que proviene de su propia incapacidad psíquica.

 

Inimputabilidad, por

Incapacidad de comprensión de la antijuridicidad.

Elimina la culpabilidad, porque cancela la posibilidad exigible de comprensión de la antijuridicidad.

Incapacidad para autodeterminarse conforme a la comprensión de la antijuridicidad.

Elimina la culpabilidad porque estrecha el ámbito de autodeterminación del sujeto.

Incapacidad psíquica. Efectos psíquicos que acarrean la incapacidad.

La incapacidad psíquica para comprender la antijuridicidad tiene como base necesaria una perturbación de la conciencia. Hemos visto que en los casos de inconciencia no hay voluntad y, por ende, no hay conducta. En lugar, los casos en que la conciencia funciona pero perturbadamente, pueden dar lugar a otras incapacidades mas profundas, es decir, si la perturbación de la conciencia no ha motivado una ausencia de tipicidad, nos encontraremos con la posibilidad de una ausencia de culpabilidad.

El límite entre lo normal y lo patológico no es precisamente lo que nos interesa aquí, sino que, lo que a nuestros efectos interesa es poder formarse una idea del esfuerzo que el sujeto debía realizar para comprender la antijuridicidad de su conducta.

No es el concepto de normalidad el que nos sirve, sino que, a los efectos de la inimputabilidad, de lo que tiene que darnos cuenta el psiquiatra es de las características psíquicas que dificultaron o facilitaron la comprensión de la antijuridicidad en el momento de la realización del injusto. Cuanto mayor sea la perturbación de la conciencia que el psiquiatra y el juez observen, mayor será el esfuerzo que el sujeto debió hacer para comprender la antijuridicidad y, por consiguiente, menor ha de ser la reprochabilidad. El objetivo del peritaje o peritación psiquiatrita es precisamente, dar al tribunal una idea de la magnitud de ese esfuerzo, que es lo que incumbe al juez valorar para determinar si excedía el marco de lo jurídicamente exigible y, por ende, reprochable.

Debe tenerse en cuenta que la inimputabilidad es una característica de la conducta que depende de un estado del sujeto. Por ende, la capacidad psíquica de culpabilidad hay que medirla respecto de cada delito.

El efecto que apareja incapacidad psíquica de culpabilidad es la perturbación de la conciencia y la causa de la perturbación puede ser la insuficiencia de las facultades o la alteración morbosa de las facultades (Art. 34 inc. 1 CP).

 

Causa

Efecto

Perturbación de la conciencia por:

Insuficiencia de las facultades o

Imposibilidad de comprender la antijuridicidad de la conducta o

Alteración morbosa de las facultades

De dirigir las acciones conforme a esa comprensión.

La insuficiencia y la alteración morbosa de las facultades.

La insuficiencia de las facultades no necesita tener origen morboso. Así, una disminución de la atención proveniente de la falta de sueño y agotamiento, no es morbosa sino “normal”, pero puede dar lugar a inimputabilidad. Lo mismo cabe decir de ciertos estados crepusculares, entre dormido y despierto, que todos atravesamos diariamente, habiendo individuos y circunstancias en que se prolongan un poco mas, sin que ello tenga carácter morboso.

Dentro de la insuficiencia de las facultades caben todas las oligofrenias, es decir, los casos en que hay una falta de inteligencia congénita o producida por detención del desarrollo, que reconocen tres grados, (profundo, medio y superficial, llamados tradicionalmente iodicia, imbecilidad y debilidad mental), a condición de que no provoquen una incapacidad mas profunda. También pueden generar incapacidad las demencias, las psicosis endógenas y exógenas.

Algunos casos particulares.

La oligofrenia es como un larga vistas que no tiene poder suficiente para dejarnos ver objetos muy lejanos y muy pequeños, pero el delirio es un larga vistas que puede ser potente, pero que tiene los vidrios de color, lo que nos hará distorsionar todo lo que veamos. Otro de los problemas que sigue preocupando a la ciencia penal es el de las llamadas psicopatías o personalidades psicopatitas. Si por psicópata consideramos al sujeto que tiene una atrofia absoluta e irreversible de su sentido ético, es decir, un sujeto incapaz de internalizar o introyectar pautas o normas de conducta, el psicópata no tendrá capacidad para comprender la antijuridicidad de su conducta y, por ende, será un inimputable.

La neurosis, que algunos llaman “enfermedad por causas psíquicas” y otros no las consideran enfermedades, por lo general no dan lugar a inimputabilidad.

En cuanto a las toxicofrenias, el problema es muy amplio. En general, la conducta realizada durante un episodio de intoxicación aguda protagonizado por un individuo que puede calificarse de toxicofrenico, es decir, que tiene incorporado el toxico a su forma de vida, especialmente cuando lo tiene incorporado a su metabolismo en forma que no puede prescindir de el sin padecimiento físico, es un claro caso de inimputabilidad, en que ni siquiera puede pensarse en la responsabilidad por tipicidad culposa de la conducta de intoxicarse, puesto que el sujeto es inimputable también por esa conducta, porque si bien tendrá la capacidad de comprender la antijuridicidad, no tiene la de dirigir sus acciones conforme a esa comprensión.

La imputabilidad disminuida.

La mayoría de los códigos modernos contienen una previsión para ciertos casos en que la exigibilidad de la comprensión de la antijuridicidad no se halla totalmente excluida, aunque esta sensiblemente disminuida en el sujeto. Se llama a estos supuestos “inimputabilidad disminuida”, aunque, en realidad, son casos de menor culpabilidad por menor reprochabilidad de la conducta.

En nuestro CP no hay una formula general de la culpabilidad disminuida. No obstante, hay claros casos de culpabilidad disminuida en el mismo, uno de los cuales es la emoción violenta del Art. 81 inc. 1 del CP.

El error de prohibición. Concepto.

El error que recae sobre los elementos que son exigidos en el tipo objetivo es el error de tipo, que invariablemente excluye la tipicidad dolosa de la conducta. Cuando el error de tipo es invencible elimina cualquier tipicidad, en tanto que, cuando es vencible, puede dar lugar a tipicidad culposa, en caso de que los extremos de la misma estén dados.

El error de prohibición no pertenece para nada a la tipicidad ni se vincula con ella, sino que es un piro problema de culpabilidad. Se llama error de prohibición al que recae sobre la comprensión de la antijuridicidad de la conducta. Cuando es invencible, es decir, cuando con la debida diligencia el sujeto no hubiese podido comprender la antijuridicidad de su injusto, tiene el efecto de eliminar la culpabilidad. Cuando es vencible, para nada afecta a la tipicidad dolosa o culposa que ya esta afirmada al nivel correspondiente, teniendo solo el efecto de disminuir la reprochabilidad, es decir, la culpabilidad, lo que se traduce en la cuantía de la pena, que puede disminuirse hasta donde la ley autoriza: hasta el mínimo legal conforme al Art. 41 CP, o, en algunos casos, aplicando disposiciones especiales, como la del párrafo 2 del Art. 80 del CP (circunstancias extraordinarias de atenuación).

Clasificación y efectos.

El error de prohibición siempre impide la comprensión de la antijuridicidad cuanto es invencible, pero, a veces lo hace porque afecta a la posibilidad de conocimiento de la misma, en tanto que en otras, hay conocimiento de la antijuridicidad, pero no puede exigirse la comprensión de la misma. Esta segunda forma del error de prohibición es el error de comprensión, es decir, el error que impide la internalización o introyección de la norma, por mucho que la misma sea conocida.

En líneas generales, el error de prohibición puede ser:

Error que afecta el conocimiento de la antijuridicidad, que puede ser

Directo, cuando recae sobre el conocimiento de la norma prohibitiva.

Indirecto, que recae sobre la permisión de la conducta, y que puede consistir en

La falsa suposición de la existencia de un permiso que la ley no otorga, o en

La falsa admisión de una situación de justificación que no esta dada (justificación putativa).

Error de comprensión, que afecta la comprensión de la antijuridicidad.

 

Efectos el error de prohibición, de cualquier clase que fuere

Si es invencible

Elimina la culpabilidad y el injusto no llega a ser delito

Si es vencible

Reduce la culpabilidad y hay delito, pudiéndose solo rehuir la pena hasta el mínimo legal establecido para el delito de que se trate.

Cabe recordar que no puede identificarse al error de prohibición con el error de derecho. la clasificación del error en error de derecho y error de hecho esta desprestigiada y, si queremos compararla con la de error de tipo y de prohibición, así como el error de tipo no es lo mismo que el error de hecho, el error de prohibición tampoco es igual al error de derecho, porque la falsa admisión de una situación de justificación que no esta dada, es decir, la llamada justificación putativa, es un error de hecho (el sujeto cree que lo agraden y le están jugando una broma, cree que el incendio le amenaza porque esta encerrado y no esta encerrado) y, no obstante, es un error de prohibición.

Respecto de la denominación justificación putativa, cabe precisar que la misma es corriente, pero no debe promover equívocos: la llamada justificación putativa es una causa de inculpabilidad motivada en el error que impide la comprensión de la antijuridicidad de la conducta.

Vencibilidad e invencibilidad del error. El error vencible de prohibición.

Error vencible será aquel que puede exigirse al autor que lo supere, e invencible su contrario, pero no es muy esclarecedor el planteo, porque no se pueden dar reglas fijas y generales.

Estamos seguros de que no es posible dar reglas fijas que sean útiles en los casos limites, puesto que la exigibilidad de comprensión, o sea, la sensibilidad del error, es cuestión que deberá determinarse en cada caso, teniendo en cuenta las características personales, profesionales, el grado de instrucción, el medio cultural, la oscuridad de la ley, las contradicciones de las resoluciones judiciales o administrativas al respecto, etc.

El delito putativo.

Delito putativo se lama a todos los casos de error al revés, en que el sujeto cree que existe lo delictivo objetivo y en realidad falta. También se lo llama “delito imaginario” o delito “ilusorio”. Si bien algunos limitan el delito putativo al supuesto en que se supone que hay una antijuridicidad que en realidad no existe, esto no es mas que un caso del mismo, porque delito putativo hay tanto en el caso del error de tipo “al revés” como en el del error de prohibición “al revés”. Hay un delito imaginario cuando alguien supone que hay elementos del tipo objetivo que no existen, como quien quiere cometer adulterio con la propia mujer o hurtar lo que es de su propiedad, como cuando alguien ignora que viene permiso para defenderse legítimamente. En cualquiera de ambos casos el delito no existe, es meramente imaginario, ilusorio, y ninguna consecuencia puede tener la sola creencia falsa del sujeto. La imaginación del autor no puede fundar la antijuridicidad.

El error de comprensión.

El error que recae sobre el conocimiento de la antijuridicidad hemos visto que es un error de prohibición, sea directo (cuando recae sobre la norma prohibitiva misma), sea indirecto (cuando recae sobre la permisión de la conducta). No obstante, puede haber casos en que el sujeto conoce la prohibición y la falta de permiso y, sin embargo, no le sea exigible la internalización de la pauta que conoce.

Nosotros cometiendo injurias al rechazar a la mujer perfumada con orines en la sociedad esquimal, y el indígena violando las disposiciones sobre inhumaciones en nuestra sociedad, estaremos en supuestos de error de comprensión, porque no se nos podría exigir la posibilidad de comprender la antijuridicidad de la conducta, en el sentido de internalizar las normas. En estos supuestos estaremos en un error invencible de prohibición en la forma de error de comprensión.

El error culturalmente condicionado.

El condicionamiento cultural no siempre da lugar a un error de prohibición, sino que puede dar lugar a distintas clases de errores. Así los miembros de la cultura ahuca, en el oriente ecuatoriano, tienen el convencimiento de que el hombre blanco siempre les matara en cuanto los vea, de modo que deben adelantarse a esta acción, entendiendo que es un acto de defensa. En tal caso, nos hallaremos con un error de prohibición culturalmente condicionado pero que sea una justificación putativa y no un error de comprensión.

Por una concepción errónea de causalidad, puede creerse en una causalidad mágica y entender que se defiende legítimamente de quien se cree seriamente que les esta causando la muerte con sortilegios, lo que es muy común en las culturas africanas, requiriendo para conjurar los mismos, muertes particularmente crueles de los brujos. Aquí también tendremos un caso de defensa putativa basada en un error sobre la concepción de la causalidad.

Estos errores sobre la causalidad pueden dar lugar a errores de tipo: quienes someten ciertos tratamientos a un hombre para curarlo, particularmente en la creencia de que esa menester propinarle una golpiza “para quitarle al diablo”, pueden causar la muerte del paciente así “tratado”, pero que no será una conducta dolosa de homicidio, porque media un error de tipo (error acerca de la causalidad).

Errores en particular. Error de prohibición, de subsunción y de punibilidad.

El error que recae sobre el cumplimiento de un deber jurídico es un error sobre el alcance de la norma prohibitiva, con la única diferencia de que el autor cree actuar conminado por otra norma prohibitiva. Esta última circunstancia no altera en nada la naturaleza de error de prohibición directo, el policía que cree que tiene el deber de disparar y dar muerte al ladrón que huye, se encuentra en un error directo de prohibición.

Subsunción parece significar el encuadre típico de la conducta. Así entendido, poco importa que el autor crea que su conducta es típica de uno y otro tipo legal, pues hasta el conocimiento paralelo en la esfera del profano.

La ley requiere en el inciso primero del Art. 34 que el autor haya podido comprender la criminalidad del acto, eximiendo de pena al que por error invencible no tuvo esa posibilidad. Lo lógico es suponer, por vía de una analogía in bonam partem, impuesta por la necesidad de salvar la racionalidad del derecho, que cuando el autor solo pudo comprender una magnitud del injusto menor que el efectivamente cometido, la pena no pueda exceder de la prevista para el injusto cuya magnitud pudo comprender. Por consiguiente, es estos casos en que el error de subsunción es un error invencible de prohibición que no tiene por resultado eliminar la posibilidad de comprensión de la antijuridicidad, sino solo permitir la comprensión de un menor grado de injusto, se impone aplicar la pena correspondiente al injusto en cuya antijuridicidad creyó incurrir el autor y no la del injusto realmente cometido.

Otro error que suele acarrear discusiones es el error sobre la punibilidad del delito, es decir, el que apareja la falsa creencia de que el delito no es punible, sea porque se suponga la existencia de una causa de exclusión de pena que la ley no reconoce o supuestos objetivos de una causa legal de exclusión de pena que no este realmente dados.

La falsa suposición de atenuantes.

Se trata de otro caso de error de prohibición que tiene por efecto permitir únicamente la aplicación de la pena prevista para un injusto menor.

Si se tratase de tipos independiente, no habría duda de que la conducta quedaría impune, porque no puede darse la tipicidad objetiva de un tipo y subjetiva de otro y con eso pretender construir una y otra tipicidad, pero en los casos que mencionamos se trata de atenuantes que reconocen una misma figura básica. De allí que la solución sea aquí diferente.

Si el Art. 347 inc. 1 excluye la pena cuando no se pudo comprende la antijuridicidad de la conducta, cabe deducir que la atenúa en la medida correspondiente al tipo atenuado cuando solo se pudo comprender la antijuridicidad de una conducta tipita atenuada.

Consiguientemente, pese a que quien intimido lo hizo cometiendo una conducta típica y antijurídica de extorsión simple, solo cabe penarlo por extorsión atenuada, porque solo pudo comprender la antijuridicidad del tipo atenuado, y quien creyéndose complica resulta siendo en realidad el autor, debe ser juzgado por complicidad, porque solo pudo comprender la antijuridicidad de ese injusto menor.

El estado de necesidad inculpante. Regulación legal.

La regulación legal del estado de necesidad exculpante se halla en el inc. 2 del Art. 34 del CP, en la parte que dice “el que obrare violentado por… amenazas de sufrir un mal grave e inminente”.

Este supuesto suele considerarse como limitado a la coacción, es decir, al supuesto en que la amenaza proviene de una conducta humana: “te mato si no matas” el que bajo amenaza de muerte es obligado a integrar un pelotón de fusilamiento, por ejemplo. Este supuesto de estado de necesidad exculpante proveniente de la acción de intercero suele llamarse “vis compulsiva”, para distinguirlo de la “vis absoluta” o fuerza físico irresistible, contemplada en la primera del mencionado inc. 2 y que, como vimos, es un supuesto de ausencia de conducta.

El inc. 2 del Art. 34 del CP requiere que el mal amenazado sea grave e inminente, sin que exija que sea exactamente igual que el mal que se evita. Lógicamente, no puede haber una desproporción notoria entre el mal que se evita y el que se causa, porque en tal caso la magnitud del bien salvado no podrá tomarse en cuenta para disminuir el injusto cometido.

Por “mal grave” debe entenderse en su relación respecto “al mal causado”, pues que también se requiere una cierta ponderación de males y también, “grave conforme a las circunstancia personales del amenazado”, puesto que no cualquier nimiedad da lugar a una inculpabilidad. En cuanto a la inminencia, debe entenderse por tal el requerimiento de que el mal pueda producirse en cualquier momento y en forma tal que no deje posibilidad temporal de arbitrar otra solución menos lesiva.

En todos los casos de necesidad exculpante hay un menor injusto, porque siempre se salva un bien, lo que da lugar a que la exigibilidad de evitar el injusto cometido sea menor.

Para que este reducido el injusto y, por ende, sea menor la exigibilidad de evitarlo, hasta el punto de no alcanzar el umbral mínimo necesario para la formulación del reproche de culpabilidad, es necesario que el autor no se halle en ninguna particular situación jurídica de la que se derive el deber jurídico de afrontar el peligro.

Estado de necesidad y coacción.

El estado de necesidad exculpante sabemos que es el que se da cuando entran en colisión males, evitándose uno de mayor entidad que el que se causa. La coacción, entendida como la acción de un tercero que amenaza a otra para que cometa un delito, puede ser un estado de necesidad exculpante, pero también puede ser un estado de necesidad justificante: si el mal que se le amenaza es equivalente al que se quiere hacer causar, habrá un estado de necesidad exculpante: en lugar, si el mal que se amenaza es mas grave que el que se quiere causar, la coacción será un estado de necesidad justificante. Así, si A amenaza de muerte a B para que mate a C, el estado de necesidad que se encuentra B será justificante.

Dentro de nuestro esquema, que se maneja con un concepto personal del injusto, es admisible que el interpuesto para la comisión de un acto antijurídico actúe justificadamente. Cuando el obligado actúa justificadamente, el agredido no podrá defenderse contra el (porque no se admite causa de justificación contra causa de justificación), pero podrá actuar en estado de necesidad exculpante.

 

Los casos de coacción

En el que el mal que se amenaza es superior al que se obliga a realizar (coacción justificada)

Se resuelven por el inc. 3 del Art. 34 (necesidad justificante)

En tanto que cuando el mal que se amenaza es equivalente al que se obliga a realizar (coacción exculpante)

Se resuelven por el estado de necesidad exculpante del inc. 2 del Art. 34 CP

Que además de la coacción contempla las necesidades provenientes de hechos de la naturaleza.

En todos los supuestos de estado de necesidad exculpante, el injusto cometido debe ser una necesidad, es decir, deben ser supuestos en que no se pueda exigir justificadamente que el autor realice otra conducta menos lesiva.

Desconocimiento y falsa suposición de la situación de necesidad.

El sujeto que ignora la situación objetiva de necesidad en que actúa no es inculpable, porque su autodeterminación permanece intacta, debido a que la necesidad no influyó para nada en su motivación.

Inversamente, cuando el sujeto supone falsamente que se halla en una situación de necesidad inexistente, se tratara de un caso que debe resolverse como si fuese un error de prohibición, aunque no lo es totalmente.

El autor sea inculpable cuando el error sea invencible, porque no habrá podido comprender la criminalidad de su conducta, puesto que la culpabilidad también forma parte de la criminalidad y le era imposible reconocer que actuaba culpablemente. En caso de ser vencible el error, reducirá la exigibilidad, lo que deberá tomarse en cuenta a los efectos de la pena.

Derecho Penal I‎ - ‎Resumen Zaffaroni‎ - 17. Autoría y Participación

Autoría.

Siempre que hay una concurrencia de personas en un evento, cabe distinguir entre las que son autores y otras que participan en el mismo, pero que no son autores.

En este segundo sentido restringido o estricto, participación es participación en la conducta del autor, que puede tener la forma de instigación (cuando se decide a alguien a la comisión de un injusto o de un delito) o de complicidad (cuando se coopera con alguien en su conducta delictiva).

 

Concurso de personas en el delito

 

Autores

Participes

Instigadores

Cómplices

Naturaleza de los conceptos de autor y participe.

Los conceptos de autor, cómplice e instigador no son conceptos creados por el derecho penal, sino tomados de la vida cotidiana, de la realidad de lo óntico. El concepto de autor en una conducta de escribir un libro no se distingue fundamentalmente del concepto de autor en una conducta de escribir una carta injuriosa. Llamamos cómplice al que coopera con el autor, al que presta ayuda, y el concepto de cómplice en el derecho penal no es distinto del que manejamos cuando nos referimos a los colaboradores en un prologo y les agradecemos su ayuda.

Tampoco el que nos decide con el consejo oportuno, o con un ofrecimiento de dinero, a emprender una obra, como concepto se distingue del que nos decide a cometer un delito. El que nos ayuda y el que vuelca nuestra voluntad hacia una empresa cualquiera, toman el nombre de cómplice y de instigador respectivamente, cuando se trata de una empresa criminal.

Resulta obvio que el CP recepta la distinción entre el autor y el cómplice, lo que emerge del Art. 47, que es donde usa la palabra “complicidad”, indicando que cómplice es el que coopera con el autor.

El Art. 83 pena al “que instigare a otro al suicidio”; el 99, al que “instigare a otro a provocar o a aceptar un duelo”, y el 209 al que “instigare a cometer un delito”. No nos dice que es la instigación, pero por la forma en que usa la expresión en la parte especial deducimos que no altera el concepto semántico de “inducir a alguien a hacer algo”.

Instigación es una forma de determinación, pero no es la única.

El sistema del código penal argentino.

El CP adopta un método especial par la fijación de las penas, una distinción entre los cómplices, según que estos sean simples cómplices (llamados cómplices secundarios), a los que pena en forma atenuada, o que sean cómplices que en realidad prestan al autor una cooperación imprescindible, pero que no son autores porque no reúnen los requisitos para serlo (los llamados cómplices primarios), a los que equipara a los autores en cuanto a la pena. Por otra parte, pena como autor al que se vale de alguien que no domina el hecho (autoría mediata) y crea también un tipo especial para penar al que se vale de otro que no domina el hecho, pero que no puede ser autor porque le faltan los caracteres típicos y que tampoco puede ser instigador, porque falta una conducta de la que sea accesoria la instigación.

Los efectos de fijar la pena, el CP se limita, en los Art. 45 y 46, a establecer que la pena del delito se aplicara a los ejecutores, a los determinadores y a los cooperadores necesarios, en tanto que la escala reducida se aplicara a los cooperadores no necesarios.

 

Ejecutores

 

Autores

Determinadores

Instigadores

Cooperadores

cómplices

Autoría y participación. Criterios que se han sostenido.

Nos hallamos con dos maneras de encarar el problema de la distinción entre autoría y participación, en cuanto a la naturaleza de la misma.

Par unos, los participes son autores y las normas a su respecto son causas de atenuación de la pena. Este es el concepto extensivo de autor, que se funda en la causalidad y en la teoría de la equivalencia de las condiciones. Si se quiere fundar la autoría en la causalidad, todo el que aporta algo es autor y no hay manera de distinguir objetivamente entre autor y participe.

Esta teoría extensiva del autor debe ser rechazada, entre otras razones, por una que es fundamental y obvia: si la participación es una forma de atenuar la pena de la autoría, no puede ser participe quien no tiene los requisitos para ser autor.

Rechazado el concepto extensivo de autor, réstanos suscribir el malo fado concepto restrictivo, que en verdad no es tal, sino que busca ser el criterio óntico, real, de autor. Según este concepto es autor el que reúne los caracteres típicos para serlo, siendo la complicidad y la instigación formas de extender la punibilidad. Esta es la teoría que se impone a la luz de nuestra legislación.

Formas de delimitación entre autores y cómplices.

Conforme a esto, seria autor el que quiere el hecho como propio. Como criterio para sabe r cuando se quiere el hecho como propio se suele echar mano del enteres que el autor tiene para obtener el resultado o de la voluntad que tiene en dominar el hecho.

La primera tentativa es la llamada teoría formal objetiva, según la cual solo puede ser autor el que realiza personalmente toda la acción descripta en el tipo.

Con motivo del fracaso del criterio objetivo llamado formal, se trato de buscar un criterio objetivo llamado material, que se fundaba en las teorías que pretendían limitar la causalidad distinguiendo causas (determinantes, coadyuvantes, etc.). ya vimos que estas distinciones dentro de la causalidad están hoy totalmente desacreditadas y, en consecuencia, también lo están las teorías que quieren apelar a ellas para distinguir la autoría de la participación.

El criterio del dominio del hecho como señalizador de la autoría.

En los últimos años se ha ido abriendo paso en la doctrina u criterio distintivo que se conoce como del dominio del hecho: es autor el que tiene el dominio del hecho.

El dominio del hecho lo tiene quien retiene en sus manos el curso, el si y el como del hecho, pudiendo decidir preponderantemente a su respecto; dicho mas brevemente, el que tiene el poder de decisión sobre la configuración central del hecho.

Autoría directa y autoría mediata.

No cabe duda de que hay dominio del hecho cuando un sujeto realiza personalmente la totalidad de la conducta descripta en el tipo.

El caso en que un sujeto llene objetiva y subjetivamente los requerimientos de la conducta típica en forma personal y directa no ofrece ninguna duda cerca de que tiene en sus manos el curso del devenir coral del hecho. Pero puede suceder que también lo haga valiéndose de alguien que no realiza conducta, como cuando el que empuja a otro sobre una vidriera lo hace para cometer el delito de daños contra el comerciante a quien odia. En este caso, puesto que el empujado actúa como una masa mecánica, lo mismo da que haya sido su cuerpo o una piedra, de manera que el que actúa valiéndose de alguien que no realiza conducta también es autor directo, porque realiza directamente la conducta típica.

A esta forma de autora, llamad autoría directa, se contrapone la autoría indirecta o autoría mediata, que es la que realiza quien se vale de otro que no comete injusto, sea porque actúa sin dolo, atípicamente o justificadamente.

En otras palabras: tiene el dominio del hecho porque se esta valiendo del permiso legal que tiene el otro a raíz de la situación en la que el le ha colocado.

Sintetizando:

Es autor directo

El que realiza personalmente la conducta típica aunque utilice como instrumento físico a otro que no realiza conducta.

Es autor mediato

El que se vale de un tercero

Que actúa sin dolo

Que actúa atípicamente

Que actúa justificadamente

La autoría mediata no tiene porque presuponer una autoría directa por parte del interpuesto porque en el caso del que actúa sin dolo, por ejemplo (como el actor que dispara con el ara que no sabe que esta cargada), no puede ser autor doloso del delito (y quizá ni siquiera culposo). La expresión “Autoría mediata” indica autoría mediante determinación de otro, pero no autor mediante otro autor, porque frecuentemente el interpuesto no es autor.

El determinador tiene el dominio del hecho cuando el determinado no realiza una conducta (autoría directa), lo que no exige mayores demostraciones. Tan bien tiene el dominio del hecho el que se vale del que actúa sin dolo, porque es evidente que es el único que tiene el dominio del hecho, ya que no domina el hecho el que no le da dirección a la conducta hacia el resultado buscado por el otro. También tiene el dominio del hacho el que se vale de una conducta realizada en cumplimiento de un deber jurídico y el determinador crea la circunstancia en que esa conminación opera. Quien se vale del que actúa justificadamente, también domina el hecho al colocar o usar la situación del otro que el derecho ampara con un permiso y cabe suponer que hará uso del mismo (todos estos casos son supuestos de autoría mediata).

Cabe acarar que tanto el autor directo como el autor mediato deben reunir todos los caracteres que el tipio exige en el autor, es decir que el que se vale de otro para matar a su padre será autor de parricidio (Art. 80 inc. 1), pero el que se vale de otro par matar la padre del otro no puede ser autor de parricidio, porque no es hijo del muerto.

Autoría y co-autoría.

Puede suceder que en un delito concurran varios autores, si los varios autores concurren en forma que cada uno de ellos realiza la totalidad de la conducta típica, como si cinco personas descargan puñetazos contra una sexta causándole todos lesiones, habrá una co-autoría que no admite dudas, pus cada uno tiene el dominio del hecho en cuanto al delito de lesiones que le es propio. Pero también puede acontecer que los hechos no se desarrollen de esta manera, sino que haya una división de la tarea, lo que puede provocar confusiones entre la co-autoría y la participación.

Cuando tres individuos se combinan para matar a un tercero, y mientras dos de ellos le reducen y le mantienen indefenso, el tercero le apuñala, no hay tampoco un autor de homicidio, sino tres co-autores.

La explicación para estos casos se da por el llamado “dominio funcional del hecho”, es decir, cuando el aporte al hecho que cada uno hace es de naturaleza tal que, conforme al plan concreto del hecho, sin ese aporte el hecho no podría haberse realizado, tenemos un supuesto de co-autoría y no un supuesto de participación. Estos debe juzgarse conforme a cada hecho concreto y teniendo en cuenta el plan mismo.

Naturalmente que en la co-autoría, cada uno de los co-autores debe reunir los requisitos típicos exigidos para ser autor. Si estos requisitos no se dan, por mucho que haya una división del trabajo y un aporte necesario par la realización conforme al plan concreto, no hay co-autoría. Se trata de una limitación legal al principio del dominio del hecho.

La autoría culposa y la autoría dolosa.

Autor culposo es el que causa un resultado (determinado por la violación del deber de cuidado), no pudiéndose hablar allí de dominio del hecho.

La verdad es que, en tanto que la autoría dolosa se basa en el dominio del hecho, la culposa en la causación del resultado.

La diferente fundamentación que tiene la autoría dolosa (en el dominio del hecho) y la culposa (en la causación del resultado) tienen consecuencias harto diferentes con respecto a la participación: la participación solo es concebible en la autoría dolosa.

No es admisible la participación culposa en delito doloso, ni la participación dolosa en delito culposo. La única participación posible es la dolosa en delitos dolosos.

El autor doloso en el código penal. El ejecutor.

El Art. 45 del CP comienza diciendo que “los que tomasen parte en la ejecución del hecho”…”tendrán la pena establecida para el delito”. A fortiori, los que ejecutan el hecho tienen la pena del delito. Siendo ello así, ¿Quiénes son los que toan parte en la ejecución? No pueden ser otros que los co-autores. Por ende, la figura del ejecutor, del Art. 45, abarca también a quien ejecuta y a quine toma parte en la ejecución, es decir, al autor y al co-autor.

El determinador.

La figura del determinador, que frecuentemente se confunde con la del instigador, encierra verdaderos casos de autoría junto con casos de instigación: el que determina a otro puede ser el autor mediato, pero también determina a otro el que se vale de quien no realiza conducta, que es la manera mas tajante y radical de determinar. La figura del autor mediato y la del que se vale de quien no realiza conducta, se encuentran, pues, en la ultima parte del Art. 45 CP: “los que hubiesen determinado directamente a otro a cometerlo”.

Delitos de propia mano y delicta propia.

Se llaman delitos de propia mano a los que solo puede cometer el autor realizando personalmente la conducta típica. El mas claro de estos delitos es la violación: solo puede ser cometida por el que tiene acceso carnal.

En los llamados “delicta propia” solo puede ser autor el que tiene los caracteres que están exigidos al autor en el tipo objetivo. Así, no puede ser autor de cohecho pasivo el que no sea funcionario público, ni puede cometer prevaricato judicial el que no sea juez, etc.

Estos huecos que se producen entre la autoría y la participación y que nuestro CP soluciona creando un tipo de determinación a cometer delito y penando con la pena del delito, obedecen a que los delitos de propia mano y los delicta propia son imitaciones de carácter legal al principio del dominio del hecho como caracterización de la autoría.

El tipo especial de autor de determinación.

En nuestro CP no hay impunidad para los casos que hemos planteado, puesto que tratándose de delicta propia o de delitos de propia mano, excluida la autoría por no presentar los caracteres del autor o por no realizar personalmente la conducta el sujeto, y excluida también en tales casos la participación porque el interpuesto no comete injusto (en razón de que su conducta esta justificada o es atípica) o no realiza conducta, opera aun verdadero tipo especial de autor de determinación, que seguramente esta presente en la tan general formula del Art. 45 del CP: “En la misma pena incurrirán los que hubiesen determinado directamente a otro a cometerlo”. Tanto determina el que se vale de otro como autor, como el que se vale como instigador, como el que lo hace sin ser autor ni instigador. Este último solo puede ser penado como autor de la determinación misma y no del delito a que ha determinado. La mujer no es penada como autora de violación, sino que se le aplica la pena de la violación por haber cometido el delito de determinar a la violación; el sujeto no es penado como autor de cohecho pasivo, sino como autor de la determinación al cohecho pasivo.

Co-autoría y complicidad primaria.

Hemos dicho que la co-autoría de distingue de la participación en que hay una división del trabajo que implica un aporte necesario para la realización del hecho (dominio funcional del hecho) conforme la plan concreto.

La participación necesaria no puede configurar en estos casos co-autoría, porque no puede ser autor quien no tiene los caracteres típicos del autor (en los delicta propia) o no cumple el verbo típico en forma directa y personal (en los delitos de mano propia).

Sintetizando todo nuestro planteo, vemos ahora que los ejecutores son autores, los determinadores pueden ser autores mediatos, autores del tipo especial de determinación de otro o instigadores, y los auxiliadores o cooperadores son cómplices, sean necesarios o simples (primarios y secundarios).

Participación. Concepto general. Naturaleza.

La participación en sus dos formas (instigación y complicidad), es el aporte doloso que se hace al injusto de otro.

Si en lugar de conceptuarla en general de esta forma positiva, lo quisiéramos hacer por exclusión, participe seria el que concurre en el injusto y es alcanzado por la prohibición típica sin ser autor, cuando comenzamos diciendo que participación es el aporte doloso que se hace al injusto doloso de otero, hemos asentado ya nuestra posición respecto de la naturaleza accesoria del participación y respecto de la naturaleza de aquello de que la participación es accesoria: afirmamos que la participación debe ser siempre accesoria de un injusto ajeno. No puede haber participación criminal (sea instilación o complicidad) en la conducta de otro, si la conducta del otro no es tipita y antijurídica. Quien coopera en una conducta justificada de otro, quien coopera en una conducta atípica de otro, o quien coopera en los movimientos de otro que no realiza conducta, no puede ser partícipe (sin perjuicio de que en algunos casos pueda ser autor, conforme a os principios de la autoría que hemos visto en el capitulo anterior).

Complicidad. Concepto y clases.

Cómplice es quien auxilia o coopera dolosamente al injusto doloso de otro. La contribución del cómplice puede ser de cualquier naturaleza, incluso intelectual, lo que implica que quien aporta ideas para la mejor realización del injusto doloso de otro, también sea cómplice.

La complicidad primaria es la que resulta de las limitaciones legales al principio del dominio del hecho, que tiene lugar cuando el sujeto hace un aporte necesario par la ejecución del plan concreto por parte del autor o de los autores, pero no puede ser autor porque no presenta los caracteres que la ley exige al autor en los delicta propia, no realiza personalmente la acción típica en los delitos de propia mano, o bien, en cualquier caso, hace el aporte necesario durante la etapa preparatoria. En estos tres casos, que son los que configuran la complicidad necesaria, el sujetó no es considerado autor, pese a que se le impone la pena del autor.

La complicidad secundaria es cualquier clase de cooperación a la ejecución del hecho, llevada a cabo en cualquier momento, desde la preparación hasta el agotamiento.

La única complicidad por reforzamiento de la voluntad del autor consiste en la promesa de ayuda posterior al agotamiento que se realiza con anterioridad al hecho, esto es, antes de que el autor haya realizado actos ejecutivos.

Complicidad y encubrimientos.

El principio general es que solo puede haber participación mientras el injusto no se ha ejecutado; cuando termina la ejecución del injusto, ya no es posible la participación y solo es posible contemplar la posibilidad de que la conducta encuadre dentro de algunos de los supuestos típicos de encubrimiento.

Esta separación eventual entre el momento de la consumación y el momento en que termina la ejecución, da lugar a la distinción entre lo que se ha dado en llamar consumación (o consumación formal, en que ya no hay tentativa sino delito completo) y agotamiento del delito (también llamado consumación material).

En caso del delito permanente no es el único en que el agotamiento no coincide con la consumación: en el delito continuado, que es el delito en que la repetición del hacer típico no configura otro delito sino que aumenta el contenido de injusto del mismo, como cuando alguien hurta mil pesos diarios de la caja que maneja durante un año (en que no hay 365 hurtos, son un hurto en forma de delito continuado), también la consumación se distancia del agotamiento. El delito se consuma con el primer apoderamiento de mil pesos, pero se agota con el último. Hasta que no hay ahogamiento puede también en estos casos haber participación.

Es síntesis: la participación puede tener lugar mientras no se ha agotado la ejecución del injusto, aun cuando ya se halle consumado.

Requisitos de la participación. Aspecto interno de la accesoriedad.

En su aspecto interno la participación requiere el dolo de contribuir a un injusto doloso. Hemos visto ya que conceptualmente es inadmisible la participación culposa, lo que por otra parte resulta sumamente claro a la luz de la previsión de nuestro Art. 48 CP.

Aspecto externo

Si la participación es participación en un injusto doloso, externamente requiere que el hecho principal se halle en una etapa ejecutiva para que la participación sea punible, es decir, que por lo menos el injusto se haya intentado. Mientras no media u acto de tentativa por parte del autor del injusto, la conducta del participe en los actos preparatorios no puede ser punible, porque es atípica.

No debe confundirse la tentativa de participación (atípica) con la participación en la tentativa, que es precisamente cuando la participación comienza a ser típica y que es el supuesto expresamente previsto en el Art. 47 último párrafo del CP.

La llamada comunicabilidad de las circunstancias.

El Art. 48 CP establece que as relaciones, circunstancias y calidades personales, cuyo efecto sea disminuir o excluir la penalidad, con tendrán influencia sino respecto al autor o cómplice a quienes correspondan. Tampoco tendrán influencia aquellas cuyo efecto sea agravar la penalidad, salvo el caso en que fueran conocidas por el participe.

Entendemos que el Art. 48 se esta refiriendo exclusivamente a todas las relaciones, circunstancias y calidades personales que hacen a la culpabilidad, a la peligrosidad y a las causas personales de exclusión de la pena. Entendida la disposición en este sentido resulta clara y comprensible, pese a su defectuosa redacción.

Algo análogo pasa cuando se trata de causas que simplemente atenúan la culpabilidad: el que coopera con otro que se halla en estado de emoción violenta, no puede ser penado conforme al Art. 81 inc. 1 a) si no se encuentra el mismo en estado de emoción violenta. E estado de emoción violenta solo podrá tomarse en cuenta para el autor, co-autor o cómplice que lo presente.

La ley entiende que la mayor peligrosidad del autor perjudica al participe (instigador o cómplice) en cuanto a la cuantificación penal (Art. 41), lo que no excluye que pueda verse neutralizada por las propias características personales del participe, que el juez debe valorar al cuantificar la pena. De igual modo, la ley toma en cuenta el mayor contenido de culpabilidad que hay en helecho del autor cuando se revela especialmente par agravar la penalidad. Aquí se tiene en cuenta la participación en la culpabilidad, es decir, en la reprochabilidad del autor especialmente calificada; en los casos en que el participe la conoce. Si tomamos, por ejemplo, el Art. 80 del CP, veremos que en sus incisos hay calificaciones que obedecen a un mayor contenido de reprochabilidad y no a un aumento del injusto: así, las calificantes que obedecen a los motivos, son un claro problema de mayor culpabilidad. El inc.4 pena al que matare “por placer, codicia, odio racial o religioso” y el 3 al que matare “por precio o promesa remuneratoria”. Estas son claras referencias a una mayor culpabilidad del autor, que pasan la participe cuando las conoce. Se trata de una limitada concesión al principio de la accesoriedad extrema en el caso de delitos calificados expresamente por su mayor contenido de culpabilidad.

Instigación. Concepto y medios.

Instigador es el que determina dolosamente a otro a la comisión de un injusto doloso. Consecuentemente, el hecho del instigado (autor) debe ser una conducta típica y antijurídica.

La instigación debe cometerse mediante un “medio psíquico”, pero no constituyen instigación los medios sutiles o las meras insinuaciones. Se extrae el requisito de que la instigación debe ser hecha en forma concluyente de la palabra “directamente”, empleada por el Art. 45 CP.

Hay determinación directa cuando el que determina es autor, pero también la hay cuando el que determina es instigador; pero no hay determinación directa cuando un sujeto se limita a hacer sutiles sugerencias, sugerimientos ambiguos o medias palabras.

El medio hemos dicho que debe ser psíquico y directo. Por medio psíquico y directo no debe entenderse solo la palabra clara y determinante, son que puede ser cualquier otro medio simbólico: gestos, actitudes, palabra escrita, claves, etc.

Derecho Penal I‎ - ‎Resumen Zaffaroni‎ - 18. La Tentativa

Concepto y fundamento de su punición.

En el delito doloso no se pena solo cuando la conducta llega a realizarse totalmente o que se produce el resultado típico, sino que la ley prevé la punición de la conducta que no llega a llenar todos los elementos típicos, por quedarse en una etapa anterior de realización.

El delito se inicia cronológicamente como una idea en la mente del autor, que a través de un proceso que abarca la concepción (idea criminal), la decisión, la preparación, la ejecución, la consumación y el agotamiento, llega a afectar el bien jurídico tutelado en la forma descripta por el tipo. Este proceso o camino, que va desde la concepción hasta el agotamiento del delito, se llama iter criminis.

El Art. 42 CP establece: “El que con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución, pero no la consuma por circunstancias ajenas a su voluntad, sufrirá las penas determinadas en el Art. 44”. Esta formula legal, deja fuera del ámbito de la tentativa los actos preparatorios previos a la ejecución del hecho.

Esta caracterización de la tentativa nos ha llevado ya a pronunciarnos acerca de su naturaleza. A este respecto hay dos posiciones en la doctrina: la del delito incompleto y la del tipo independiente. En tanto que la primera sostiene que la tentativa es un delito incompleto, en el que no se dan todos los caracteres típicos porque la conducta se detiene en la etapa ejecutiva o porque no se produce el resultado, la segunda pretende que la tentativa es un tipo independiente, de la misma manera que lo es, por ejemplo, el encubrimiento, que nada tiene que ver con el tipo de la parte especial a que se refiere la voluntad criminal. Con la caracterización que hemos hecho queda claro que nos inclinamos por la posición que sostiene su naturaleza de delito incompleto.

Fundamentación de la punición de la tentativa.

Para unos la tentativa se pena atendiendo a criterios objetivos, es decir, porque pone en peligro un bien jurídico.

Para otros la teoría subjetiva es la que predomina, es decir, la tentativa se pena porque revela una voluntad contraria al derecho.

Otros se limitan a fijarse solo en el autor y a fundar la punción de la tentativa en la peligrosidad del autor.

A partir de la teoría de la prevención general, se ha dicho que la tentativa se pena por ser peligrosa “cualquier conducta que en el marco de la comunidad produce la impresión de una agresión al derecho mediante la que se perjudica su segura validez en la conciencia de la comunidad”.

Ninguna de estas posiciones resulta sostenible dentro de nuestro sistema positivo, en el que creemos que la tentativa tiene una doble fundamentación: obedece a que hay en ella dolo y la exteriorización de ese dolo siempre implica la afectación de un bien jurídico.

Afectación al bien jurídico.

Es verdad que la tentativa, por regla general, implica una puesta en peligro del bien jurídico tutelado, pero, en modo alguno esta ello requerido por nuestro CP.

No se trata de que la sensación de inseguridad la tengan los demás (lo que seria afectación de la seguridad jurídica en su aspecto subjetivo, es decir, alarma social), sino de la sensación de inseguridad que como resultado de la acción que se percibe como amenazadora pueda tener el titular del bien jurídico.

Toda acción que se aproxima mas o menos a la materialización de una tipicidad penal que afectaría alguno de nuestros bienes jurídicos, aunque no haga correr efectivo peligro al mismo, no cabe duda de que nos puede perturbar en nuestro sentimiento de disponibilidad, no porque siembra la inseguridad jurídica en los demás solamente, sino porque lo puede sembrar en nosotros en mayor medida, que somos los destinatarios de este dolo.

Esta tercera forma de afectación del bien jurídico no consiste en la alteración o supresión de la relación de disponibilidad por daño lesión, ni en la alteración de esa relación por puesta en peligro de la misma, sino en la alteración por el peligro de perturbación subjetiva de titular de la disponibilidad, es decir que, al lado del daño y del peligro, aparece la perturbación como tercera forma de afectación del bien jurídico.

Estructura del delito tentado. El dolo.

La tentativa requiere siempre el dolo, es decir “el fin de cometer un delito determinado” (Art. 42).

Cabe aclarar que la posibilidad de una tentativa culposa es insostenible, porque el tipo culposo no individualiza las conductas por la finalidad sino por la forma de obtener la finalidad.

El dolo de la tentativa es el mismo dolo del delito consumado, es decir, el querer del resultado muerte es el mismo, sea que la bala haya causado la muerte o que no la haya causado.

La consumación como límite de la tentativa.

Hay tentativa desde que se inicia la ejecución hasta que se consuma el delito. Con la consumación termina toda posibilidad de tentativa.

Aquí debemos aclarar que por la forma de consumación suelen distinguirse los tipos en instantáneos y permanentes. Se llama delito instantáneo al que tiene solo un momento consumativo y permanente al que tiene un estado consumativo, es decir, que la consumación se mantiene en el tiempo, como sucede con el secuestro. No es el resultado lo que se mantiene, sino la consumación misma. De cualquier manera, la circunstancia de que estos tipos tengan una prolongación temporal de la consumación, no les quita que también tengan un momento consumativo (el momento en que se priva de libertad al secuestrado) a partir del cual ya esta consumado el delito y termina la tentativa.

Actos ejecutivos y actos preparatorios.

Se han sostenido a este respecto distintos criterios, que pasamos a analizar y criticar.

Las teorías negativas son un grupo de opiniones diferentes, que tienen solo una conclusión común: es imposible determinar cuando hay un acto de ejecución y cuando un acto de tentativa. Conforme a estas teorías, la ley no debería distinguir entre actos ejecutivos y actos de tentativa y punirlos a todos de igual forma.

Un criterio objetivo puro de distinción no puede funcionar, porque cualquier acto de preparación termina siendo un acto de tentativa, ya que voluntad criminal hay en todas las etapas.

Se han ensayado criterios objetivos, uno de los cuales fue el de la univocidad o inequivocidad de los actos de tentativa. Según este criterio, cuando los actos externos son inequívocos, es decir que no pueden considerarse mas que dirigidos a la consumación del delito desde el punto de vista de un tercero observador, serán actos de tentativa o ejecutivos, en tanto que cuando el tercero observador no pueda afirmar la inequivocidad, porque los actos sean equívocos y puedan dirigirse a la consumaron del delito como a la obtención de otro propósito no criminal, serán actos preparatorios impunes.

La teoría formal-objetiva es la que pretende determinar la diferencia entre acto ejecutivo y acto de tentativa a partir del núcleo del tipo, en el que entiende que tiene que penetrar la acción para ser propiamente ejecutiva. En otras palabras, por comienzo de ejecución entiende el comienzo de realización de la acción descripta por el verbo típico: comenzar a matar, comenzar a apoderarse, comenzar a tener acceso carnal, etc.

La teoría material-objetiva pretende completar la formal-objetiva apelando, entre otros complementos, al peligro para el bien jurídico y a la inclusión de las acciones que, por su vinculación necesaria con la acción típica, aparecen, según una natural concepción, como parte integrante de ella.

El llamado criterio objetivo-individual es el que mayor grado de aproximación permite dentro de todos los enunciados hasta el presente. Conforme a este criterio, se toma en cuenta para establecer la diferencia, el plan concreto del autor (de allí lo de individual), no urdiéndose establecer la separación entre acto ejecutivo y preparatorio prescindiendo del plan concreto, lo que nos parece acertado.

Conforme a este criterio la tentativa comienza con la actividad con que el autor, según su plan delictivo, se aproxima inmediatamente a la realización del plan delictivo, o también, hay tentativa en toda actividad que, juzgada sobre la base del plan concreto del autor, se muestra conforme a una natural concepción, como parte integrante de una acción ejecutiva típica.

Por nuestra parte, entendemos que es imprescindible tomar en cuenta el plan concreto del autor para poder configurar una aproximación a la distinción entre ejecución y preparación, la que de otro modo seria imposible, pero estimamos que el llamado criterio objetivo-individual tampoco alcanza para resolver los problemas, aunque contribuye aportando esta verdad.

Clases de tentativas.

Hay dos clases de tentativa que, en otras legislaciones se distinguen por sus efectos, pero que en la nuestra aparecen por entero incluidas en la formula del Art. 42 CP: la tentativa acabada (llamada en la legislación comparada y en la doctrina “delito frustrado”) y la tentativa inacabada. La tentativa acabada es aquella en que el sujeto realiza la totalidad de la conducta típica, pero no se produce el resultado típico, la tentativa inacabada es la que tiene lugar cuando el sujeto interrumpe la realización de la conducta típica.

Tentativa de omisión.

Las reglas y principios que hemos venido enunciando respecto de la tentativa en los tipos activos, son también aplicables a los tipos omisivos.

Eso es lo que sucede cuando la madre deja de alimentar al niño para que muera, porque a medida que transcurre el tiempo aumenta el peligro para la salud y la vida de la criatura.

La tentativa inidónea o delito imposible. Concepto.

El ultimo párrafo del Art. 44 dispone: “si el delito fuera imposible, la pena se disminuirá en la mitad y podrá reducírsela al mínimo legal o eximirse de ella, según el grado de peligrosidad revelada por el delincuente”.

Hay tentativa inidónea o tentativa imposible cuando los medios empleados por el autor son notoriamente inidóneos para causar el resultado. La única diferencia que hay entre la tentativa idónea y la inidónea, es que, en la última hay una absoluta incapacidad de los medios aplicados para la producción del resultado típico.

En toda tentativa hay un error del autor acerca de la idoneidad de los medios. La única diferencia que hay entre la tentativa idónea y la inidónea es que en la segunda el error es grosero, burdo, grueso, tal como querer envenenar con azúcar, con medio supersticioso, demoler un edificio con alfileres, envenenar por medio de una culebra que en realidad es una lombriz grande, etc.

El fundamento de la punición de la tentativa inidónea.

En la tentativa inidónea hemos visto que hay afectación de bien jurídico tutelado al igual que en la tentativa idónea. La diferencia que media entre ambas es que en la tentativa inidónea es menor la afectación por la notoria inidoneidad del medio. De cualquier manera, la perturbación se puede sufrir y nadie esta obligado a soporta conductas que tiendan a lesionar sus bienes jurídicos, por mucho que sea burdamente inidóneos los medios aplicados para ello.

El fundamento de la punición de la tentativa inidónea no es otro, pues, que el fundamente de la punición de la tentativa en general.

El desistimiento voluntario. Fundamento y naturaleza.

El Art. 43 CP establece que cuando “el autor de la tentativa no estará sujeto a pena cuando desistiere voluntariamente del delito”.

En el caso del desistimiento voluntario de consumar el delito opera a favor del autor una causa personal de exclusión de la pena. La razón por la que opera esta causa personal de exclusión de pena se halla en la finalidad misma de la pena: la pena cumple una función preventiva que, en el caso, queda demostrado con la actitud del autor que no se hace necesaria la acción preventiva de la pena.

Modalidades.

El desistimiento tiene modalidades distintas según se trate de una tentativa acabada o de una tentativa inacabada. En tanto que en la tentativa basta con que el sujeto interrumpa voluntariamente la conducta, en la tentativa acabada, el desistimiento puede darse, pero debe consistir en un hacer activo.

El desistimiento solo puede tener lugar hasta la consumación formal del delito. Ya producida la misma no es admisible.

Una particular clase de desistimiento a la que es necesario referirse en especial para destacar bien claramente los efectos que surte, es el que tiene lugar en los casos de la llamada tentativa cualificada, es decir, cuando en la tentativa quedan consumados actos que constituyen delitos por si mismos. Así, el que da dos o tres puñaladas a su victima, desistiendo de rematarla porque se arrepiente de su acción; el que desiste de consumar el robo después que ha roto la puerta para penetrar en la casa; el que desiste de la extorsión pero ya ha amenazado, etc., en todos estos supuestos al desaparecer la pena de la tentativa persiste la pena de los delitos que se han consumado en su curso, porque el Art. 43 CP solo excluye la pena que le corresponde al sujeto como “autor de tentativa”. En otras palabras, lo que queda impune es la tentativa en si misma, pero no los delitos consumados en su curso, cuya tipicidad solo estaba interferida por efecto de la punibilidad de la tentativa, pero que resurge al desaparecer esta.

Derecho Penal I‎ - ‎Resumen Zaffaroni‎ - 19. Unidad y Pluralidad de Delito

Unidad de hecho y unidad de conducta.

Conforme a lo que hemos dicho, un hecho es una conducta (una acción).

Nuestra doctrina nacional ha pretendido que un hecho no es una acción, sino que ha un hecho corresponde un resultado y a varios hechos varios resultados.

A nuestro juicio cuando el CP dice “un hecho” en el contexto de los Art. 54 y 55, esta diciendo una conducta, una acción, y no un resultado. Que el CP usa la expresión hecho en sentido diverso del de “resultado” es lago evidente si nos fijamos, por ejemplo, en el inc. 1 del Art. 34 que, como es obvio, cuando se refiere al momento del hecho, se esta refiriendo al momento de la acción y no al momento del resultado.

El número de resultados no tiene nada que ver con el número de conductas y, por ende, con el número de delitos. Para determinar si hay uno o varios delitos debemos determinar si hay una o varias conductas, lo que no es sencillo, pero para lo cual no nos sirve en absolutos el número de resultados.

Casos cuando hay una y cuando hay varias conductas.

Es evidente que hay un mínimo de unidad de conducta, es decir, algo que no puede ser mas que una conducta, y es la unidad biológica o fisiológica: un solo movimiento, una sola innervación muscular, no puede ser sino solo una conducta. Pero ese criterio fisiológico no puede servirnos para saber cuando hay una conducta y cuando varias, porque resultaría infantil creer que cada movimiento es una conducta.

Consecuentemente, cuando hay un solo movimiento hay una conducta: una bomba aunque hiera o mate a varios, realiza una sola conducta: el que descarga un puñetazo realiza una sola conducta aunque lesione a dos personas.

El problema surge cuando hay varios movimientos exteriores voluntarios. Para que esos varios movimientos exteriores puedan ser considerados como una conducta única, requieren necesariamente que haya un plan común, es decir, una unidad de revolución.

 

Cuando hay un solo movimiento

Solo puede haber una conducta

Cuando hay varios movimientos

Habrá una conducta solo

Si hay un plan común (factor final)

Si hay una unidad de sentido par la prohibición (factor normativo)

El delito continuado.

De un detenido examen de los tipos penales puede concluirse que hay algunos tipos en los cuales la repetición de las conductas típicas no implica un concurso real, sino un mayor choque de la conducta típica contra el derecho, es decir, un mayor contenido de injusto de la conducta.

Ante todo se requiere, como en cualquier otro supuesto la unidad de la conducta el factor psicológico o final, es decir, una unidad de dolo o de resolución, una resolución o dolo unitario: si el que hurta diariamente una pequeña cantidad de dinero no lo hace con una decisión única, como por ejemplo, apoderarse del dinero que necesita para pagar una deuda o para comprar un mueble, sino que repite la decisión diariamente porque se siente tentado en la misma circunstancia, no habrá un a unidad de la conducta, sino tantas conductas como decisiones tome.

Sintetizando, entendemos que hay delito continuado cuando:

Hay dolo unitario.

Repetición de la afectación típica del mismo bien jurídico, que admite grados de afectación.

Realizada en forma similar, y

Cuando la conducta implica una injerencia física en la persona del titular, identidad física del titular.

Concurso ideal y unidad de conducta.

Debemos tener en cuenta que lo decisivo para que hay un concurso ideal es que haya una unidad de conducta con una pluralidad de tipos, pero el concurso ideal no requiere una simultaneidad ni ella es decisiva para determinarlo. El que en el curso de un robo decide matar a la victima sin ninguna relación con el robo, sino porque en ese momento descubrió que era un antiguo enemigo, no incurre en ningún concurso ideal, porque falta la unidad de conducta. El concurso ideal presupone la unidad de la conducta, que viola las normas antepuestas a diferentes tipos penales. Debe tratarse de tipos penales diferentes (concurso ideal heterogéneo), porque el llamado concurso ideal homogéneo, es decir, la conducta que viola varias veces la misa norma incurriendo en el mismo tipo no tiene relevancia practica alguna

Concurso real y pluralidad de conductas.

En el concurso real hay una pluralidad de conductas que concurren en una misma sentencia judicial. De allí que también se lo denomine concurso “material”, por oposición al concurso “formal” (como suele llamarse al ideal). En el concurso ideal concurren leyes (también se lo llama concurso de leyes) en una conducta. En tanto que en el material concurren conductas en una sentencia: en el concurso ideal concurren leyes para calificar pluralmente un mismo delito, en tanto que en el material concurren delitos a los que debe dictarse una única sentencia y una única pena. La pena es única en ambos casos, pero la del concurso ideal se forma mediante la absorción que la mayor hace de las menores, en tanto que en el concurso material se forma mediante la acumulación de todas.

Para que opere el concurso ideal debe presuponerse que hay una única conducta, y para que opere el real debe haberse descartado la unidad de la conducta.

La diferencia que media entre el concurso real y los supuestos de reincidencia es que en la ultima ya ha habido sentencia condenatoria cuando el sujeto comete un nuevo delito, en lugar en el concurso real se juzgan simultáneamente varios delitos sobre ninguno de los cuales recayó sentencia condenatoria.

El concurso real, a diferencia del ideal, puede ser homogéneo (varios delitos típicos del mismo tipo penal) o heterogéneo (varios delitos con tipicidades diferentes).

El concurso aparente de tipos.

Hay supuestos en los que parece que concurren varios tipos penales, pero que observados mas cercanamente nos permiten percatarnos de que el fenómeno es aparente, porque en la interpretación adecuada de los tipos la concurrencia resulta descartada, dado que uno de los tipos excluye al otro o a los otros. Suele llamase a estos casos “concurso aparente de tipos” o “concurso aparente de leyes”, aunque también se los llamo “concurso de leyes” (expresión equivoca, porque el concurso del leyes en realidad es el concurso ideal) o “unidad de ley”, lo que denota que no hay concurrencia de leyes, y también, aunque menos frecuentemente, “colisión de normas penales”. De todas ellas, por ser la mas clara, preferimos la de “concurso aparente” o “concurso aparente de tipos”.

Hay tres principios que son utilizados para descartar la aplicación de tipos penales en los casos de concurrencia aparente y que la doctrina admite pacíficamente, aunque hay autores que aumentan el número con un cuarto principio.

Se trata de:

·   Principio de especialidad: Responde a la antigua y conocida regla según la cual la ley especial deroga a la general. Conforme a este principio, un tipo que tiene, además de los caracteres de otro, algunos más o con tipos alterados respeto de tipos no alterados. También resulta desplazante el tipo del injusto as grave, cuando el injusto menor es excluido por una cláusula especial. La especialidad es un fenómeno que tiene lugar en razón de un encerramiento conceptual que un tipo hace del otro y que presupone una relación de subordinación conceptual entre los tipos.

·   Principio de consunción: Un tipo descarta a otro porque consume o agota su contenido prohibitivo, es decir, porque hay un encerramiento material. Es un caso de consunción el del hecho posterior que resulta consumido por el delito previo, como en el caso en que la resolución indebida tiene lugar respecto de la cosa obtenida mediante un ardid. Otro supuesto que tiene lugar cuando una tipicidad va acompañada de un eventual resultado que es insignificante frente a la magnitud del injusto principal: tal es el caso que sufren las ropas de las victimas en un homicidio o de que sufre el vino que fue envenenado.

·   Principio de subsidiaridad: Produce el descarte de uno de los tipos. Tiene lugar cuando hay una progresión en la conducta típica, en la que la punibilidad de la etapa mas avanzada mantiene interferida la tipicidad de las etapas anteriores. Es el fenómeno de la interferencia por progresión, que se produce cuando la tentativa queda interferida por la consumación punible o el acto preparatorio eventualmente típico queda interferido por el acto de tentativa. El mecanismo que rige a la subsidiaridad es la interferencia, lo que debe tenerse presente, pues es lo que explica la razón por la cual es punible el delito consumado en el curso de una tentativa calificada cuando por desistimiento no resulta punible la tentativa: se trata de un fenómeno de interferencia y desaparecido el mecanismo interferente al desaparecer la nubilidad de la etapa posterior, resurge la tipicidad punible de la anterior.

Derecho Penal I‎ - ‎Resumen Zaffaroni‎ - 20. La Coerción Penal

Coerción formal y penalmente penal.

Por coerción penal se entiende la acción de contener o de reprimir que el derecho penal ejerce sobre los individuos que han cometido delitos. Esta es la coerción penal en sentido estricto y su manifestación es la penal, esta es pues, la coerción materialmente penal.

Por otra parte, hay una coerción formalmente penal, que abarca a la anterior y la excede sobradamente, porque se ocupa de todas las medidas que dispone la ley penal, incluso para los casos en que no hay mas que una exterioridad del delito, como también de otras consecuencias del delito que por su naturaleza no pertenecen al derecho penal, pero que están tratadas en la ley penal (reparación del perjuicio.

La punibilidad.

Cuando Beling introdujo el concepto de tipo, también siguió definiendo al delito como “punible” (delito es, dentro de los que dan esta respuesta, una conducta típica, antijurídica, culpable y punible).

Posteriormente se destaca la tautológica de la expresión “punible”, es decir, que la punibilidad surge como un resultado del delito y no como uno de sus elementos o componentes conceptuales.

Cual es la solución correcta? Entendemos, con casi toda la doctrina nacional, que la punibilidad no es un carácter del delito, sino un resultado de su existencia.

La voz “punibilidad” tiene dos sentidos que debemos distinguir claramente: a) punibilidad puede significar merecimiento de pena, ser digno de pena: es este sentido (toda conducta típica, antijurídica y culpable) por el hecho de serlo, es punible; b) punibilidad puede significar posibilidad de aplicar pena: en este sentido no a cualquier delito se le puede aplicar pena, es decir, no a todo delito se le puede dar lo que tiene merecido. La punibilidad en el sentido a) no siempre puede satisfacerse en el sentido b). Ello no obedece a que falte ningún carácter del delito, sino a una cuestión que tiene lugar y opera dentro de la misma teoría de la coerción penal. La afirmación de que el delito es punible (sentido a) surge de la afirmación de que es delito, pero la coercibilidad a que da lugar el delito no siempre opera, porque hay una problemática que le es propia y que ocasionalmente impide su operatividad (sentido b).

 

Una conducta es punible

Digna de pena

Por ser típica, antijurídica y culpable (delito)

La pena (coerción penal)

 

De que es digno todo delito

 

A veces no se aplica por razones que corresponde estudiar a la misma teoría de la coerción penal, y que nada tienen que ver con la existencia misma del delito

Condiciones que hacen operar la coerción penal.

Hemos visto que pese a que todo delito es merecedor de penal, ocasionalmente la pena no se aplica, porque hay algún impedimento que obsta a que su imposición opere, es decir, algún impedimento a la operatividad de la coerción penal.

Esto significa que la coerción penal por el delito solo opera dadas ciertas condiciones, que genéricamente llamamos condiciones de operatividad de la coerción penal.

Las condiciones de operatividad de la coerción penal que tienen carácter penal, pueden consistir en causas personales que excluyen la penalidad, o bien pueden ser causas personales que cancelan la penalidad.

Las condiciones de operatividad de la coerción penal de naturaleza procesal suelen llamarse también requisitos de perseguibilidad, y las que rigen para ciertos delitos en particular; las que se refieren a las condiciones de ejercicio de las acciones procesales en general, y un tercer grupo que consiste en la ausencia de impedimentos de perseguibilidad, es decir, de causas de extinción de la acción penal.

En síntesis:

Condiciones de operatividad de la coerción penal

Penales

Causas personales que excluyen la penalidad

Causas personales que cancelan la penalidad

Perdón del ofendido

Indulto

Prescripción

Casos especiales

Procesales (requisitos de perseguibilidad)

Que rigen para ciertos delitos (divorcio previo por causa de adulterio).

Que rigen para el ejercicio de las acciones procesales en general (públicas, privadas, dependientes de instancia privada).

Ausencia de impedimentos de perseguibilidad (ausencia de causas de extinción de la acción penal).

Causas personales que excluyen la penalidad.

Se trata de causas personales que solo excluyen la penalidad de la conducta y que se establecen por puras consideraciones político-penales.

Es estos casos, ab initio la coerción penal no puede ponerse en movimiento, y se trata de causa que solo benefician al que se encuentra comprendido en ellas, es decir, al autor o cómplice en forma individual, sin extenderse a los otros concurrentes (de allí su calificativo de personales).

Casos especiales de causas personales que cancelan la penalidad.

En tanto que en las causas personales que excluyen la penalidad, las circunstancias relevadas legalmente deben hallarse en el momento del hecho, en las causas personales que cancelan la penalidad, las mismas son sobrevivientes al hecho, es decir, posteriores al mismo.

Como tales podemos mencionar las siguientes: a) el desistimiento de la tentativa; b) la retractación en los delitos contra el honor; c) el matrimonio posterior con la ofendida en ciertos delitos contra la honestidad; e) la muerte del cónyuge ofendido en el adulterio.

Las causas personales que cancelan la pena, por supuesto que también la excluyen.

La conducta es punible hasta el momento en que se desiste: recién con el desistimiento aparece la impunidad de la misma, es decir, después de haber surgido la posibilidad de la coerción penal.

Una causa personal de cancelación de la penalidad es evidentemente la muerte del autor.

La prescripción de la pena.

Su fundamento. El transcurso del tiempo sin que la pena se ejecute, hace que cese la coerción penal. Del mismo modo se extingue también la acción procesal cuando no se ha llegado a la sentencia. Si bien se trata de dos prescripciones distintas, puede sostenerse que su fundamento es análogo, aunque en la prescripción de las acciones se agrega otro fundamento.

El fundamento de la prescripción es algo distinto según sea la posibilidad que asuman loa autores respecto de la teoría de la pena, es decir, sobre su concepto mismo del derecho penal.

Creemos que la razón fundamental de la prescripción es que no es el mismo hombre el que esta delante del tribunal que el que cometido el hecho, como no es el mismo hombre el que está delante del órgano de ejecución que el que fue sentenciado. Si la resocialización se produce sola, sin intervención de la coerción penal, esta carece de sentido.

Que penas se prescriben? Para el CP argentino se prescriben todas las penas.

Cuando comienza a operar la prescripción? La prescripción de la pena presupone que la misma no se haya cumplido o no se haya cumplido totalmente, y, como es natural, que medie una sentencia condenatoria.

El CP prevé, pues, dos hipótesis distintas: a) que la pena no se haya ejecutado nunca; b) que haya comenzado a ejecutarse y se haya quebrad su cumplimiento.

En la primera hipótesis se requiere que una sentencia haya resuelto la aplicación de la pena.

La segunda hipótesis requiere que se haya interrumpidos el cumplimiento de la pena.

Interrupción de la prescripción. La prescripción se interrumpe, es decir que cae todo el tiempo transcurrido, determinando que a partir del momento de su advenimiento se inicie una nueva cuenta “por la comisión de otro delito o por secuela del juicio”. La unida causa de interrupción de la prescripción de la pena es la comisión de un nuevo delito.

La última parte del Art.67 es aplicable a la prescripción de la pena al fundamento general dado a la prescripción como causa personal de cancelación de la penalidad: la prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada uno de los partícipes del delito. Por participes debe entenderse aquí (en sentido amplio) a los coautores tanto como a los cómplices e instigadores.

El indulto.

Puede definirse al indulto y a la conmutación como la facultad otorgada a poderes distintos del judicial para extinguir la pena impuesta o disminuida por razones de oportunidad.

En consonancia con lo dispuesto por la CN y las constituciones provinciales, el Art. 68 establece: el indulto del reo extinguirá la pena y sus efectos, con excepción de las indemnizaciones debidas a particulares.

Cabe aclarar que lo único que elimina el indulto es la pena, pero no el delito, que solo puede ser eliminado por amnistía.

El indulto no cancela la pena totalmente cuando se la ha ejecutado parcialmente: una pena de multa que se ha oblado parcialmente y que es indultada, solo puede serlo en la parte que no se ha ejecutado.

El perdón del ofendido.

El Art. 69 del CP establece que el perdón de la parte ofendida extinguirá la pena impuesta por delito de los enumerados en el Art. 73. si hubiere varios participes, el perdón a favor de uno de ellos aprovechará a los demás.

Solo es admisible en los delitos de acción privada y es una causa personal de cancelación de la penalidad que nada tiene que ver con la renuncia del agraviado, que es una causa de extinción de la acción penal, ni con el perdón del cónyuge en el adulterio.

Las llamadas condiciones objetivas de punibilidad.

Hay condiciones objetivas de penalidad o de punibilidad. Bajo este nombre se conocieron por algunos autores los requisitos de perseguibilidad a la menos algunos de ellos.

Creemos que algunas de las llamadas condiciones objetivas de punibilidad son elementos del tipo objetivo que, como tales, deben ser abarcados por el conocimiento (dolo) o por la posibilidad de conocimiento (culpa); en tanto que otras son requisitos de perseguibilidad, es decir, condiciones procesales de operatividad de la coerción penal.

Las condiciones procesales de operatividad de la coerción penal.

La operatividad de la coerción penal no depende solo de las condiciones penales que operan a nivel de la teoría de la corrección penal, sino también de condiciones procesales.

Consideramos que estas condiciones procesales de operatividad de la coerción penal se dividen en a) las que rigen para ciertos delitos; b) las que rigen para el ejercicio de las acciones procesales en general y c) la ausencia de impedimentos de perseguibilidad.

Creemos que el más claro ejemplo que de ellas hay en nuestro CP es la sentencia previa por causa de adulterio como requisito para el ejercicio de la acción penal por ese delito. Otra condición procesal de operatividad de la coerción penal es le cumplimiento de ciertos recaudos para la perseguibilidad procesal de las personas que gozan de inmunidad.

El ejercicio de las acciones.

El titulo XI de nuestro CP lleva por rubrica “Del ejercicio de las acciones”. Se refiere a las acciones procesales, es decir, lo que en derecho procesal penal se llaman “acciones penales” y que consisten en “el poder jurídico de promover la actuación jurisdiccional a fin de que el juzgador se pronuncie acerca de la punibilidad de hechos que el titular de aquella reputa constitutivos del delito”.

En palabras menos técnicas y mas corrientes, es el poder de poner en funcionamiento la actividad del órgano que doce el derecho (el tribunal, el juez) para lograr que se pronuncie sobre hechos que el que tiene ese poder estima que son delito.

Veamos ahora cuales son las excepciones al principio general:

Acciones dependientes de instancia privada, son acciones procesales públicas que se hallan sometidas a la condición de que el agraviado o su representa formule la correspondiente denuncia.

Acciones privadas, solo se procede por querella del agraviado o de sus guardadores o representantes legales. En tanto que la denuncia es la mera noticia que del hecho se da al juez o a la autoridad preventora, la querella es la acción misma que se lleva adelante en el proceso (que mueve el proceso).

 

Hay acciones

publicas

Iniciarse de oficio y se siguen por un órgano publico

No pueden ser detenidas por el particular damnificado ni por el mismo órgano publico, que tiene el deber de promoverla.

Dependientes de instancia privada

Se inician por denuncia del damnificado o de su representante

Una vez iniciada las sigue el órgano publico y funcionan como acciones publicas

privadas

Que se inician y se siguen por el particular (querella), quien puede desistirla en cualquier momento.

La ausencia de impedimentos de perseguibilidad.

Hay varias causas que pueden impedir la perseguibilidad de los delitos y de las que se ocupa el CP.

La muerte del autor puede operar como causa personal de cancelación de la pena si se produce después de la sentencia y mientras esta se esta ejecutando.

Así como el perdón del ofendido es una causa personal de cancelación de la pena cuando tiene lugar después de la sentencia condenatoria, la renuncia del agraviado extingue la acción penal en los delitos de acción privada.

El perdón del cónyuge ofendido, así como el consentimiento del adulterio por parte del mismo, le impide iniciar la acción penal, lo cual es lógico en cuanto a lo primero, puesto que si el perdón posterior extingue la acción, el anterior a su ejercicio debe tener el efecto de impedir su nacimiento.

En caso de adulterio, la muerte del cónyuge ofendido, producida antes de la sentencia, extingue la acción penal.

El Art. 1 de la ley 23.077 establece la extinción de la acción por delito penado con multa, en cualquier estado del jurídico por el pago voluntario del maximum de la multa correspondiente al delito de las indemnizaciones a que hubiere lugar.

La prescripción de las acciones.

El más importante y complejo de los impedimentos de perseguibilidad del delito es la prescripción de la acción procesal.

Los palazos de la prescripción de la acción procesal se establecen en el Art. 62 del CP:

Artículo 62

La acción penal se prescribirá durante el tiempo fijado a continuación:

1. A los quince años, cuando se tratare de delitos cuya pena fuere la de reclusión o prisión perpetua;

2. Después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, si se tratare de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no pudiendo, en ningún caso, el término de la prescripción exceder de doce años ni bajar de dos años.

3. A los cinco años, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación perpetua;

4. Al año, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación temporal;

5. A los dos años, cuando se tratare de hechos reprimidos con multa.

La suspensión y la interrupción de la prescripción de las acciones.

Debemos recordar que por suspensión de la prescripción debe entenderse el siguiente fenómeno: el plazo comienza a corres por ejemplo, desde el 13 de junio de 1982; un acontecidito X lo suspende el 24 de diciembre de 1982 y cesa la suspensión el 31 de enero de 1983; el plazo de prescripción se cuenta computando el que corre desde el 13 de junio hasta el 24 de diciembre y sumándole el que corre desde el 31 de enero. Por interrupción de la prescripción debe entenderse el siguiente fenómeno: en el mismo caso anteriro, un acontecimiento X interrumpe la prescripción el 24 de diciembre de 1982. el plazo de prescripción se cuenta a partir del 24 de diciembre de 1982, sin poder computar el anteriormente interrumpido.

La prescripción de la acción penal se suspende en los casos de delitos para cuyo juzgamiento sea necesaria la resolución de cuestiones previas o prejudiciales, que deban ser resultas en otro juicio.

La ley 21.338 introdujo un segundo párrafo en el Art. 67 CP, según el cual la prescripción también se suspende en los casos de delitos de cohecho, malversación de caudales, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones publicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y prevaricato, que permanece mientras permanezcan en el ejercicio de sus funciones.

El Art. 9 de la ley 23.077 establece que en los delitos previstos en los Arts. 226 y 227 bis CP, la prescripción de la acción penal se suspenderé hasta el restablecimiento del orden constitucional. La disposición resulta lógica, puesto que en tales tipicidades, cuando la conducta se agota, es decir, que alcanza el fin ultra-típico propuesto, el poder queda en las manos de los delincuentes y, por ende, resulta ilógico que estos se beneficien con le resultado del delito que impide el ejercicio de la acción.

El cuarto párrafo del Art. 67 CP establece: la prescripción se interrumpe por la comisión de otro delito o por la secuela del juicio.

Derecho Penal I‎ - ‎Resumen Zaffaroni‎ - 21. Coerción Penal

Las penas en nuestro código penal.

Las penas principales reconocidas en nuestro código penal son la reclusión, la prisión, la multa y la inhabilitación. Las mismas están enunciadas en el Art. 5 del CP.

Las dos primeras son penas que privan de la libertad personal, en tanto que la multa afecta al patrimonio del penado y la inhabilitación a ciertos derechos del mismo.

La conminación de las penas se hace en la parte especial, hallándose en forma separada, alternativa o conjunta.

Hay conminación separada cuando solo se conmina una de las penas: prisión de uno a cuatro años en el Art. 83 CP, por ejemplo. Hay conminación alternativa cuando se conminan dos penas, entre las que el juez debe elegir. La conminación alternativa puede ser paralela, en el caso en que la cantidad de pena es la misma, cambiando solo la calidad, lo que suele suceder en la conminación alternativa de prisión y reclusión (así, el Art. 79, de ocho a veinticinco años de reclusión o prisión). Puede ser también no paralela, cuando las penas alternativamente conminadas cambian en calidad y cantidad, como sucede cuando se conmina prisión o multa (Art. 94, por ejemplo). La conminación conjunta es muy frecuente en nuestro CP: ara 84, por ejemplo.

También se hallan las penas accesorias, que son las que se derivan de la imposición de las principales, sin que sea menester su especial imposición en la sentencia. Las penas accesorias son la inhabilitación absoluta del Art. 12 P, y el decomiso del Art. 23.

El cuadro de las penas accesorias se completa dentro de nuestra legislación penal con una pena accesoria que requiere ser expresamente impuesta por el tribunal, que es la reclusión accesoria por tiempo indeterminado del Art. 52 del CP.

 

Penas principales

Privativas de la libertad

Reclusión

Prisión

patrimoniales

Multa

Privativas de derechos

Inhabilitación

Penas accesorias

Inhabilitación absoluta (Art. 12 CP)

Decomiso (Art. 23 CP)

Clausura y otras consecuencias penales previstas en leyes especiales.

Que debe ser pronunciada por un tribunal

Reclusión accesoria por tiempo indeterminado (Art. 52 CP)

La relativa indeterminación de la pena.

El CP argentino sigue el sistema que se conoce como de las penas “relativamente indeterminadas”. Salvo las penas que por su naturaleza no admiten la cuantificación, las demás se establecen legalmente en forma relativamente indeterminada, es decir, fijando un mínimo y un máximo y dejando que el juez determine en concreto la cuantía de la misma conforme a las reglas de los Arts. 40 y 41 CP.

La llamada pena de muerte.

El Art. 18 CN dice: “Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes”. A contrario sensu surge que la pena de muerte por causas que no son políticas no esta abolida en nuestro texto constitucional.

En síntesis, la llamada “pena de muerte” es inconstitucional porque:

Constituye una forma de tormento proscripta por el Art. 18 CN.

Es un medio groseramente inadecuado para la obtención del propósito perseguido, lo que viola el principio republicano de gobierno (Art. 1 CN).

El modo y los casos para los cuales se implanto en la argentina y suele reclamársela en Latinoamérica, generalmente viola la pauta tradicional de no imponer esa “pena” por causa política, que la CN consagra expresamente.

Formas de manifestación de la coerción penal excluidas de nuestra legislación.

Todas las formas de castigo corporal quedan excluidas de nuestra legislación penal por disposición del Art. 18 CN, al descartar “toda especie de tormento y los azotes”.

Acabamos de ver que la llamada pena de muerte queda hoy incluida como una especie de tormento, lo que la excluye de nuestro sistema penal.

El Art. 17 de la CN proscribe tan bien la confiscación de bienes: “La confiscación de bienes queda borrada para siempre del código penal argentino”.

Una forma común de pena hasta el siglo pasado era la picota, esta forma de punir no esta expresamente excluida por nuestra CN, creemos que es inconstitucional, por importar una especie de tormento.

En función del principio de humanidad debe considerarse que nuestra legislación penal no admite ninguna pena irracionalmente cruel, puesto que, tal como lo señaláramos, la proscripción del tormento y de los azotes no es limitativa, sino indicativa del principio de la racionalidad y del principio de humanidad.

Esta proscripta cualquier pena que importe una incapacitación física u orgánica del sujeto (castración, esterilización, amputaciones, etc.), como cualquier pena verdaderamente perpetua y cualquier consecuencia perpetua de un delito.

Las penas privativas de libertad. Diferencias entre la reclusión y la prisión.

Hemos dicho que la diferencia fundamental entre la reclusión y la prisión deriva históricamente de que la primera se remonta a las viejas penas infamantes, es decir, que en un origen era una pena que quitaba la fama, la reputación, privaba del honor, en tanto que la prisión se remonta a penas privativas de libertad que no tenían ese carácter. En la sanción de CP de 1921 puede observarse el resabio del origen remoto de la diferencia en que los sometidos a reclusión podían ser usados en trabajos públicos, en tanto que los sometidos a prisión solo lo podían ser en trabajos dentro de los establecimientos dedicados exclusivamente a ellos.

El régimen de trabajo a que se debía someter al recluso, conforme al texto original del CP, era más duro que el que debían soportar los sometidos a prisión.

No obstante, las diferencias en cuanto a la ejecución de las penas de reclusión y prisión han quedado derogadas, puesto que los Arts. 6, 7, y 9 CP, si bien no están formalmente derogados, han perdido vigencia como resultado de la ley penitenciaria nacional. Esa ley no establece diferencia alguna para la ejecución de las penas de reclusión y prisión, suprimiendo las denominaciones de recluso y preso y unificándolas con la de “interno” (Art. 15), sin prescribir ninguna diversificación de tratamientos, de establecimientos ni de régimen de trabajo basada en esa distinción.

·   El arresto domiciliario sustitutivo no se aplica a la reclusión.

·   Diferente tiempo de cumplimiento para la obtención de la libertad condicional por parte del que hubiera sido condenado a tres años o menos.

·   Cómputo de la prisión preventiva: se llama prisión preventiva a la privación de libertad que sufre quien aun no ha sido condenado, es decir, quien aun esta procesado porque todavía no ha habido sentencia, la que bien puede ser condenatoria como absolutoria. de allí, su carácter preventivo, que solo tiene por objeto asegurar la presencia del procesado, es decir, evitar su fuga ante la concreta amenaza de una pena. Se trata de un instituto cuyo estudio corresponde al derecho procesal penal. No obstante no ser propiamente pena, constituye una privación de libertad que, en la realidad de nuestros sistemas procesales, suele prolongarse frecuentemente por años. Puesto que la prolongación de la prisión preventiva no es imputable al procesado, sino a los mismos órganos del estado, es lógico que toda reacción estatal nacida del delito y que prive de la libertad al procesado sea imputada después a los efectos de la pena, principio que recoge el Art. 24 del CP, estableciendo que se computara, por un día de prisión preventiva uno de prisión y por dos días de prisión uno de reclusión.

·   La reclusión no se puede imponer condicionalmente.

·   Las escalas de reducción por tentativa y participación son diferentes para la reclusión y para las prisiones perpetuas.

·   La reclusión y la prisión tienen distintos mínimos.

En síntesis, las diferencias subsistentes entre reclusión y prisión serán las siguientes:

 

Prisión

Reclusión

Puede reemplazarse por arresto domiciliario en los casos del Art. 10 CP.

No puede reemplazarse por arresto domiciliario

Debe cumplirse durante ocho meses para obtener la libertad condicional por el condenado a tres años o menos (Art. 13).

Debe cumplirse durante un año para obtener la libertad condicional por el condenado a tres años o menos (Art. 13).

Un día de prisión preventiva se computa por uno de prisión (Art. 24).

Dos días de prisión preventiva se computan por uno de reclusión (Art. 24).

Puede imponerse condicionalmente en los supuestos del Art. 26 CP.

No puede imponerse condicionalmente.

La prisión perpetua se reduce en caso de tentativa (Art. 44) y de complicidad (ara 46) a prisión de diez a quince años.

La reclusión perpetua se reduce en casos de tentativa (Art. 44) y de complicidad (Art. 46) por reclusión de quince a veinte años.

El mínimo por delito consumado es de quince días (conminada en el Art. 243).

El mínimo por delito consumando es de seis meses (conminada en el Art. 93).

Reclusión accesoria por tiempo indeterminado.

Según la ley, en casos de reincidencia previstos en el Art. 52 corresponde agravar la pena de la última condena con el agregado de una pena de “reclusión por tiempo indeterminado como accesoria de la última condena”. Las diferencias que tiene esta respecto de la reclusión común es su indeterminación y el régimen especial de libertad condicional.

Ella se cumple en los mismos establecimientos penales que para las demás penas privativas de la libertad, estando todos los internos sometidos al mismo régimen.

El Art. 53 CP dispone que “los condenados con la realusión accesoria por tiempo indeterminado deberán cumplirla en establecimientos federales”. En la práctica esta disposición no se cumple y muchos condenados a esta pena la cumplen en establecimientos provinciales.

En síntesis, las diferencias entre la reclusión accesoria por tiempo indeterminado del Art. 52 CP y las penas ordinarias privativas de la libertad son las siguientes:

 

Penas ordinarias

Reclusión accesoria

Son determinadas.

Es en principio indeterminada, pero dura como mínimo cinco años.

El tribunal no puede dejar de aplicarla (salvo en la tentativa inidónea).

El tribunal puede dejar de aplicarla por única vez.

No hay régimen de ejecución distinto y la disposición de que deben cumplirse en establecimientos nacionales es inconstitucional, porque viola las facultades legislativas de las provincias. En el orden nacional no hay establecimientos especiales distintos de los ordinarios.

Cómputo.

El Art. 44 C dice: “El día es el intervalo entero que corre de media noche a media noche; los plazos de días no se contara de momento a momento, ni por horas, sino desde la media noche en que termina el día de su fecha. Así, un plazo que principie el 15 de un mes, terminara el quince del mes correspondiente, cualquiera que sea el numero de días que tengan los meses o el año”. Así, una condena a diez años que haya comenzado a cumplir el 15 de agosto de 1984, terminara a las 24 hs. Del 14 de agosto de 1994 o –lo que es lo mismo- a la 0 hora del 15 de agosto, porque el día de la detención se cuenta como día entero.

Igual criterio debe tenerse en cuenta cuando se interrumpe la ejecución de la pena. Si el condenado del ejemplo hubiese fugado el 18 de octubre de 1966 permaneciendo prófugo hasta el 31 de diciembre del mismo año, deberán agregarse los dos meses (noviembre y diciembre) y catorce días (de la cero hora del 18 de octubre hasta las veinticuatro horas del 31 de octubre), con lo que la condena, en lugar de cumplirse el 15 de agosto de 1974, se habrá cumplido el 29 de octubre de 1974 a las veinticuatro horas.

La prisión preventiva se computa igualmente desde la cero hora del día en que el sujeto fue detenido, calculándose en la forma en que lo establece el Art. 24 CP, es decir, un día de prisión pro cada día de prisión preventiva y un día de reclusión por cada dos días de prisión preventiva.

La ley 21.931 del 16 de enero de 1979 reformo el ara 77 del CP disponiendo que la libertad de los penados se opere el día del vencimiento de la pena a las 12 horas en lugar de las 24 horas, que seria la hora de vencimiento. Se trata de una libertad anticipada que se otorga por razones prácticas, pero no altera los plazos, ya que la condena se considerara cumplida recién a la medianoche.

La ejecución penal en la argentina.

Conforme a la LPN el régimen progresa a través de tres periodos: observación, tratamiento y prueba. Durante el periodo de observación se estudia al interno y se lo clasifica como fácilmente adaptable, adaptable o difícilmente adaptable, indicándose a que establecimiento o sección debe ser destinado, que programa de tratamiento concreto corresponde y que tiempo mínimo debe quedar a el sometido (Art. 6 LPN). El Art. 7 LPN establece la posibilidad de dividir el tratamiento en fases, sin entrar a precisiones mayores, debido a las diferentes posibilidades de ejecución material existentes en el pías, lo que es sumamente acertado. El periodo de prueba se basa en la incorporación a un régimen de autodisciplina, en la posibilidad de salidas transitorias (sistema que se practica en el país desde 1952) y, eventualmente, en la libertad condicional (Art. 8 LPN).

La ejecución de la pena privativa de libertad, en nuestro sistema, as administrativa, pero con control judicial.

Dentro de la ejecución penal, tiene particular importancia el trabajo del penado. “El producto del trabajo del condenado a reclusión o prisión se aplicara simultáneamente:

·   A indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito que no satisficiera con otros recursos.

·   A la prestación de alimentos según el código civil.

·   A costear los gastos que causare al establecimiento.

·   A formar un fondo propio, que se le entregara a su salida.

La libertad condicional. Concepto y naturaleza.

Los Arts. 13, 14, 15, 16, 17 y 53 del CP regulan la posibilidad de que el condenado a una pena privativa de libertad pueda recuperar su libertad anticipadamente y por resolución judicial.

El Art. 13 CP establece que, bajo ciertas condiciones, “el condenado a reclusión perpetua que hubiere cumplido veinte años de condena, el condenado a reclusión temporal o a prisión por mas de tres años que hubiere cumplido los dos tercios de la su condena y el condenado a reclusión o prisión, por tres años o menos, que por lo menos hubiese cumplido un año de reclusión u ocho meses de prisión, observando con regularidad los reglamentos carcelarios, podrán obtener la libertad por resolución judicial previo informe de la dirección del establecimiento”.

Requisitos para la obtención.

·   El primer requisito para la obtención de la libertad condicional consiste en el cumplimiento de una parte de la pena en “encierro”. Esta parte de la pena debe ser de veinte años en los casos de condenas a perpetuidad, los dos tercios para las condenas temporales, de un año para los condenados a reclusión por tres años o menos y de ocho meses para los condenados a prisión por tres años o menos. Este requisito es fundamental, porque la libertad condicional es la última parte del tratamiento penitenciario.

·   El segundo requisito para la obtención de la liberad condicional es el cumplimiento regular de los reglamentos carcelarios. Los reglamentos carcelarios son, en general, las pautas que determina la LPN y las reglamentaciones internas que se dictan para la conducta de los penados en los establecimientos. El cumplimiento de los reglamentos carcelarios no es la mera disciplina del interno, sino, en general, la forma en que este va progresando en el tratamiento.

·   Otro de los requisitos para la obtención de la liberad condicional es que la misma no le haya sido revocada anteriormente al sujeto. Este requisito lo establece el Art. 17 del CP, que dispone: “Ningún penado cuya libertad condicional haya sido revocada, podrá obtenerla nuevamente”.

·   Otro requisito de la libertad condicional es la fijación, por parte del tribunal, de la parte de los salarios que el condenado deberá aplicar a la indemnización del daño causado por el delito.

 

Condiciones para la concesión de la libertad condicional

Haber cumplido parcialmente la pena en encierro

20 años en las perpetuas.

2/3 en las temporales.

1 año en la reclusión de tres años o menos.

8 meses en la prisión de tres años o menos.

Haber cumplido regularmente con los reglamentos carcelarios (calificación del concepto).

No haberle sido revocada anteriormente la condicionalidad de la misma pena (Art. 17).

Que el tribunal le fije la parte de los salarios que el condenado deba aplicar a la indemnización del daño del delito (Art. 29 inc. 4).

Condiciones.

·   El inc. 1 del Art. 13 obliga al penado a residir en el lugar que determine el auto de soltura. Dicho lugar no es necesariamente el del domicilio habitual del penado, puesto que razones fundadas, principalmente profesionales o laborales, pueden determinar que sea otro. El sentido de esta condición es facilitar la vigilancia de la conducta del liberado.

·   El inc. 2 del Art. 13 CP impone al liberado de la condición de “observar las reglas de inspección que fije el mismo auto, especialmente la obligación de abstenerse de bebidas alcohólicas”.

·   El inc. 3 del Art. 13 CP establece la obligación de “adoptar en el plazo que el auto determine, oficio, arte, industria o profesión, si no tuviere medios propios de subsistencia”.

·   El inc. 4 del Art. 13 establece la condición de “no cometer nuevos delitos”. La condición es obvia y es necesario que el nuevo delito ¡se haya probado judicialmente, es decir, que medie sentencia, no bastando un mero procesamiento.

·   El inc. 5 del Art. 13 CP establece la obligación de “someterse al cuidado de un patronato, indicado por las autoridades competentes”. Este requisito ha traído serias dificultades, porque hay lugares en que no existe patronato de liberados, es decir, instituciones públicas o privadas reconocidas que se ocupen del control y asistencia de los liberados.

Estas cinco condiciones establecidas en los cinco incisos del Art. 13 CP son las que rigen el cumplimiento sin encierro de la última etapa de la ejecución penal en los casos en que el mismo la autoriza. “Esas condiciones regirán hasta el vencimiento de los términos de las penas temporales y en las perpetuas hasta cinco años mas, a contar desde el día de la libertad condicional” (Art. 13 ultimo párrafo).

Los efectos del sometimiento a las condiciones prescriptas en los cinco incisos del Art. 13 CP durante el tiempo que reste de pena o durante cinco años a contar de la liberación en caso de penas perpetuas, no pueden ser otros que a extinción de la pena por cumplimiento de la misma, lo que surge de lo dispuesto en el Art. 16 CP: “Transcurrido el termino de la condena, o el plazo de cinco años señalado en el Art. 13 sino que la libertad condicional haya sido revocada, la pena quedara extinguida, lo mismo que la inhabilitación absoluta del Art. 12”.

Efectos de la violación de las condiciones.

·   Conforme al Art. 15 CP la revocación de la libertad se impone “cuando el penado cometiere un nuevo delito o violare la obligación de residencia”. En caso de violación de estas condiciones, es decir, de las impuestas por los incisos 1 y 4 del Art. 13 CP, se revocara la libertad, no computándose “en el termino de la pena, el tiempo que hay durado la libertad” (Art. 15 CP). En estos casos, el penado no podrá pedirla nuevamente hasta cumplir el resto de la pena o un tiempo igual al mismo en caso de unificación de penas. En cuanto a la violación del deber de residencia, el tribunal deberá apreciar si es o no reprochable al penado y solo proceder a la revocación cuando configurase una verdadera sustracción a la ejecución.

·   La segunda parte del Art. 15 CP se refiere a la violación de las condiciones impuestas por los incs. 2, 3 y 5 del Art. 13 CP. En estos supuestos, “el tribunal podrá disponer que no se compute en el termino de la condena todo o parte destiempo que hubiere durado la libertad, hasta que el condenado cumpliese lo dispuesto en dichos incisos”.

La multa. Carácter y problemática actual.

La multa, como cualquier otra pena, tiene un propósito resocializador. No obstante, su aplicación puede dar lugar a notorias injusticias, puesto que para algunos puede ser realmente sentida como una disminución patrimonial y, por ende, una motivación para rectificar su conducta de vida, en tanto que otros, de mayor capacidad económica, pueden no sentirla. Debido a esta circunstancia es que se pensó en reemplazar el sistema de individualización de la multa, estableciendo el sistema del día-multa, de origen brasileño. Conforme a este sistema se fija un precio diario, según las entradas que percibe el multado, y se establece la pena en un cierto número de días-multa. Este sistema permite que todos los multados sientan la incidencia patrimonial de la multa de manera semejante. Este es el sistema que tiende a imponerse en la legislación más moderna y que fue propagando entre nosotros en los proyectos de 1960 y 1975, tendiendo a reemplazar a la pena privativa de libertad corta.

Inhabilitación. Absoluta y especial.

La inhabilitación es una privación de derechos que puede ser perpetua o temporal y que, por los derechos que afecta, puede ser absoluta o especial.

La llamada inhabilitación absoluta esta prevista en el Art. 19 CP y consiste en:

·   La privación del empleo o cargo publico que ejercía el penado aunque provenga de elección popular.

·   La privación del derecho electoral.

·   La incapacidad para obtener cargos públicos, empleos y comisiones publicas.

·   La suspensión del goce de toda jubilación, pensión o retiro, civil o militar, cuyo importe será percibido por los parientes que tengan derecho a pensión. El tribunal podrá disponer, por razones de carácter asistencial, que la victima o los deudos que estaban a su cargo concurran hasta la mitad de dicho importe, o que lo perciban en su totalidad, cuando el penado no tuviere pariente con derecho a pensión, en ambos casos hasta integrar el monto de las indemnizaciones fijadas.

La inhabilitación especial esta reglada en el Art. 20 y tiene por efecto la privación del empleo, cargo, profesión o derecho sobre que recayere y la incapacidad para obtener otro del mismo género durante la condena. El mismo artículo agrega que la inhabilitación especial para derechos políticos producirá la incapacidad de ejercer durante la condena aquellos sobre que recayere.

La inhabilitación puede ser impuesta como pena principal (Art. 5 CP), sea como pena única (Art. 235 2 párrafo) o como pena conjunta.

El Art. 20 bis del CP, establece la posibilidad de aplicar la pena de inhabilitación en forma conjunta aun cuando la misma no este expresamente conminada para el delito por el que se condene, en los casos en que el delito cometido importe:

Incompetencia o abuso en el ejercicio de un empleo o cargo público.

Abuso en el ejercicio de la patria potestad, adopción, tutela o curatela.

Incompetencia o abuso en el desempeño de una profesión o actividad cuyo ejercicio dependa de una autorización, licencia o habilitación del poder público.

La rehabilitación.

La rehabilitación es la potestad de ejercer los derechos de que se había privado por la condena, que se le restituye al condenado. La misma se encuentra ahora claramente reglada por el Art. 20 ter del CP.

Dicha disposición dice:

El condenado a inhabilitación absoluta puede ser restituido al uso y goce de los derechos y capacidades de que fue privado, si se ha comportado correctamente durante la mitad del plazo de aquella, o durante diez años aun cuando la pena fuere perpetua, y ha reparado los daños en la medida de lo posible.

El condenado a inhabilitación especial pueda ser rehabilitado, transcurrida la mitad del plazo de ella, o cinco años cuando la pena fuere perpetua, si se ha comportado correctamente, ha remediado su incompetencia o no es de temer que incurra en nuevos abusos y, además, ha reparado los daños en la medida de lo posible.

Cuando la inhabilitación importo la perdida de un cargo publico o de una tutela o curatela, la rehabilitación no comportara la reposición en los mismos cargos.

Para todos los efectos, en los plazos de inhabilitación no se computara el tiempo en que el inhabilitado haya estado prófugo, internado o privado de su libertad.

Otras penas accesorias. Decomiso, perdida de la ciudadanía, destierro, clausura.

Una de las más importantes penas accesorias es el decomiso. La confiscación de bienes era una privación del patrimonio del condenado a favor del Estado, en tanto que el decomiso es la perdida a favor del Estado solo de los instrumentos del delito y los efectos provenientes del delito.

El Art. 23 CP dispone: “La condena importa la perdida de los instrumentos del delito, los que, con los efectos provenientes del mismo, serán decomisados a no ser que pertenecieren a un tercero no responsable”.

Los instrumentos decomisados no podrán venderse, debiendo destruirse, salvo el caso en que puedan ser aprovechados por los gobiernos de la Nación o de las provincias.

“efectos provenientes del delito” son todos lo que el autor y sus participes reciben como consecuencia del mismo. Tampoco a este respecto cabe distinguir entre los que obtiene en forma inmediata y los que logra indirectamente, como puede ser, por venta de lo inmediatamente obtenido. Por supuesto que los efectos solo podrán decomisarse cuando o pertenezcan tampoco a terceros no responsables, en cuyo caso se impone la restitución.

La ley prohíbe la venta de los instrumentos del delito, pero o la de los efectos del mismo, sin establecer cual es el destino del producto de esa venta. En el orden nacional, las multas se destinan al patronato de liberados y, si tenemos en cuenta que la multa es la principal pena pecuniaria, seria ilógico que el producto de decomiso, que es una pena pecuniaria accesoria, tuviese otro destino.

Derecho Penal I‎ - ‎Resumen Zaffaroni‎ - 22. Determinación de la Pena

Concepto de individualización de la pena.

Suele decirse que hay una etapa legal, otra judicial y otra administrativa de la individualización de la pena. Ello no es del todo exacto, porque en realidad, las actividades judicial y administrativa se combinan para realizar la voluntad de la ley. La individualización de la pena es la precisión que en cada caso concreto se hace para determinar la calidad de los bienes jurídicos de que es necesario y posible privar al autor de un delito par procurar su resocialización.

En nuestro CP, entendemos que el criterio general es que la pena debe guardar cierto grado de relación con la magnitud del injusto y de la culpabilidad, sin perjuicio de admitir el correctivo de la peligrosidad. Al margen de estas reglas generales, el CP establece escalas especiales, agravadas o atenuadas, en razón del mayor o menor contenido de injusto del delito, o de la mayor o menor reprochabilidad del injusto, dentro de las que, a su vez, el tribunal debe individualizar la pena atendiendo siempre al criterio general antes señalado.

Por ultimo, al individualizar la coerción penal, el tribunal tiene también en algunos casos, la posibilidad de condenar en forma condicional.

Principios generales. El sistema del código penal.

Para que opere este sistema de determinación judicial dentro de las escalas legales, es menester que la ley haya optado por un sistema de penas elásticas, es decir, limitándose a fijar un mínimo y un máximo. Eso es lo que sucede en nuestro CP, en que prácticamente no hay penas rígidas. La misma pena perpetua permite generalmente al tribunal aplicar prisión o reclusión perpetua y, en el caso del Art. 80 CP, permite también aplicar la reclusión accesoria del Art. 52 o prescindir de ella. En el caso de la reclusión accesoria por tiempo indeterminado, hay una indeterminación relativa que se precisa durante la ejecución y que es el sentido que la libertad condicional tiene en esta clase de pena.

La pena se individualiza en el caso particular teniendo en cuenta la magnitud del injusto, la de la culpabilidad y admitiendo el correctivote la peligrosidad.

Queda dicho que rechazamos de plano las teorías que pretenden que en el Art. 41 CP se hallan solo indicios de peligrosidad, la que pretende que su inciso 1 se refiere a la cuantificación del injusto y su inciso segundo a la culpabilidad integrada con la peligrosidad solamente, como también la que afirma que la peligrosidad es en nuestro sistema solo uno de los índices sino que, por nuestra parte, entendemos que tiene el valor de correctivo, puesto que la principal proporción requerida es entre el delito y la pena restando la peligrosidad como un simple y eventual correctivo atenuante.

Los grados del injusto y de culpabilidad como criterio cuantificadores.

Las referencias al injusto que hay en el Art. 41 CP no se agotan en su inciso 1, sino que en el segundo se ordena computar “la participación que haya tomado en el hacho”. No se trata aquí de participación stricto sensu, sino latu sensu, es decir, abarcando la co-autoría. No es lo mismo, en cuanto la injusto, la conducta del co-autor que propone a otro el plan delictivo y lo decide a acompañarle en la ejecución, que la de quien de limita a aceptarlo y comparte la materialización en forma ideológicamente pasiva.

La peligrosidad como correctivo.

Asegurada previamente la función de la peligrosidad como correctivo que opera al nivel de la teoría de la pena, puede conceptuársela en consonancia con nuestra legislación vigente, como el juicio por el que se valoran las condiciones personales del autor de un delito, evidenciadas por las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del hecho, y consideradas en el estado que presentan al tiempo de imponer la pena, a efectos de hacer un pronostico de su conducta futura, para determinar el grado de probabilidad de comisión de futuros delitos que guarden cierta relación vinculatoria con el ya cometido.

En principio la peligrosidad es un juicio que mira hacia el futuro, en tanto que la culpabilidad es un juicio que mira hacia el pasado.

No obstante ser un juicio de probabilidad, no puede menos que ser un juicio ”total” acerca del hambre, lo que es tarea irrealizable para otro hombre y, en particular, para el tribunal.

Por otra parte, las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión revelan ciertas características personales que deben considerarse no tal como se hallaban en el momento que tuvo lugar la conducta, sino como se encuentra cuando es menester aplicar la pena, es decir, condenar, toda vez que este juicio opera a los efectos de la penalidad y no a los de determinar si hubo delito.

Además, la peligrosidad como juicio de probabilidad acerca de la comisión futura de delito, deja abierto un interrogante: ¿¿De que delitos? La respuesta no puede ser “de cualquier delito”. Hay una limitación que emerge del propio requisito de la ley (que la proclividad resulte de las circunstancias del hecho), lo que indica que puede tratarse solo de posibles delitos futuros que deben hallarse en cierta relación vinculatoria con el delito cometido.

Prohibición de la doble desvalorización.

Cuando un tipo toma en cuenta una característica o circunstancia para desvalorar la conducta, la misma no puede ser tomada en cuenta por el tribunal para individualizar la pena, salvo que sea susceptible de cuantificarse. Así, el carácter de padre, hijo, marido, etc., no es susceptible de cuantificación: se lo tiene o no se lo tiene. El autor de homicidio del ara 80 inc. 1 lo tiene; pues bien, el tribunal no puede desvalorárselo para individualizarle la pena (para aplicarle la reclusión accesoria por ejemplo), porque ya esta desvalorado para establecer la escala penal mas grave. Lo contrario atentaría contra la lógica en la individualización de la pena, porque implicaría una desvalorización doble: se lo desvalora para agravarle la escala penal y para individualizarle la pena dentro de esa escala agravada.

Unificación de penas.

Hemos visto en el caso de concurso que se aplica una sola pena. Según el Art. 54 y 55 se busca unificar para que no se den sucesivos cumplimientos de penas distintas. Por eso el sistema del CP. apunta a lo que llamamos una pena única o total en:

·   Caso de concurso real de delito

·   Caso de violación de las reglas de concurso por razones de procedimiento o de jurisdicción

·   En caso que después de una sentencia firme, la persona esté cumpliendo la pena o cometa otro delito.

La ley opta por un procedimiento en el que se utiliza el concurso de sistema de aspersión, concurso real y el sistema de la absorción concurso ideal.

El sistema de acumulación aritmética es injusto, primero trae inconveniente práctico que es el que cuando una persona está cumpliendo una pena y está sometida a un tratamiento carcelario resocializador si después que haya cumplido otra pena independiente de esa el proceso socializador es como que se confunde y por ahí anula sus efectos por un lado y, por el otro, una persona que ya está cumpliendo una pena y se condena nuevamente, deberá esperar con todas las hipótesis después de cumplir ciertos requisitos, tiene que pasar a cumplir otra pena condenado nuevamente; por estas razones nuestro código no ha adoptado el sistema de la suma aritmética.

Distintos supuestos.

Concurso real, rige el Art. 55 CP. Delitos sancionados con una misma especie de pena, el Art. 56 aclara que cuando la sentencia de las penas temporales distintas, Ej.: previsto el concurso con la pena de reclusión y otro que lleva prisión ¿cuál es la pena que se aplica a la regla del concurso? El Art. 56 aclara que cuando las especies de pena son distintas se aplica siempre la más grave.

Art. 57 aclara cual es el más grave para establecer la gravedad.

Según el Art. 24 establece la forma de computar la prisión preventiva. Reclusión vale el doble cuando nosotros tenemos que adecuar dos penas establecidas en dos delitos distintos, uno de reclusión y otro de prisión, primero tenemos que aplicar la pena más grave (reclusión).

Si se tratara de penas perpetuas rige la reclusión.

Art. 58 CP.: Las reglas precedentes se aplicarán también en el caso en que después de una condena pronunciada por sentencia firme se deba juzgar a la misma persona que esté cumpliendo pena por otro hecho distinto; o cuando se hubieren dictado dos o más sentencias firmes con violación de dichas reglas. Corresponderá al juez que haya aplicado la pena mayor dictar, a pedido de partes, su única sentencia sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en las otras.

Cuando por cualquier causa la justicia federal, en autos en que ella haya intervenido, no pueda aplicar esta regla, lo hará la justicia ordinaria nacional o provincial que conoció de la infracción penal, según sea el caso.

Art. 58 del código penal.

Artículo 58

Las reglas precedentes se aplicarán también en el caso en que después de una condena pronunciada por sentencia firme se deba juzgar a la misma persona que esté cumpliendo pena por otro hecho distinto; o cuando se hubieren dictado dos o más sentencias firmes con violación de dichas reglas. Corresponderá al juez que haya aplicado la pena mayor dictar, a pedido de parte, su única sentencia, sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en las otras.

Cuando por cualquier causa la justicia federal, en autos en que ella haya intervenido, no pueda aplicar esta regla, lo hará la justicia ordinaria nacional o provincial que conoció de la infracción penal, según sea el caso.

La reincidencia. Concepto.

La legislación penal prevé una agravación de las penas fundadas en la reincidencia, que es una especial forma de reiteración delictiva. En la actualidad, después de la nueva versión que respecto de los artículos referidos a la reincidencia ha dado la ley 23.057, la agravación tendría lugar únicamente cuando el sujeto haya estadio cumpliendo anteriormente una pena privativa de la libertad, es decir, que la reiteración delictiva agravaría las penas únicamente cuando se trate de delitos conminados con pena privativa de libertad y el autor haya cumplido anteriormente una pena de la misma naturaleza. El fundamento de la agravación seria que el anterior sometimiento a un régimen de prevención especial no ha dado los resultados requeridos a los efectos preventivos.

Clases.

Reincidencia genérica: cuando el delito anterior puede ser cualquiera.

Reincidencia específica: cuando se requiere que sea el mismo delito el antecedente. Reincidencia ficta: cuando basta la condena por el delito anterior, como requisito previo a la comisión del nuevo delito.

Reincidencia real: cuando lo que se requiere es el cumplimiento de la pena del anterior delito.

Casos de reincidencia múltiples.

La reclusión accesoria por tiempo indeterminado o deportación, es una pena que se agrega a la del ultimo delito cometido y que presupone una reincidencia múltiple. La actual redacción del Art. 52 ha eliminado la deportación para ciertos concursos reales y ha aclarado definitivamente que se trata de un supuesto de reincidencia múltiple, lo que acaba con la arbitraria invención de la habitualidad como concepto autónomo.

Debe tratarse de una cadena de reincidencias, en forma que con anterioridad a la pena que se impone es esa sentencia, el sujeto haya cumplido cuatro penas privativas de libertad, siendo una de ellas mayor de tres años, o cinco penas de la misma clase de tres años o menores. Recién en la quinta o con la sexta pena, según el caso, podrá imponerse la pena de deportación.

La cadena de reincidencias debe haber sido sucesivamente declarada en cada sentencia, de modo que el juez que imponga la deportación se encuentre con una sentencia previa que declare al procesado reincidente por tercera o por cuarta vez y que la pena impuesta en la ultima sentencia se haya cumplido total o parcialmente. Las declaraciones de reincidencia anteriores a la ley 23.057 debelan revisarse a este efecto, pues estarán hechas conforme a los requisitos de la reincidencia ficta y pueden no cumplimentar los de la reincidencia real consagrada en el Art. 50.

El Art. 52 del código penal.

En el texto vigente la reincidencia tiene por efecto impedir el beneficio de la libertad condicional y, eventualmente, dar fundamento a la pena de deportación en caso de cuarta reincidencia o de quinta reincidencia. En definitiva, esas eran las consecuencias conforme al texto de 1921, pero las reformas de facto de 1967 y de 1976, habían agregado una escala de aumento de un tercio del mínimo y del máximo de la pena, que ha sido derogada, volviéndose al régimen de consecuencias originario. Por nuestra parte, insistimos en que, pese a esta reducción nos parece que no puede sostenerse la constitucionalidad de estas consecuencias, pues incluso ellas violan el principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho, por lo cual creemos que los artículos 14, 50, 52 y 53 del CP son inconstitucionales.

ARTICULO 52. - Se impondrá reclusión por tiempo indeterminado, como accesoria de la última condena, cuando la reincidencia fuere múltiple en forma tal que mediaren las siguientes penas anteriores:

1. Cuatro penas privativas de libertad, siendo una de ellas mayor de tres años;

2. Cinco penas privativas de libertad, de tres años o menores.

Los tribunales podrán, por una única vez, dejar en suspenso la aplicación de esta medida accesoria, fundando expresamente su decisión en la forma prevista en el artículo 26.

Las alteraciones de las escalas penales por la culpabilidad.

Las escalas penales se fijan para los delitos en particular en la segunda parte del CP, es decir, en su libro segundo, generalmente tienen en cuenta la cuantía del injusto, pero eventualmente cuantifican también la culpabilidad.

Hay, en líneas generales, dos claros casos de hipótesis de alteraciones de las escala penales particulares en razón de la culpabilidad.

Uno de ellos es el del Art. 81 inciso 1, es decir, la emoción violenta, que es un claro caso de culpabilidad menor. Los restantes supuestos son las referencias que en la aparte especial se hacen a las motivaciones.

La condena condicional. Naturaleza.

En la actualidad hay una variada gama de medidas tendientes a remplazar a las penas cortas privativas de libertad en la legislación comparada, pero al tiempo de la unción de nuestro CP solo se conocían la sentencia indeterminada, el perdón judicial y la condenación condicional, siendo la tercera la mas generalizada y experimentada, lo que la dotaba de mayor prestigio.

Es decisivo determinar que es lo que se suspende y que es lo que se impone condicionalmente en la ley. Conforme a los antecedentes y al texto de nuestra ley penal, se impone una condena en forma condicional y se suspende la pena. La condición es que no se cometa u nuevo delito dentro de los cuatro años subsiguientes a la condena. Durante ese tiempo la pena queda suspendida y la condena impuesta en forma condicional; transcurrido ese plazo, la pena desaparece y la condena también, produciéndole la desaparición de la pena como consecuencia de la desaparición de la condena, ya que el Art. 27 dice claramente que “la condenación se tendrá como no pronunciada”.

La condenación condicional implica una suspensión de la pena y una condenación sometida a la condición de que el condenado no cometa un nuevo delito.

Transcurridos cuatro años a partir de la condenación, sin que el condenado haya cometido un nuevo delito, esta se tendrá como no pronunciada, no pudiéndose ejecutar la pena ni tomársela en cuenta para ningún efecto, excepto para la imposición de una segunda condenación condicional.

En cuanto a la segunda condenación condicional, la primera solo se tendrá como no pronunciada una vez transcurridos ocho años a partir de la primera, en caso que alguna de ambas fuese por delito culposo, o diez años a contar desde la misa fecha, si ambas fuese por delitos dolosos.

Condición a que queda sometida la condena.

La única condición a que queda sometida la condena, en cuanto a sus efectos para el cumplimiento de la pena y para todos los restantes, salvo como impedimento para la imposición de una nueva condenación condicional, es que el sujeto no cometa nuevos delitos durante cuatro años.

Los efectos de la condicionalidad son distintos según sea el momento en que el condenado cometa un nuevo delito. Si comete un nuevo delito durante los cuatro primeros años a contar desde el momento de pronunciamiento de la condenación condicional, “sufrirá la pena impuesta en la primera condenación, y la que corresponde por el segundo delito, conforme lo dispuesto sobre acumulación de penas”. Si el nuevo delito lo comete durante los ocho años subsiguientes a la condenación condicional, no podrá ser condenado condicionalmente por este segundo delito. Si la nueva infracción tiene lugar después de transcurridos ocho años de la fecha en que se le impuso la condenación condicional y antes de que haya superado los diez años desde la misma fecha, y ambos delitos fueron dolosos, tampoco se le podrá imponer condenación condicional, pero, si uno o ambos delitos fuesen culposos, podrá imponérsele nuevamente la condenación condicional, estos plazos se cuentan desde que queda firme la sentencia en que se condena condicionalmente. No obstante, el tercer párrafo del Art. 27 del CP dispone que “en los casos de sentencia recurridas y confirmadas, en cuanto al carácter condicional de la condena, los plazos se computaran desde la echa del pronunciamiento originario”. Con esto se evita que la doble instancia pueda perjudica r a los condenados.

El Art. 27 bis del código penal.

Artículo 27

La condenación se tendrá como no pronunciada si dentro del término de cuatro años, contados a partir de la fecha de la sentencia firme, el condenado no cometiere un nuevo delito. Si cometiere un nuevo delito, sufrirá la pena impuesta en la primera condenación y la que le correspondiere por el segundo delito, conforme con lo dispuesto sobre acumulación de penas.

La suspensión podrá ser acordada por segunda vez si el nuevo delito ha sido cometido después de haber transcurrido ocho años a partir de la fecha de la primera condena firme. Este plazo se elevará a diez años, si ambos delitos fueran dolosos.

En los casos de sentencias recurridas y confirmadas, en cuanto al carácter condicional de la condena, los plazos se computarán desde la fecha del pronunciamiento originario.

Artículo 27 bis

Al suspender condicionalmente la ejecución de la pena, el Tribunal deberá disponer que, durante un plazo que fijará entre dos y cuatro años según la gravedad del delito, el condenado cumpla todas o alguna de las siguientes reglas de conducta, en tanto resulten adecuadas para prevenir la comisión de nuevos delitos:

1. Fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato.

2. Abstenerse de concurrir a determinados lugares o de relacionarse con determinadas personas.

3. Abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas.

4. Asistir a la escolaridad primaria, si no la tuviere cumplida.

5. Realizar estudios o prácticas necesarios para su capacitación laboral o profesional.

6. Someterse a un tratamiento médico o psicológico, previo informe que acredite su necesidad y eficacia.

7. Adoptar oficio, arte, industria o profesión, adecuado a su capacidad.

8. Realizar trabajos no remunerados en favor del estado o de instituciones de bien público, fuera de sus horarios habituales de trabajo.

Las reglas podrán ser modificadas por el Tribunal según resulte conveniente al caso.

Si el condenado no cumpliere con alguna regla, el Tribunal podrá disponer que no se compute como plazo de cumplimiento todo o parte del tiempo transcurrido hasta ese momento. Si el condenado persistiere o reiterare el incumplimiento, el Tribunal podrá revocar la condicionalidad de la condena. El condenado deberá entonces cumplir la totalidad de la pena de prisión impuesta en la sentencia.

Derecho Penal I‎ - ‎Resumen Zaffaroni‎ - ‎23. Coerción Formalmente Penal

Medidas no penales de reclusión. Clasificación.

Aquí se requiere que el sujeto sea peligroso en el sentido común y corriente de la expresión, es decir, capaz de causar cualquier daño, a si o a terceros.

En nuestro CP hay dos clases de medidas de reclusión no penales:

Reclusión manicomial: Esta establecida en el párrafo 2 del inciso primero del Art. 34 CP: “En caso de enajenación, el tribunal podrá ordenar la reclusión del agente en un manicomio, del que no saldrá sino por resolución judicial, con audiencia del ministerio publico y previo dictamen de peritos que declaren desaparecido el peligro de que el enfermo se dañe a si mismo o a los demás”.

Esta reclusión supone enajenación. Por enajenación no deben entenderse únicamente los cuadros sicóticos, sino cualquier padecimiento psíquico que cause, como mínimo, una perturbación grave de la conciencia y que tenga carácter permanente o mas o menos prolongado, aunque fuere episódico o en forma de brotes.

A la medida de reclusión manicomial pueden ser sometidos distintos sujetos:

·   Autores de delitos, que devengan enajenados durante el tiempo de la condena.

·   Autores de injustos, pero inimputables

·   Autores de conductas atípicas por error de tipo condicionado por la enajenación.

·   Involuntables alienados.

Reclusión en establecimiento adecuado: Esta prevista en el párrafo 3 del inciso primero del Art. 34 CP: “En los demás casos en que se absolviere a un procesado por las causales del presente inciso, el tribunal ordenara la reclusión del miso en un establecimiento adecuado hasta que se comprobase la desaparición de las condiciones que le hicieren peligroso”.

En estos casos, para que cese la medida no se requiere el dictamen de peritos, sino la comprobación de que han cesado las condiciones que determinaros la reclusión. Esta comprobación se hará en la forma que establezcan las leyes procesales, no siendo descartable el reconocimiento directo por parte del tribunal.

A la reclusión en establecimiento adecuado pueden ser sometidos los siguientes sujetos:

·   Autores de injustos, es decir, inimputables no alienados.

·   Autores de conductas atípicas por error de tipo psíquicamente condicionado, pero que no son alienados.

·   Involuntables no alienados.

·   Sujetos que actúan en error invencible culturalmente condicionado, sena errores de tipo o de prohibición.

Reparación de perjuicios. Naturaleza jurídica.

El Art. 1906 del CC dice: “La indemnización del daño causado por el delito, solo puede ser demandado por acción civil independientemente de la acción criminal”. El Art. 29 del CP dice que “La ¡sentencia condenatoria podrá ordenar” la reaparición del perjuicio.

Caracteres.

Nos ocuparemos del caso en que la acción civil se ejerza en el proceso penal, que es el caso en que el juez penal puede ordenar la reparación de perjuicios. La acción civil ejercida con independencia de la penal es una cuestión que ya ni siquiera formalmente incumbe al derecho penal.

“La obligación de reparar el daño es solidaria entre todos los responsables del delito (Art. 31 CP). Por “responsables del delito” debemos considerar a los autores, co-autores, instigadores y cómplices, como también a los autores de determinación a cometer el delito. También debe responde r civilmente quien “por titulo lucrativo participe de los efectos de un delito”, hasta la cuantía de lo que hubiese participado.

La reparación de perjuicios abarca:

·   La indemnización del daño material y moral causado a la victima, fijándose prudencialmente por el juez a la víctima, a su familia o aun tercero, fijándose el monto prudencialmente por el juez en efecto de plena prueba.

·   La restitución de la cosa obtenida por el delito, y si no fuere posible la restitución, el pago por el reo del precio corriente de la cosa, mas el de estimación si lo tuviere.

·   El pago de costas.

 

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publicado por psb20 a las 11:18 · Sin comentarios  ·  Recomendar
 
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